Salud regulará por primera vez mediante concierto la derivación de los abortos a las clínicas privadas
El Gobierno regional autorizó a principios de agosto la licitación, después de que en 2018 se paralizase un contrato similar
El Servicio Murciano de Salud (SMS) está a punto de sacar a licitación un contrato que regulará, por primera vez, la derivación de las mujeres que deciden interrumpir el embarazo a las clínicas privadas que se encargan de la realización de estas intervenciones. Hasta ahora, se enviaba a las pacientes a estos centros sin un concierto que fijase unos criterios y requisitos mínimos. En 2018, el ex director gerente del SMS, Asensio López, intentó regularizar la situación con un borrador que no llegó a ver la luz. Tres años después, se ha iniciado un proceso de licitación después de introducir algunas modificaciones.
El Consejo de Gobierno autorizó el pasado 5 de agosto el concierto. Pese a la relevancia del contrato, que supone un cambio en el modelo seguido hasta ahora e implica una inversión de 6,4 millones de euros para cuatro años, no se informó de ello tras la reunión del Consejo, ni se incluyó en el resumen de acuerdos alcanzados.
Fue el consejero de Salud, Juan José Pedreño, quien reveló el pasado domingo la existencia de este proyecto en una entrevista concedida a LA VERDAD. «Se han actualizado y modernizado los pliegos para el convenio con estas clínicas. Ya están aprobados, y se van a poner en marcha para humanizar y para atender lo mejor posible a las pacientes», explicó. El contrato en efecto, ya está autorizado, aunque todavía no se ha publicado en el portal de licitaciones de la Comunidad Autónoma. Por tanto, se desconoce aún el contenido de los pliegos. Salud avanza que «se pretenden incorporar al contrato todas las prestaciones vinculadas a este proceso, consiguiendo una homogeneización del procedimiento en todas las áreas de salud». En este sentido, se busca un concierto «que garantice una prestación de calidad, articulando mecanismos que faciliten el acceso a medidas preventivas».
La adjudicación será por un plazo de cuatro años y su precio asciende a 6,4 millones. Se contempla la sedación, y la técnica «debe realizarla un ginecólogo»
Un «tratamiento integral»
Así, las empresas deberán comprometerse a ofrecer un «tratamiento integral» a las mujeres, y a contar con «una dotación adecuada de médicos y profesionales que aseguren su calidad». La Consejería no concreta cuántos profesionales se exigirán como plantilla mínima, aunque sí afirma que la intervención «debe realizarla un ginecólogo, y tendrá que haber anestesista» y enfermero. Este punto es importante, porque una paciente denunció en junio ante el Colegio de Médicos que en al menos una de las clínicas en las que ahora se atiende a las pacientes, las intervenciones las realizaba un médico de familia y no un ginecólogo. El centro respondió que se acogía a la Ley de plazos de 2010, que establece que el aborto debe ser practicado «por un médico especialista o bajo su dirección».
La Asociación de Usuarios aplaude este paso, y pide que se garantice el seguimiento de las pacientes
También es un elemento clave la presencia del anestesista. Hasta 2019, el SMS no cubría la sedación, de forma que las mujeres tenían que abonar entre 90 y 100 euros si querían recibir esta medicación. El anterior equipo del Servicio Murciano de Salud modificó esta situación, y ahora el nuevo contrato consolidará esta prestación. Asimismo, «se refuerza el acompañamiento durante el proceso y el abordaje de la salud psicoemocional de aquellas personas que lo precisan», de forma que «se valorará la necesidad» de psicólogo o psiquiatra, señala Salud.
«Continuidad asistencial»
También se instará al «cumplimiento de las condiciones de intimidad, comodidad y acompañamiento», y se abordará la «continuidad asistencial», algo que constituye una de las principales reivindicaciones de la Asociación de Usuarios de la Sanidad, que lleva reclamando este convenio desde hace años. «El seguimiento de las pacientes ante cualquier complicación es uno de los grandes problemas con la situación actual», advierte Teresa Martínez, portavoz de esta organización.
Los centros consideran una «buena noticia» la medida, aunque están a la espera de conocer los pliegos
Los usuarios lamentan que se mantenga el modelo de derivación de todas las interrupciones voluntarias del embarazo, salvo las que se produzcan a partir de la semana 22 de gestación, que se realizarán en La Arrixaca. Pero, con todo, aplauden el paso dado por la Consejería. A falta de conocer el contenido de los pliegos, destacan que se trata de un «esfuerzo importante para aclarar» el marco en el que se realizan estas intervenciones.
La tramitación
Desde la publicación en el portal de la Comunidad, se prevé un periodo de licitación de «cinco a seis meses, como establecen los trámites administrativos», hasta la firma del contrato. La duración será de cuatro años, prorrogables por otro ejercicio más, y el precio con el que sale a concurso es de 6,4 millones de euros.
En la Región de Murcia hay, en estos momentos, cinco clínicas privadas que atienden a las pacientes derivadas desde la sanidad pública. Para Ángel Tolosa, gerente del Instituto Ginecológico Murciano y de Ginemur, el anuncio de un concierto es una «buena noticia», ya que se trata de algo «conveniente y necesario», que ya existe en muchas comunidades. No obstante, el sector rechazó el contrato que planteó el Servicio Murciano de Salud en 2018, por considerar que las condiciones que se planteaban eran «inasumibles». Ahora, está a la espera de conocer el contenido de los nuevos pliegos para poder pronunciarse.
Un aumento del 10% en adolescentes
La Región de Murcia registró en 2019 (último año con datos disponibles) 3.473 interrupciones voluntarias del embarazo, lo que representa un aumento del 3,2% con respecto al año anterior. Entre las adolescentes, el incremento es superior, y alcanza un 10,2%. Según los datos del Ministerio, 419 menores de 20 años se sometieron a un aborto en 2019. El 95,4% de las intervenciones se realizaron a petición de la mujer antes del final de la semana 14 de gestación, dentro de los plazos que marca la ley. El resto sobrepasaron este límite, por lo que se trata de abortos por causas médicas. Hubo, en concreto, 85 interrupciones por grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada, otros 75 por riesgo de graves anomalías en el feto y 10 por anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedades extremadamente graves e incurables. En casi siete de cada diez casos, la paciente acudió a un centro sanitario público para informarse y solicitar la prestación, aunque después todos los casos fueron derivados a centros privados.
