Los juzgados mantienen bloqueados en la Región más de 121 millones de euros
El TSJ advierte de que los retrasos generan pérdidas de hasta 1.500 millones al año, una cifra similar al gasto regional en educación
Los juzgados murcianos tienen bloqueados más de 121 millones de euros. Este importante montante proviene del dinero abonado por fianzas, costas y otros conceptos. ... Son las llamadas cuentas de depósitos y consignaciones en las que los ciudadanos ingresan el dinero cada vez que tienen que pagar una multa impuesta por un juez, una fianza para eludir la cárcel o la indemnización fijada en una sentencia. La mayor parte de esa cantidad -actualizada a finales del primer trimestre de este año, según datos del Ministerio de Justicia- queda fuera del circuito económico a la espera de una resolución que, en ocasiones, tarda años en llegar.
Entre enero y marzo de este año se ingresaron en los juzgados murcianos 59,4 millones de euros -con más de 42.000 entradas diferentes-, pero se devolvieron depósitos por hasta 65 millones de euros. El saldo total de las cuentas al terminar el primer trimestre del año era concretamente de 121.525.894 euros -más de 4.398 millones en toda España-.
Las cifras fluctúan, pero el saldo medio de estas cuentas es desde hace años superior a los 100 millones de euros y en alguna ocasión ha superado los 125 millones, según los números recogidos en los balances del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En el desglose por provincias, Murcia es la séptima región que acumula una mayor cantidad en estas cuentas. El ranking está liderado por Madrid -con más de 1.292 millones- y por Barcelona -con 422 millones-. A años luz quedan provincias como Teruel, Segovia o Soria, que no llegan a acumular ni cuatro millones de euros, de acuerdo a los datos proporcionados por el Ministerio.
El grueso de este dinero, en el caso de Murcia, proviene de la jurisdicción civil, que aporta el 43,7% del total. Esto se debe, en parte, a los depósitos de los procesos mercantiles, que en muchos casos son millonarios. Los juzgados mixtos -que afrontan casos penales y civiles a la vez- controlan otro 32,5% del dinero depositado en las cuentas. Los órganos penales, contencioso-administrativos y sociales tienen bastante menos peso en este montante.
Una elevada factura
Los millones y millones inmovilizados en estas cuentas es uno de los muchos datos que el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, pone encima de la mesa para tratar de demostrar el fuerte impacto que el retraso judicial tiene en la economía regional. El líder de la magistratura murciana lleva años insistiendo en la elevada factura que la Región afronta debido a la situación de sus juzgados, tradicionalmente entre los más saturados y lentos del país.
El presidente del TSJ explica que diversos estudios sitúan en varios puntos del Producto Interior Bruto -hasta 4 o 5, según la fuente- la influencia negativa que en la economía puede generar un sistema judicial ineficaz. «Partiendo de nuestro PIB autonómico, que se sitúa en 32.356 millones de euros, cada punto de ineficacia judicial significaría una pérdida de 300 millones en el PIB», remarcó Pasqual del Riquelme. «Podríamos estar hablando de hasta 1.500 millones anuales, aproximadamente, el gasto regional en educación».
El Consejo Económico y Social (CES) ya se zambulló el año pasado en este asunto elaborando un informe sobre el impacto económico de una justicia lastrada por una falta endémica de medios y unos tiempos de respuesta demasiado elevados. Sus autores, el economista del Banco de España Juan S. Mora Sanguinetti y la profesora de Asuntos Económicos de la Universidad Autónoma de Madrid Marta Martínez-Matute, explican que la tasa de entrada de empresas podría mejorar entre un 8,8 y un 9,5% de media si la actividad judicial lograse aligerar la marcha.
Un estudio del CES asegura que una justicia más ágil mejoraría la entrada de empresas entre un 8,8% y un 9,5%
«Es obvio que un mal funcionamiento de la Justicia disminuye el atractivo de un territorio para nuevas inversiones», remarca el presidente del TSJ. «Si los inversores no confían en que, en caso de litigio, verán reconocidos y aplicados sus derechos en un tiempo razonable, invertirán en otro sitio. Lo mismo cabe decir de los innovadores, a quienes un deficiente funcionamiento del marco normativo les genera una estructura de incentivos adversa».
Espera para cobrar deudas
Un mal funcionamiento de la Justicia, insiste, «produce también efectos negativos y lastra el funcionamiento del tejido productivo y comercial ya existente, haciéndolo menos competitivo». Al ser mayor el tiempo necesario para obtener una respuesta definitiva a un litigio, se dificulta el cobro de las deudas impagadas o se compromete el retorno de las inversiones realizadas.
Por cada punto que aumenta la congestión en los órganos de la jurisdicción civil, precisa el presidente del TSJ, cae un 4% la creación de nuevos negocios de emprendedores. Los murcianos, en este sentido, llevan años situándose entre los más saturados y lentos del país. Una tardanza en la respuesta que, previsiblemente, se verá agravada por la esperada avalancha de asuntos derivados de la crisis de la Covid-19.
El estudio del CES también advierte del impacto que el retraso judicial puede tener en el mercado laboral. Concretamente el informe señala que un incremento de un punto en la tasa de congestión de los tribunales de la Región elevaría la de paro más de dos puntos porcentuales, haciéndola pasar del 17,97% al 20% en solo un año.
«Es necesario buscar estrategias que eviten el colapso de la administración»
El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, lleva años lanzando un aviso a navegantes: «el atasco judicial pasa una enorme factura a la economía regional». Una situación, advierte, que se verá empeorada tras la crisis derivada de la Covid y el impacto que ésta está teniendo en los tribunales. «Es seguro que, con sus actuales medios, la Administración de Justicia no será capaz de absorber y dar respuesta en tiempos social, económica y políticamente útiles a ese alud de litigiosidad», remarca.
La ausencia de esa respuesta ágil a la multitud de conflictos que la crisis de la Covid traerá de la mano, considera, «lastrará decisivamente la recuperación económica, el correcto funcionamiento institucional, la paz, la cohesión social y la confianza ciudadana en el sistema». Pasqual del Riquelme insiste en la necesidad de buscar acuerdos para impulsar estrategias que eviten el colapso de la administración. «Es necesario aprovechar la oportunidad que una crisis como la actual ofrece para superar las inercias y resistencias internas y externas de un sistema de Justicia necesitado de una reforma de alto calado», insiste.
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