La restauración del solar que acogió los desechos pasa de la Comunidad al Ministerio
Mientras dos juzgados de la Región de Murcia y la Consejería de Medio Ambiente abordan la situación del vertedero adonde fueron llevados los residuos mineros de la balsa Jenny, el solar de Llano del Beal donde aquellos estaban almacenados sigue pendiente de su sellado y restauración ambiental definitivos.
La Comunidad Autónoma, propietaria de estos terrenos tras su cesión por parte de Portmán Golf (la misma empresa titular del depósito), tenía previsto licitar este año el contrato de redacción del proyecto y, después, el de obras.
Pero fuentes de la Consejería indicaron que de ambas cuestiones se encargará el Ministerio para la Transición Ecológica. El motivo es que es una actuación vinculada a la protección y recuperación del Mar Menor y, por lo tanto, queda afectada por la declaración de interés general de este tipo de obras aprobada en noviembre por el Consejo de Ministros.
«Al estar las obras declaradas de interés general, es competencia exclusiva de la Administración del Estado. Nosotros les remitiremos el diseño del tecnosuelo que hemos diseñado para que lo incorpore en su proyecto», indicaron. Y recordaron que está previsto pagar los trabajos, cuyo coste estimado es de 4 millones de euros, con cargo a los fondos europeos Next Generation.
Ecologistas en Acción y vecinos llevan años denunciando el estado de la parcela, situada a escasos metros de las viviendas. Advierten del daño para el medio ambiente y del riesgo para la salud de las personas, por la dispersión de partículas tóxicas a través del viento y de la lluvia. Además, el Seprona ha denunciado ante el Juzgado de Instrucción 7 de Murcia la existencia de escorrentías de residuos peligrosos y su arrastre a una rambla que desemboca en el Mar Menor.
Los propios informes encargados por la Consejería detectaron en 2019 «elevados niveles de contaminación por metales pesados, fundamentalmente plomo y zinc». La parcela ocupa 8,75 hectáreas y ha sido objeto ya de tres sellados. Ello, a pesar de que la Comunidad y el Ministerio gastaron en su día 6,5 millones en la retirada de los residuos, para evitar su derrumbe sobre el pueblo.
