Las residencias de mayores culpan a la Comunidad de su «asfixia económica»

En una extensa y detallada carta que Franco aún no ha contestado, las asociaciones explican que los centros «han realizado un gran esfuerzo a todos los niveles, incluido el económico, para atender a nuestros mayores durante toda la pandemia, ahorrando muchos costes al sistema público de salud, al mantener a muchos de nuestros residentes contagiados en nuestros centros sin derivarlos a hospitales. Hemos visto cómo se han encarecido los costes de atención por el progresivo deterioro del perfil de nuestros usuarios, costes que se han visto agravados con las medidas de prevención derivadas de la crisis sanitaria. Además, estamos sufriendo un fuerte incremento de los gastos generales en los últimos meses y, a partir de enero del próximo año, vamos a sufrir una subida sin precedentes en los costes de personal» derivado de la aplicación del Convenio Marco Estatal en el sector de la Dependencia. La suma de todos estos gastos, advierten, «hace inviable la supervivencia de nuestras residencias y, por ende, pone en peligro la calidad de los cuidados que merecen nuestros mayores».

Recuerdan los representantes de las residencias de mayores que, tanto el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, como la vicepresidenta Isabel Franco, «prometieron que todos los gastos adicionales generados en los centros por hacer frente a la pandemia serían sufragados por el Imas mediante subvenciones directas. Se llegó al compromiso de que, al no alcanzar el primer decreto de ayudas los gastos efectivos de 2020 (se estimó que cubría únicamente los gastos del 14 de marzo al 31 de julio), se aprobaría un segundo decreto que cubriera los gastos no pagados de 2020 y un tercero que cubriera los de 2021», explican en la carta. «A pesar de lo prometido, se ha aprobado un segundo decreto que no llega a cubrir ni siquiera la totalidad de los gastos de la pandemia en el año 2020 en la mayoría de las residencias de mayores, que no van a recibir ni un solo euro de los gastos soportados durante el año 2021 y pagados de su bolsillo», y que exigen que les sean resarcidos. Según indican, la respuesta que han recibido de la Consejería de Política Social ha sido la misma: «No hay más dinero que el que se ha concedido en la subvención».

Pese a todo, representantes de Adermur, Lares y Arsalu lamentan que este argumento «no es del todo cierto», porque la Consejería está «destinando el dinero a otros sectores de la dependencia, originando una grave discriminación en nuestro sector». Así, el mes pasado se aprobó un incremento del 3,25% del importe de las plazas en los conciertos del sector de personas con discapacidad con el pretexto de los gastos a los que han tenido que hacer frente esas instituciones por la pandemia. Sin embargo, las residencias de mayores «son las que más gastos han soportado en este aspecto, no solo por los numerosos y graves brotes que hemos sufrido, sino porque, al contrario que esas otras entidades ahora beneficiadas, nosotros sí hemos estado abiertos prestando el servicio a nuestros ancianos durante todo el período de emergencia sanitaria».

El presupuesto del Imas para el año 2021 es de 6,09 millones de euros para cubrir los gastos extraordinarios de la Covid en los centros que son de su titularidad. Si tenemos en cuenta que hay unos 800 usuarios de plazas públicas ocupadas en la actualidad (la mitad de ellos en residencias de mayores y la otra mitad en residencias de discapacidad, aproximadamente), el gasto para el año 2021 asciende a 7.500 euros por usuario y año, mientras la Comunidad ha destinado este año 399 euros por usuario de residencia concertada». La diferencia, resumen, es «palmaria e inadmisible, teniendo en cuenta que se trata de gastos sanitarios que deben ser cubiertos por el sistema público de salud y que el mismo usuario puede estar en una plaza pública o en una plaza pública de una residencia concertada, sin que por ello deba verse discriminado. ¿Es que no tienen todos nuestros mayores el mismo derecho a ser atendidos y a ser protegidos en igualdad de condiciones? ¿Es que hay mayores de primera y de segunda?», preguntan.

Prácticamente, el 85% de las plazas en residencias de mayores son concertadas en la Región. Sin embargo y tal y como explican las asociaciones, «es incomprensible» la «enorme e injustificada desproporción» que existe entre el coste de una plaza pública y «el precio que recibimos por una plaza concertada. En la actualidad, estamos percibiendo 1.682 euros al mes (más IVA) de promedio, cuando el coste de una plaza en una residencia pública puede superar ampliamente los 5.000 euros al mes. ¿Por qué existe esa desproporción? ¿Están mejor cuidados nuestros mayores en las residencias públicas que en las privadas?», plantean.