El Registro Central de Delincuentes Sexuales cuenta con 1.728 condenados en la Región

La Región cuenta con 1.728 delincuentes sexuales inscritos en el Registro Central que impide que estas personas puedan trabajar o ejercer una actividad con menores. A nivel nacional, este registro ha permitido impedir que 505 personas accedan un empleo de este tipo, una cifra que se suma a los 1.110 casos que frenó entre 2016 y 2017.

Según los datos facilitados por el Ministerio de Justicia, a lo largo de 2018 el Registro emitió 1.994.375 certificados y en 505 casos, el 0,03 % del total, el resultado fue positivo, es decir, la persona estaba inscrita por una condena firme por delitos sexuales.

Presentar un certificado que pruebe que no se está en esa base de datos, según se estableció en la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia, es necesario para acceder a puestos de trabajo que impliquen un contacto habitual con menores, como profesores, monitores, entrenadores, personal de comedores o conductores de autobuses escolares.

A 31 de diciembre de 2018, el Registro recogía la identidad y el perfil genético (el ADN) de 45.864 personas, 5.082 más que el día en el que se activó, en marzo de 2016.

En él están inscritos los condenados por agresión, abuso y acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución, explotación sexual y corrupción de menores.

El punto más controvertido y que fue objeto ya de varios procesos judiciales es la dificultad de borrar una inscripción, ya que cuando la víctima del delito fue menor de edad y el condenado mayor sólo pueden cancelarse los datos cuando hayan transcurrido treinta años, a contar desde el día en el que se considere cumplida la pena.

El pasado mes de octubre, la Audiencia Nacional desestimó el recurso de un condenado por un delito de pornografía infantil en 2014 al que Justicia denegó la cancelación de sus datos, que en 2015 habían pasado de forma automática al Registro Central. Esgrimía que era inconstitucional por falta de proporcionalidad y por haberse aplicado retroactivamente una disposición no favorable, pero la Audiencia, como ya había hecho en anteriores sentencias, rechazó sus pretensiones.

El año pasado, la mayoría de los certificados (cerca de 950.000) se solicitaron a través de la Plataforma Intermediación de Datos, mientras que más de medio millón de personas recurrieron a la sede electrónica de Justicia y más de 400.000 acudieron personalmente a las gerencias territoriales del Ministerio o a otros organismos.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el 96,4 % de los 2.549 condenados por delitos sexuales en 2017 -últimas cifras oficiales analizadas- fueron hombres. Un total de 269 eran menores.