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Ione Belarra ayer en el Congreso de los Diputados. EP

La Región rechaza el modelo de residencias del Ministerio

El departamento de Ione Belarra pospone la votación para intentar llegar a un acuerdo con las comunidades el próximo mes de junio

LA VERDAD

MURCIA.

Jueves, 26 de mayo 2022, 03:04

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El Gobierno central no consiguió cerrar ayer el acuerdo con las comunidades autónomas para dar luz verde al nuevo modelo de residencias. Entre las comunidades que han mostrado su rechazo al documento, se encuentran la Comunidad de Madrid, Galicia, Andalucía, Murcia y la ciudad autónoma de Ceuta (presididas por el PP), Castilla-La Mancha y Extremadura (presididas por el PSOE), País Vasco y Cataluña, según fuentes consultadas por Europa Press.

El Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades acordaron ayer «posponer la votación» a la espera de «cerrar los últimos detalles». El departamento que dirige Ione Belarra confía en poder llegar a un acuerdo «a lo largo del próximo mes» para que la ratio en los centros residenciales disminuya hasta «un trabajador por cada dos residentes, se amplíe el número de habitaciones individuales en las residencias públicas y se establezcan núcleos de convivencia de 15 personas como máximo».

El documento, que se iba a votar ayer en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Atención a la Dependencia, presidido por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, proponía un nuevo modelo de acreditación de residencias. Entre otras medidas, fijaba un plazo de tres años para la «supresión total» de las sujeciones físicas, químicas y farmacológicas, y establecía que las nuevas residencias públicas debían contar con, al menos, un 65% de habitaciones individuales. Además, según el texto que finalmente no se ha votado, los centros proyectados no podían superar entre las 75 y las 120 plazas, dependiendo de la densidad de población. Asimismo, con el objetivo de que la residencia se parezca lo más posible a un «hogar», se proponía que la vida de las residencias se organizara en pequeñas unidades de convivencia, con un máximo de 15 personas. Igualmente, se promovía la mejora de los servicios de ayuda a domicilio junto con el centro de día o la teleasistencia.

El texto también encontró la oposición del sector de la dependencia, que cree que supondría «una merma significativa» de la oferta de plazas

Además de las nueve autonomías mencionadas, también mostró su rechazo al texto el sector de la dependencia. En un comunicado, las patronales indicaron que este modelo supondría una «merma significativa» de oferta de plazas, «que ya está en un punto crítico y sin poder atender la lista de espera, y así como de empleos en las residencias».

Además, avisan de que con este modelo se haría una «discriminación entre las personas que reciben servicios de manera pública y los que lo hacen de manera público-privada».

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