La Región de Murcia pierde 326 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en siete años

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, durante una operación de registro en 2016. / GC / CNP
Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, durante una operación de registro en 2016. / GC / CNP

La Delegación del Gobierno afirma que su objetivo inmediato es alcanzar las dotaciones que había disponibles en 2011

Raúl Hernández
RAÚL HERNÁNDEZ

La Región de Murcia ha perdido en los últimos siete años 326 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ese adelgazamiento de las plantillas se inició a partir de 2011, año en el que se produjo el pico más alto de efectivos disponibles en la Comunidad con 3.734. En el caso de la Guardia Civil, contaba con 2.066 efectivos operativos. Siete años después, la plantilla se redujo en 102 agentes al contabilizar 1.964 guardias civiles el año pasado (casi un 5% menos). La merma fue aún mayor en el caso de la Policía Nacional, del 13,4%, ya que de los 1.668 agentes que había en 2011, se pasó a los 1.444 policías, 224 menos con los que contó el Cuerpo el año pasado. Los datos, facilitados por el Gobierno en respuesta a dos preguntas formuladas en el Senado en marzo de 2013 y abril del año pasado, recoge los efectivos disponibles que incluyen las situaciones en activo, segunda actividad con destino y reserva ocupado, y alumnos en prácticas. Con los 3.408 agentes de ambos cuerpos trabajando en la Región el año pasado, las plantillas se situaron en los peores cifras de efectivos que datan de hace una década, cuando hubo 3.352 oficiales activos.

Desde la Delegación del Gobierno explican que el objetivo inmediato es dotar a la Región con el personal necesario para hacer frente a las necesidades que existen en materia de seguridad ciudadana y cubrir el déficit respecto a los efectivos disponibles que había en 2011. En este sentido, señalan que este año ya se han incorporado 95 alumnos en prácticas de la Guardia Civil y 75 de la Policía Nacional.

Asimismo, recuerdan que ante la falta de convocatorias para reponer las vacantes que quedaban libres años atrás, el pasado mes de marzo se aprobaron sendas ofertas de empleo público para ambos cuerpos. En concreto se autorizaron 2.506 plazas para ingreso por oposición libre en la escala básica de la Policía Nacional y 2.210 puestos de ingreso directo en la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil. «Además del incremento de las plantillas queremos dotar a las unidades especializadas con los medios humanos necesarios», sostiene el delegado del Gobierno, Francisco Jiménez.

La Delegación del Gobierno afirma que su objetivo inmediato es alcanzar las dotaciones que había disponibles en 2011

Mientras tanto, desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) lamentan que la escasa tasa de reposición ha provocado que en siete años la plantilla se haya reducido de forma imparable. «No hubo previsión de personal», explican, y añaden que esa postura afecta a la seguridad de los ciudadanos y a la calidad del servicio que se presta. «Las consecuencias son cargas de trabajo inasumibles, investigaciones que se retrasan o que no se llegan a completar en casos de delitos menores por falta de efectivos. Además, las pedanías de Murcia, Cartagena, Lorca, Molina de Segura, Alcantarilla y Yecla donde tenemos competencia, son las más afectadas ante la escasez de medios, porque no llegamos», afirma Javier Monje, secretario general del SUP en la Región. Según el colectivo de policías, 2019 ha sido el único año en el que se han podido recuperar efectivos, «con catorce incorporaciones», a una plantilla a la que califican de «envejecida» e inmersa en un proceso de jubilaciones de personal masivo.

«Muchos compañeros que entraron en las grandes promociones de los años de la Transición comienzan a jubilarse después de más de tres décadas de servicio. Ante esto, el Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto. No puede ocurrir que solo se cubra un 10% de la tasa de empleo público de las vacantes por jubilación. Con los más de 200 efectivos que se han perdido en estos siete años se podrían montar dos nuevas comisarías en localidades medianas de la Región», expone Monje. Y sostiene que, a pesar de que el catálogo de activos (los efectivos que debería haber) está desfasado y no refleja las necesidades reales «nunca se cubre el 100% de los puestos».

De los 40 cuarteles de la Benemérita que hay en la Región, solo 13 dan servicio las 24 horas del día

En el caso del Cuerpo Nacional de Policía, el desglose de efectivos disponibles en 2018 se repartió en 1.408 agentes activos, dos en segunda actividad y 34 alumnos en prácticas. El catálogo alcanzó los 1.749, por lo que hubo 305 plazas sin ocupar. La disminución de agentes ha sido contante desde el año 2011, y el periodo de 2017 fue cuando se perdieron más funcionarios, con 60 agentes menos, según datos del SUP.

En relación a la Guardia Civil, la plantilla de 1.964 agentes que hubo el año pasado la formaron 1.836 agentes operativos, 44 en reserva ocupado y 84 en prácticas. El catálogo de activos ascendió a 2.122, por lo que se quedaron 158 puestos sin cubrir, tal y como refleja la respuesta escrita de la Cámara Alta. El descenso de efectivos se notó más en el caso de la Benemérita en 2014, cuando la plantilla ascendió a 1.941 guardias civiles.

Seguridad ciudadana

De los casi 1.970 efectivos con los que contó la Benemérita en 2018, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que representa al 60% de la plantilla en la Región, pone el foco en la escasez de agentes que componen las unidades territoriales dedicadas a seguridad ciudadana.

«Esos efectivos protegen a casi 800.000 personas en los cerca de 11.000 kilómetros cuadrados que cubre la Guardia Civil en la Región. Para esa extensión de terreno debería haber un millar de agentes, pero, según nuestros cálculos, hay entre 700 y 800 debido a ausencias en comisiones, bajas de larga duración que no se han cubierto y vacantes bloqueadas desde que se instauró la reposición cero hace años. Existe un alto déficit en todos los puestos territoriales de esta unidad debido, en parte, al último movimiento de 2018 cuando se marcharon más guardias civiles de los que se incorporaron», explica Juan García Montalbán, secretario general de la AUGC en Murcia. De hecho, manifiesta que, de los 40 acuartelamientos, solo hay 13 que dan servicio las 24 horas del día, el 32%. El resto lo hace en horario de mañana «porque no tienen personal suficiente para cubrir todo el día» y solo veinte de ellos tienen más de 15 efectivos.

El SUP alerta del envejecimiento del Cuerpo, debido a un proceso masivo de jubilaciones

La organización insiste que el Instituto Armado necesita un cambio de modelo y una reorganización de los recursos, y reclama dos tipos de plantillas dependiendo del núcleo de población en el que estén ubicadas las unidades. Por un lado, están los puestos de las poblaciones más pequeñas «donde debería haber al menos 30 agentes para prestar servicio todo el día». En las ciudades más grandes, donde están los puestos principales, debería haber 80 guardias civiles. «Sin embargo, en Totana, San Javier, Mazarrón y Águilas, no sobrepasan los 50 efectivos. Además, ese aumento tendría que producirse de manera inmediata en los puestos de Cabo de Palos, Cartagena, Torreagüera y Mula, que son unidades de nivel bajo pero que actualmente necesitan una mayor dotación», indica Montalbán.

En los seis primeros meses del año las infracciones penales subieron casi un 5% en comparación con el mismo periodo de 2018 en la Región, según el Balance de Criminalidad de la Secretaría de Estado. Para la AUGC ese incremento está relacionado con la falta de recursos. «Hay nuevos delitos y la población crece. Mientras, las plantillas disminuyen. La merma perjudica al ciudadano, pero también a los agentes porque sufren una gran saturación de trabajo, sobre todo en época estival, en Navidad y Semana Santa, cuando se reduce el personal por los turnos de vacaciones. A diferencia de otros empleos, nosotros no podemos contratar agentes para esas ausencias», mantiene Montalbán.

Asimismo, el sindicato pide que los puestos de equipos como el de atención al inmigrante (Edati), los de robos en campos (ROCA), y los de violencia de género (Viogen) sean cubiertos por agentes especializados para esas funciones y que no se utilice a efectivos de otras unidades. «La creación de esos equipos debe ir de la mano con la publicación de las vacantes necesarias para ser cubiertas porque, de otra manera, detraen aún más las plantillas», concluye. Tanto el SUP como la AUGC recuerdan que además del incremento de personal, su reivindicación principal pasa por la equiparación salarial. «Queremos que se cumpla el acuerdo pactado en 2018, de jornada laboral y de productividad», reclaman.

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