Los regantes del Trasvase recurren el plan del Tajo por vulnerar las leyes europeas

Los regantes centran su acometida contra el plan del Tajo en que este se aprobó a principios de 2023 manteniendo una «contradicción» con el plan del Segura, ya que en el primero no se tienen en cuenta los recursos derivados al Levante a razón de 295 hectómetros al año y el segundo sí. La abogada Isabel Caro-Patón, quien ha apoyado al Scrats en la elaboración del recurso, defiende que el real decreto que aprobó ambas planificaciones «dice que no hay asignaciones para el Trasvase al Segura porque no son usos de la cuenca del Tajo, por lo que no tienen por qué incorporar estos usos en su ámbito de planificación». Esto es, para la letrada, «abiertamente contradictorio».

El Scrats apunta más alto y plantea en su recurso que la Confederación del Tajo, al no analizar en su planificación el impacto de la subida de los caudales ecológicos en el funcionamiento del Trasvase, esto va contra la Directa Marco del Agua de la Unión Europea. Esta ley comunitaria «obliga a proteger los usos que sean sostenibles, equitativos y beneficiosos, y desde luego el regadío lo es». Lucas Jiménez, presidente del Scrats, puso el acento en la «desigualdad absoluta» que generó a la hora de planificar los distintos tramos del río Tajo. Y es que la demanda de los regantes remarca que hay numerosos tramos del Tajo y sus afluentes donde los caudales aprobados hace tres años son menores incluso que los que se plantearon cuando se comenzó a redactar el plan en vigor. Solo el tramo de Aranjuez sube hasta alcanzar los 8,65 m3/segundo.

«Estamos nadando ahora mismo en la ignorancia, pero nosotros vamos a mantener y redoblar la presencia reivindicativa y vamos a estar presentes en todos los foros donde se hable de agua, independientemente de quién lo realice, sean fuerzas políticas o fuerzas sociales», anunció Jiménez, quien avanzó que el sindicato prepara actos reivindicativos de bajo perfil antes del ecuador del verano. «Queremos generar mucho movimiento y también, evidentemente, que la implicación de la sociedad civil se haga más patente que nunca», reclamó.

La letrada Caro-Patón incidió, a su vez, en un argumento repetido por los regantes del Levante: «Es contrario a derecho que se haya elaborado un plan hidrológico del Tajo estableciendo unos caudales ecológicos muy altos y sin analizar. ¿Cuál es el beneficio ambiental que se va a derivar de esos caudales? Porque la Confederación del Tajo no quiere analizarlos, y sabemos que es prácticamente inapreciable». Reiteró en que esos volúmenes mínimos «no están bien calculados desde el punto de vista técnico» y que una decisión de esta envergadura, con un recorte tan sustancial, no puede tomarse sin analizar alternativas y sin hacer un análisis coste-beneficio«.

El Scrats ha contado con especialistas en materia de agua que, incluso, son llamados por el Ministerio para la Transición Ecológica. «Ellos dicen que los problemas ambientales del eje central del Tajo no dependen de que circule más o menos caudal, sino que dependen de otras variables como es básicamente la contaminación derivada de las depuradoras de Madrid u otras contaminaciones históricas».

El recurso del Scrats se suma al del Gobierno de la Región de Murcia y de la Diputación de Alicante, ya encima de la mesa del Supremo, pero que todavía no tienen un fallo. Hasta ahora, el Alto Tribunal ha rechazado varias demandas interpuestas desde el Levante, y solo admitió parcialmente el recurso de una plataforma ambiental del Tajo. Esa sentencia, que anuló una parte de la planificación del Tajo, es analizada por el Ministerio de cara a saber si tendrá que acelerar la implantación de los caudales máximos previstos en 2027, o si mantiene el calendario de una subida progresiva. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, señaló hace un mes que de momento su departamento opta por la segunda vía, a falta de consultar al Supremo cómo ejecutar la sentencia.

El líder del Scrats espera de la Confederación Hidrográfica del Segura un pronunciamiento en favor de los regantes del Trasvase, y quieren forzar una reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno del organismo de cuenca para que la institución analice en profundidad el impacto del recorte. «Todas las medidas que nos habían prometido hasta ahora (ampliación y nuevas desaladoras, interconexión, plantas solares para abaratar el agua desalada, etc.) van a llegar al 2027 sin que estén, como reconoce la propia Administración». Jiménez habló de una triple horquilla que tendrán que enfrentar los regantes: el recorte del Trasvase, el recorte en el uso de aguas subterráneas de acuíferos sobreexplotados y promesas incumplidas en materia de infraestructuras y planificación hidrológica.