Las ONG recelan del acuerdo de Presupuestos y piden criterios claros en el reparto de fondos

Aunque el acuerdo establece que se contará «con la opinión de las organizaciones del tercer sector», la ambigüedad del texto ha generado preocupación e incluso malestar en muchas ONG. A día de hoy, el Gobierno regional aún no ha explicado a las entidades cuáles son sus intenciones, y a nadie se le escapa el sesgo ideológico de Vox, que no firmó el Pacto Regional contra la Pobreza y ha hecho bandera de su oposición a las ayudas sociales que reciben personas inmigrantes, así como a los programas relacionados con la violencia de género. Muchos ven la huella de los ultraconservadores en el texto, más por lo que no se recoge que por lo que aparece.

«Priorizar las políticas sociales por sectores (familias, personas con discapacidad, personas mayores) es un enfoque obsoleto e ineficaz que se superó a finales del siglo pasado», advierte la Red de Lucha contra la Pobreza (EAPN), especialmente preocupada por la ausencia de referencia alguna en el acuerdo al pacto que todos los partidos salvo Vox firmaron antes de las elecciones autonómicas, comprometiéndose al desarrollo de una estrategia regional contra la pobreza. «Lo que necesitamos es planificación, contar de una vez con un mapa de necesidades en la Región y, a partir de ahí, decidir qué proyectos son más prioritarios», advierte Rosa Cano, presidenta de EAPN.

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Diego Cruzado, coincide en rechazar el enfoque del acuerdo alcanzado entre PP, Cs y Vox. «No es más urgente un colectivo que otro, lo urgente es definir las políticas sociales, ver cómo se financian y actuar sobre los índices de pobreza, que en esta región son muy elevados», advierte.

El 32% de la población de la Región de Murcia -es decir, más de 470.000 personas- se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión, según un estudio de EAPN publicado en 2019. Invariablemente, Murcia se sitúa cada año entre las comunidades con mayores tasas de pobreza en España.

Pero la preocupación por el acuerdo no obedece, ni mucho menos, a que las organizaciones sociales se resistan a introducir cambios en el reparto de los fondos. Al contrario, el clamor para revisar los criterios es prácticamente unánime. La convocatoria de subvenciones para 2020 a cargo del 0,7% del IRPF, resuelta a finales de diciembre, ha dejado a muchas entidades descontentas. El sector de la discapacidad, englobado en el CERMI, ha pasado de recibir cerca de un 20% de los fondos de la 'x solidaria' al 17%, según explica su presidente, Pedro Martínez.

Dentro del CERMI está Plena Inclusión, la federación que agrupa a las asociaciones que trabajan en el campo de la discapacidad intelectual. Sus programas han sufrido una reducción de 112.123 euros con respecto a la anterior convocatoria, explica su presidente, Joaquín Barberá. La federación ha presentado impugnaciones al entender injustificado el rechazo de cuatro proyectos. «Creemos que no se han valorado con arreglo a las bases de la convocatoria», señala Barberá.

Al igual que Plena Inclusión, también la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Famdif) reclama un mayor peso en el reparto de los fondos de la 'X solidaria'. «Con las partidas del IRPF realizamos grandes proyectos para dar servicio a nuestras familias, buscando la mejor calidad de vida», subraya Carmen Gil, la presidenta de Famdif.

La principal vía de financiación de las entidades de la discapacidad es el sistema de la Dependencia. A través de los conciertos, se mantienen las plazas de residencias y centros de día. Sin embargo, servicios como el asesoramiento jurídico a las familias o las actividades de ocio y deporte de las personas con discapacidad quedan fuera de la Dependencia. De ahí que estas asociaciones sean las que mejor han recibido el acuerdo de presupuestos, que específicamente apuesta por incrementar los fondos destinados a la discapacidad. Famdif, por ejemplo, recibe 71.339 euros de la 'X solidaria', una cantidad modesta si se tiene en cuenta las dimensiones de esta federación.

Sin embargo, Pedro Martínez, presidente del CERMI, deja claro que su reivindicación es el aumento de partidas para todo el tercer sector y que, en ningún caso, aspiran a crecer «a costa de otros colectivos». Se desmarca así de cualquier utilización política. «Si estuviese en alguna organización de EAPN, estaría preocupado por este acuerdo», admite Pedro Martínez.

De hecho, ya tuvo que salir al paso cuando Vox planteó que se redujesen las subvenciones a sindicatos y empresarios para destinar ese dinero a las organizaciones de la discapacidad. «Nosotros queremos una mejor financiación, pero nunca a costa de otros y, según mi criterio, esas manifestaciones de Vox no tienen nada que ver con el IRPF», apunta Joaquín Barberá, de Plena Inclusión.

El CERMI coincide con la Red de Lucha contra la Pobreza (EAPN), y con el resto del tercer sector, en la conveniencia de revisar los criterios que se aplican para seleccionar los programas financiados con cargo a la 'X solidaria'. En total, este año se han repartido 7,3 millones entre 64 entidades y 194 proyectos.

Hasta 2017, los fondos eran gestionados desde el Gobierno central, pero los tribunales dieron la razón a una reclamación de la Generalitat de Cataluña y las competencias se traspasaron a las comunidades. Desde entonces, las quejas de las ONG murcianas han sido constantes. «Antes había unas reglas claras; se valoraba la continuidad de los proyectos y que estos tuviesen un presupuesto importante», explica Rosa Cano, presidenta de EAPN. La 'X solidaria' era una vía para mantener grandes programas de difícil financiación por otras vías. Por ejemplo, la asociación Columbares, a la que pertenece Cano, pudo facilitar el acceso a la vivienda a personas en situación de exclusión gracias a estas ayudas, pero ahora la Comunidad ha denegado la subvención necesaria para el mantenimiento los inmuebles.

Columbares ha sufrido una reducción de más de 100.000 euros a lo largo de las últimas convocatorias, mientras Cepaim, otra de las ONG murcianas más potentes, ha visto rechazados proyectos para la inclusión activa de personas en riesgo de exclusión social, o para dispositivos de acogida temporal.

Cáritas, con 1,1 millones de euros, se sitúa a la cabeza en el reparto de fondos del 0,7% del IRPF, pero en esta convocatoria ha sufrido «una reducción importante», señala su secretario general, Juan Antonio Illán. Sin financiación se han quedado proyectos para el empoderamiento de mujeres en riesgo de exclusión, por ejemplo. Cruz Roja, por el contrario, ha visto incrementadas sus partidas, hasta superar el millón de euros. Con esta cantidad atenderá en 2020 a 16.300 personas, aproximadamente.

A la espera de conocer cómo se materializa el pacto entre PP, Cs y Vox, la Consejería de Igualdad y Política Social señala, sin concretar, que se revisarán «los ejes y programas prioritarios que se consideran financiables», los «criterios de valoración», la baremación y «los requisitos» para la obtención de subvención. «No perjudicar a las entidades es una prioridad», señala la Consejería.