La querella del PSOE contra el presidente pierde fuerza tras el rechazo de una denuncia similar
Un juzgado inadmite la demanda de Mazón por cohecho por estar basada en «presupuestos infundados»
La querella por cohecho y prevaricación del PSOE contra el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y los tres dirigentes de Ciudadanos que frustraron la moción de censura ya está en manos de los tribunales. Concretamente del Juzgado de Instrucción Número 2 de la capital, a donde fue remitida por el Servicio Común General del partido judicial de Murcia, según informaron fuentes del TSJ en la mañana de ayer. El titular de este juzgado, Ángel Garrote, deberá decidir ahora si se admite a trámite la denuncia, tras lo que comenzaría la instrucción.
Pero las expectativas que pudieran albergar los servicios jurídicos de Ferraz de que la querella prospere recibieron un jarro de agua fría a mediodía de ayer, cuando el TSJ comunicó que otro juzgado de Murcia, esta vez el Número 3, decidía no admitir una denuncia similar impulsada por la asociación civil Contrapoder y presentada por el abogado murciano José Luis Mazón, que también venía a decir que López Miras, Isabel Franco, Francisco Álvarez y Valle Miguélez pudieron cometer cohecho por acordar una contraprestación –ser nombrados consejeros del Gobierno regional– para que estos se desmarcaran de una moción de censura firmada.
ASÍ LO VEN
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José Miguel Luengo. Secretario general del PP regional: «Sánchez se vale de las instituciones para atacar a la Región» El secretario general del PP en la Región, José Miguel Luengo, denunció que «Pedro Sánchez se vale de las instituciones para atacar y manchar el nombre de la Región», en referencia a que fuera Ábalos el que anunciara, en el Senado, la querella contra López Miras y los tránsfugas. «Es inadmisible que un ministro del Gobierno utilice el Senado para anunciar una denuncia contra un presidente autonómico», censuró. Luengo augura un corto recorrido a la denuncia del PSRM, «solo intenta desestabilizar a un Gobierno regional centrado en lo importante: la gestión de la pandemia».
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Isabel Franco. Vicepresidenta de la Comunidad: «Lo que nos piden los ciudadanos es que sudemos la camisa» La vicepresidenta de la Comunidad y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco, declaró a Onda Regional que la situación «totalmente extraordinaria» que vive la Región con la pandemia obliga a todos los políticos «a ponerse a trabajar, porque los ciudadanos nos piden que sudemos la camisa». Franco se pronunciaba así sobre la querella del PSOE, dirigida contra ella, además de contra López Miras, Miguélez, Álvarez y Sánchez Lorente. «Si alguien decide iniciar otras vías, nosotros solo podemos respetarlo», manifestó la vicepresidenta autonómica.
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Jordi Arce. Secr. de Organización del PSRM: «Lucharemos para devolver la dignidad a las instituciones» El secretario de Organización del PSRM, Jordi Arce, insistió en que la maniobra del PP para hacer fracasar la moción de censura «es el mayor caso de corrupción que se conoce en la historia de la Región de Murcia, realizado a plena luz y sin ningún pudor». Advierte Arce de que los socialistas murcianos «han perseguido la corrupción durante los 26 años de gobierno del PP y, ante hechos tan graves como los que ocurrieron hace un mes, continuaremos luchando para devolver la dignidad a las instituciones autonómicas, dignidad que Miras les ha arrebatado con actos indecentes».
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Ana Martínez Vidal. Coordinadora de Ciudadanos: «Le auguro un mal futuro a esteGobierno comprado» La coordinadora autonómica de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal, le augura «un mal futuro a este Gobierno comprado», tras la querella presentada por los socialistas contra López Miras, Isabel Franco, Francisco Álvarez, Valle Miguélez y Antonio Sánchez Lorente. Estos, según ironiza, «salen a querella por semana». La coordinadora de la formación naranja insiste en que lo que ha ocurrido en la Región «es una perversión del sistema y una degradación de las instituciones que los murcianos no se merecen», por lo que la única salida posible es la convocatoria de elecciones anticipadas.
En un auto dictado ayer, que no es firme, la titular del Juzgado Número 3 destaca que, a la hora de decidir la admisión a trámite de una denuncia o querella, hay que considerar que «no debe recaer sobre nadie la incoación y seguimiento de un proceso penal sobre presupuestos infundados», pues el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en la Constitución «no solo abarca la vertiente del acceso a la jurisdicción, sino también la protección de todos los ciudadanos contra acusaciones carentes de justificación». Argumenta la juez que lo que denuncia Mazón se trata de «una imputación meramente formal, en la que quien denuncia se limita a afirmar la existencia del delito sin apoyo de ningún indicio o evidencia que avale razonablemente su realidad y las razones de conocimiento por el denunciante de los hechos delictivos que atribuye».
«La ley de Mahoma»
Las querellas de Contrapoder y el PSOE son diferentes en su composición, aunque en el fondo vengan las dos a exponer el supuesto delito cometido por Miras y los tránsfugas. Mazón echa mano de los aforismos y se refiere a «la ley de Mahoma, que tan culpable es el que da como el que toma» para establecer que en este caso ha habido tanto cohecho pasivo, que habría cometido el jefe del Ejecutivo, como cohecho activo, por parte del grupo de Franco al aceptar «regalos» y cambiar su voto.
Ambas denuncias están básicamente nutridas, como elemento de prueba, de enlaces digitales a publicaciones realizadas por los medios de comunicación con el relato de los hechos acontecidos en la Región entre el 10 y el 12 de marzo de 2021. Los socialistas, además, proponen que declare en calidad de testigo la coordinadora regional de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal.
Ángel Garrote, el magistrado que analizará la querella del PSOE, es el mismo que instruye el 'caso Topillo', en el que se investiga la degradación del Mar Menor por la agricultura.
