«Más promesas y pocos hechos» en las subidas de los conciertos
Residencias de mayores reiteran su malestar por el trato «discriminatorio» que sufren por parte de la Consejería en favor del sector de la discapacidad
La Consejería de Política Social señaló la semana pasada que «se han actualizado los precios por plaza en Discapacidad y en Personas Mayores, a través de una inversión del Gobierno regional de más de 16 millones de euros». El incremento de los conciertos pactado con las residencias de mayores en abril consiste en una subida del 13,13% de manera progresiva en tres años. «Aunque la subida en los dos últimos años está condicionada a que se aprueben los Presupuestos. Es decir, más promesas y pocos hechos», advierten responsables de residencias privadas no asociadas a las plataformas que alcanzaron el acuerdo con la Consejería. «Ese supuesto acuerdo no se ha visto recogido en ningún documento firmado, y quién sabe si habrá presupuestos aprobados en los años 2023 y 2024. Y, por tanto, quién sabe si esas subidas se harán efectivas». En este sentido, estos profesionales recuerdan que «el sector de la discapacidad no necesitó ninguno de estos condicionantes; sus subidas se realizaron 'ipso facto' y con carácter retroactivo».
Los centros recibirán un aumento del 13,13% hasta 2024, pero condicionado a la aprobación de los Presupuestos regionales
Según estas mismas fuentes, «las residencias privadas de ancianos han reivindicado continuamente y hasta la saciedad más medios para realizar dignamente la atención que se merecen los usuarios, y solo han recibido desplantes, la callada por respuesta, o simplemente el discurso del 'no hay dinero'». Un argumento que, según estos responsables de centros privados, «se ha utilizado incluso media hora antes de publicarse normativas en las que se realizaba una subida al colectivo de discapacidad con carácter retroactivo, y cuyo motivo ha era el aumento de las 'necesidades específicas derivadas de su situación de discapacidad, que se han visto agudizadas por las medidas impuestas por la pandemia'». También se llevó a cabo «otra subida posterior referente al presente ejercicio, que ya se ha aprobado en los presupuestos de la Comunidad y por lo tanto ya se está pagando». Estos incrementos en el precio que reciben las residencias para personas con discapacidad son «merecidas», dejan claro las mismas fuentes, «aunque cabría destacar que dichos centros permanecieron cerrados por imperativos legales al principio de la pandemia, a diferencia de las residencias de mayores».
Fondos 'Next Generation'
Esta situación desigual también se produce, a juicio de estos responsables de centros privados, con la distribución de los fondos 'Next Generation', «de los cuales su tramitación ya está muy avanzada en relación al pago para los centros para personas con discapacidad, mientras que para las residencias de mayores ni siquiera se ha iniciado». Todo esto, según las mismas fuentes, genera mayor frustración cuando fue la propia consejera de Política social quien preguntó a los representantes del sector, en su primer encuentro, «acerca de la causa de la abultada diferencia entre los precios por plaza en centros de discapacidad y de personas mayores. Y, extrañándose de dicha diferencia, dijo que eso debía corregirse».
«El sector de la discapacidad no necesitó ningún condicionante para unas subidas 'ipso facto' y con carácter retroactivo»
Fuentes del sector consultadas por LA VERDAD explican que la «mayor agilidad y eficacia» en la gestión de las necesidades del sector de la discapacidad se debe exclusivamente a la «independencia» de la Dirección General de Discapacidad, liderada por Concepción Ruiz (PP), «que tiene mucha competencia en este campo, algo que no se puede decir del resto de dirigentes de la Consejería».
