La prohibición del uso de fertilizantes nitrogenados afectará a 11.000 hectáreas junto al Mar Menor
El Consejo de Gobierno aprueba el nuevo decreto, que mantendrá esta limitación para los agricultores durante un periodo de dos años
El Consejo de Gobierno, en sesión extraordinaria, aprobó el decreto que modifica dos apartados de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, que prohíbe el uso de fertilizantes nitrogenados inorgánicos o de síntesis en la zona 1, la más próxima a la laguna salada, durante los dos próximos años, o hasta que se habiliten las infraestructuras necesarias para encauzar el agua de las ramblas. Esto implicará que se deben modificar las prácticas agrarias en una superficie aproximada de 11.000 hectáreas en el Campo de Cartagena, según avanzó este viernes el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo.
El decreto, que debe ser convalidado por la Asamblea Regional, sí permite el uso de fertilizantes orgánicos que contengan en su composición nitrógeno, tales como acondicionadores de suelo autorizados en agricultura ecológica, o soluciones a base de microorganismos como los fijadores de nitrógeno atmosférico o similares, o capaces de aumentar sus poblaciones en el suelo, en las dosis máximas establecidas en los distintos preceptos de la Ley.
Como avanza LA VERDAD, el uso de fertilizantes nitrogenados inorgánicos o de síntesis en la Zona 1 se considerará infracción grave, con sanciones económicas que oscilan entre los 5.001 y los 50.000 euros.
Por otro lado, el texto incluye una modificación de los trámites administrativos referentes a la tramitación de expedientes sancionadores y de restitución de terrenos a su estado original, una vez que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) lo haya comunicado formalmente, tras haber tramitado el correspondiente expediente de regadío ilegal en el ámbito del Mar Menor. «Damos un importante paso para dotar de mayor eficacia y agilidad a los procesos contra infractores», aseveró Luengo.
En materia de sanciones se reduce de nueve a seis meses el plazo para resolver y notificar expedientes y de seis a tres meses el periodo para restablecer la legalidad.
En lo relativo a restituir los terrenos objeto de sanción por regadío ilegal por parte de la CHS, «el cese del riego es competencia única de la Confederación Hidrográfica del Segura», insiste el consejero. La norma recoge que se reduce de seis a tres meses el tiempo para resolver y notificar a los infractores, de cinco a tres meses el plazo para la imposición de multas coercitivas o de dos meses a uno el tiempo estimado para ejecutar de manera subsidiaria la restitución.
Además, Luengo informó que los servicios de inspección de la Consejería han realizado 529 inspecciones en 10.244 hectáreas agrícolas en el Campo de Cartagena desde que entró en vigor la Ley del Mar Menor, aprobada en julio de 2020. Esto ha derivado en 202 expedientes sancionadores, de los cuales 85 se encuentran en avanzado estado de tramitación.
