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José Luis Mendoza, entre su procurador y su abogado, cuando acudió a declarar al juzgado en mayo de 2016. Guillermo Carrión /agm
El presidente de la UCAM irá a juicio por las obras ilegales en el campus

El presidente de la UCAM irá a juicio por las obras ilegales en el campus

La juez dicta un auto en el que confirma que hay indicios de un delito contra la ordenación del territorio

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Lunes, 23 de septiembre 2019, 17:53

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José Luis Mendoza, presidente de la Universidad Católica San Antonio-UCAM, se encamina de manera casi irremisible a ser juzgado por un presunto delito urbanístico como máximo responsable de la supuesta construcción ilegal de varios edificios en el campus de Los Jerónimos, en Guadalupe. Así lo ha decidido la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, quien acaba de dictar un auto de procedimiento abreviado (PA) por el que pone fin a la investigación de esas diligencias y en el que afirma, a modo de conclusión, que existen indicios suficientes de la posible comisión de un delito contra la ordenación del territorio. Junto a José Luis Mendoza señala a la Fundación Universitaria San Antonio y al Centro de Estudios San Antonio como presuntos responsables civiles subsidiarios.

El auto de procedimiento abreviado podría equiparse, en buena medida, a lo que significa el procesamiento en los sumarios, y supone la antesala de la apertura de juicio oral, que se producirá en el momento en que alguna de las partes formule escrito de acusación. Se da por hecho que así lo harán el Ministerio Fiscal y la acusación particular, impulsada por dos antiguas concejales de Ahora Murcia, que fueron quienes presentaron la denuncia original.

La magistrada viene a confirmar que Mendoza habría promovido la construcción de una serie de edificios de forma ilegal, como un aulario de casi 2.500 metros cuadrados, un laboratorio, un almacén, un porche y una cafetería, entre otros, sin solicitar siquiera las oportunas licencias. Los inmuebles se levantaron además sobre un suelo calificado como no urbanizable y, según recuerda la instructora, fue mucho después de haber sido construidos cuando la institución docente trató de legalizarlos por la vía de una autorización excepcional por razones de interés público.

Desde la defensa de Mendoza se ha venido sosteniendo desde el primer momento que no existe delito ya que esas obras serían legalizables, aunque todos los intentos realizados hasta el momento para que la Administración así lo afirme han tenido un resultado negativo.

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