El presidente del TSJ sostiene que la vía penal no solucionará la raíz del problema del Mar Menor

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, dejó claro que los jueces «no van a reponer a su estado original el Mar Menor» y que «nos enfrentamos a un fracaso colectivo». «Constatar tal fracaso colectivo no puede amparar ni exonerar de culpa a quienes hayan cometido acciones u omisiones individualizables constitutivas de delito», señaló.

Se trata de la primera valoración que realiza el presidente de este organismo judicial tras el episodio de anoxia que provocó la muerte de centenares de peces en la laguna el pasado mes de octubre y que hizo reaccionar a partidos, organizaciones y a la sociedad en general. «La persecución penal de estas conductas individualizadas probablemente contribuya a que no vuelvan a repetirse por los mismos que las han cometido (es lo que llamamos prevención especial del Derecho Penal), o por otras personas en el futuro (lo que conocemos como prevención general)», consideró Pasqual de Riquelme.

Pasqual del Riquelme reconoció la condición de «macrocausa» que, por su volumen y complejidad, supone el asunto del Mar Menor. Sin embargo, apuntó que «endosar a la vía penal la solución de todos los problemas, o la gestión de los fracasos no resueltos en otros ámbitos a los que correspondía hacerlo es una forma torpe de ocultar, al final, la incapacidad propia o la incapacidad colectiva». Refiriéndose, en concreto, a la laguna subraya que la vía penal «no solucionará el problema en su raíz, no dará las soluciones medioambientales, técnicas y urbanísticas que necesita».

En su opinión, es un «error» el hecho de que la sociedad «ponga todas sus esperanzas en la vía penal, que no puede ser ni la única y, además, no es la mejor para solucionar un problema de esa naturaleza y envergadura». Miguel Pasqual del Riquelme señaló que, además, también «tenemos la vía administrativa, la legislación civil, toda la regulación urbanística, medioambiental, agrícola». Sin embargo, matizó que «el Derecho Penal sí que es la vía adecuada para identificar responsabilidades penales individualizadas, si las hay, pero los jueces no van a poder por sí solos reponer el Mar Menor a su estado original, aquel con el que todos estamos emocionalmente vinculados».

También teme que la solución que se pueda dar «genere frustración, cuando no incluso indignación», el día en el que los jueces penales «den la respuesta jurídico penal que están obligados a dar y no la solución integral que todos ansían». Para poder gestionar judicialmente esta macrocausa, Pasqual del Riquelme adelantó que se reforzó el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia con un segundo juez, de forma que el titular de dicho órgano «pueda gestionar, de manera exclusiva, este asunto y ello permita agilizar lo máximo posible la respuesta penal que haya que dar, tratando de que esto no afecte al resto de actividad del juzgado».

La Sala de Gobierno del TSJ entendió que el asunto tiene «entidad compleja» por su volumen, de manera que, durante un primer periodo de seis meses, prorrogable según evolucione el trámite, el juez Ángel Garrote estará liberado de su trabajo ordinario. «Toca apoyar al juez para que pueda contribuir a dar esa respuesta», ha concluido.