Presentismo

Ya he escrito en las páginas del periódico sobre el veto de Fomento a que el aeropuerto lleve al nombre de Juan de la Cierva, en virtud de la Ley de Memoria Histórica, pero me siento obligado a volver sobre este asunto porque, respetando todos los puntos de vista, hay demasiados aspectos objetables en la decisión del Ministerio sobre un asunto que trasciende el ámbito de los especialistas en Historia. Y, desde luego, también de la política partidista. Ahí están los pronunciamientos de los empresarios de Croem y de las Cámaras de Comercio y del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos, contrarios a la medida adoptada. O el de los rectores de las universidades, que piden mantener los nombres de Juan de la Cierva, Ramón y Cajal y otros ilustres científicos asociados a los premios nacionales de investigación, en contra de una decisión tomada por el Ministerio de Ciencia sin que todavía haya explicado las razones.

Lo más sencillo sería pensar que el Ministerio de Fomento ha cometido un error. Pero son tantos los deslices concatenados que nadie puede pensar que el desenlace no sea una decisión meditada y buscada. Sorprende porque no se podía elegir peor momento para vetar a una figura universal de la ciencia y tecnología, acusándola poco menos que de sedición contra la República en el año 1936, justo ahora que el Gobierno se dispone a conceder indultos a los líderes del 'procés', condenados por ese delito tras un juicio con todas las garantías ante el Tribunal Supremo. «Hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia», aseveró Pedro Sánchez en referencia a la medida de gracia que prepara para los políticos independentistas. Curioso que, en este contexto, como único argumento para justificar el veto, los líderes regionales del PSOE, Diego Conesa, y de Podemos, Javier Sánchez Serna, sostengan que Fomento se está limitando a cumplir la ley, la Ley de Memoria Histórica. Si así fuera se ha hecho con un rigor desmedido que no está justificado con De la Cierva. No solo porque no se tuvieron en cuenta los méritos que convirtieron al ingeniero murciano en una figura internacionalmente respetada.

También porque las pruebas documentales aportadas no han sido revisadas más que por el propio autor del dictamen. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática pidió un único informe a un historiador, Ángel Viñas, que ya se había posicionado en contra de la distinción en varios artículos de opinión. En menos de folio y medio, sin referencias bibliográficas o pruebas documentales adjuntas, Viñas concluye que el inventor del autogiro formó parte activa de la conspiración, más allá del conocido asesoramiento para el alquiler del 'Dragon Rapide'.

Discutir lo que un historiador de prestigio concluye de sus investigaciones es una temeridad, pero sorprende que Fomento y la citada Secretaría de Estado adopten una decisión tan delicada en base a un informe que en lo formal deja bastante que desear. Salvo que ya tuviera tomada la decisión y aquello fuera un mero trámite, lo que en ningún caso debe interpretarse como demérito o reproche a Viñas, sino a Fomento. El Ministerio podía haber hecho lo que hizo la excalcaldesa Manuela Carmena cuando el Ayuntamiento de Madrid sometió el callejero al tamiz de la Ley de Memoria Histórica. Un grupo de cinco expertos de la Cátedra de Memoria Histórica de la Complutense realizó el trabajo y elaboró una lista con 256 calles con el nombre de personajes ligados de alguna forma al régimen franquista. Aparecían los nombres, entre otros, de Salvador Dalí, José Pla y Juan de la Cierva. Una lista tan extensa como discutible porque el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, relativo a los símbolos del franquismo, es un paradigma de la ambigüedad. ¿Retiró Carmena la calle a De la Cierva o la plaza a Dalí? «Sería un disparate», dijo la exalcaldesa. Finalmente, el criterio del Ayuntamiento fue retirar solo una treintena de calles vinculadas a quienes claramente fueron incitadores del golpe de Estado de 1936 o «ejecutores de delitos de lesa humanidad, que es lo que explica la ONU», argumentó la concejal de Cultura, Celia Meyer. Ni lo uno ni lo otro concurren en Juan de la Cierva, cuyo papel en ningún caso fue determinante en la sublevación que desembocó en la Guerra Civil, como apunta hoy en LA VERDAD el Premio Nacional de Historia y miembro de la Real Academia, Enrique Moradiellos. Al igual que otros destacados expertos, como la directora de esa institución, Carmen Iglesias, Moradiellos aboga por una gestión de la memoria consensuada en términos territoriales, generacionales y transpartidistas, porque de lo contrario los perjuicios son mucho mayores que los beneficios.

La Historia está sometida a permanente revisión, pero cuando se hace desde el partidismo o la frivolidad pueden producirse serias fracturas sociales, especialmente si se cae en el presentismo y se juzgan hechos del pasado con los valores de hoy. La Ley de Memoria Histórica ha sido severamente aplicada por Fomento con la figura de Juan Cierva. Un daño inmerecido a la memoria del ingeniero murciano, pero a la postre también a una norma utilizada, por unos y por otros, con fines partidistas.