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Esperaba pasar mucho calor Pepe Álvarez (Asturias, 1956) durante su estancia en la Región. «Pero no ha sido para tanto», afirma el secretario general de UGT, que pernoctó el lunes en Los Alcázares, destino muy valorado por sus paisanos asturianos. La visita del líder sindical ... no pudo ser más oportuna, pues quería conocer de primera mano el estado del Mar Menor y se encontró con el episodio de mortandad de peces. Lo cual le convence aún más si cabe de que hay que llevar la laguna salada al centro del debate político nacional. Por teléfono atendió a LA VERDAD.
–El pasado lunes fue usted muy tajante: si la vicepresidenta Calviño no accede a finales de septiembre a negociar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), UGT se levanta de las mesas de diálogo con el Gobierno. No parece que la relación entre el sindicato y el Ejecutivo pase por su mejor momento.
–Bueno, yo creo que este Gobierno, a pesar de que se formó hace casi dos años, está como si partiera de cero. Porque la pandemia ha hecho que tenga que enfrentarse a un periodo muy atípico. Pero ahora que la pandemia parece remitir, se hace necesario eliminar algunos vicios que se toleraban solo por la situación excepcional. Había mucha prisa y se recurría a menudo a la improvisación, pero en este momento se pueden plantear las cosas con mayor sosiego. Con el ultimátum he querido denunciar la sensación de ninguneo que tenemos en los sindicatos. Desde enero no hay una respuesta directa sobre la subida del SMI para 2021, todo lo conocemos a través de los medios de comunicación, lo cual contrasta con el compromiso que hemos demostrado en los acuerdos de las sucesivas extensiones de los ERTE y la reforma de las pensiones. Me cuesta mucho explicar a un trabajador que cobra el SMI, y que lleva nueve meses perdiendo poder adquisitivo, por qué salgo sonriente en una mesa con el Gobierno alcanzando acuerdos y no consigo que le suban el sueldo 25 euros. De ahí viene esta reacción nuestra, que debe ayudarnos a acoplar las relaciones.
–Otro compromiso del Gobierno con los sindicatos que no acaba de materializarse es la derogación, o modificación, de la reforma laboral. ¿Hasta cuándo están dispuestos a esperar?
–Este caso es diferente, porque aquí existe una obligación que el Gobierno contrajo con la Unión Europea en el Memorándum que envió a Bruselas, que marca que la reforma tiene que estar en el BOE antes de que acabe el año. Pero es cierto que se trata de otro punto de insatisfacción importante, sobre todo porque las fechas se nos echan encima. El coste del despido en España se ha reducido en un 50% desde 2013, y no solo por la reducción de 45 a 33 días en las indemnizaciones, sino por el resto de cambios legislativos que se han ido introduciendo. Ha habido una degradación de las relaciones laborales que se debe atajar de forma urgente. No obstante, la reforma laboral es un tema sobre el que en los últimos meses hemos ido hablando, negociando con dificultades, sobre todo por las trabas de la CEOE. Pero en septiembre debe quedar cerrado.
–¿Proponen los sindicatos regresar a la indemnización por despido de 45 días?
–Si pusiéramos al frente de nuestras reivindicaciones volver a 45 días, obtendríamos titulares de prensa, sin duda, pero no queremos que solo se vaya por ahí. A nosotros nos interesa mucho más actuar sobre la temporalidad, conseguir que el empleo sea más estable. Esa es una de las claves que se están discutiendo con la reforma laboral. La temporalidad no es un mal necesario en el mercado laboral español, como se dice, sino un mal para la gente que lo padece, para la economía del país y para el propio sistema productivo. Este punto para nosotros tiene más importancia que abrir el debate sobre el coste del despido, que da grandes titulares de prensa pero, a la hora de la verdad, no tiene resultados muy efectivos en el bolsillo de los trabajadores. Asimismo, queda pendiente la recuperación de la negociación colectiva, que está muerta en nuestro país. La legislación actual favorece claramente a los empresarios. Esa es otra de nuestras grandes reivindicaciones.
COSTE DE LA ELECTRICIDAD «Con una empresa pública productora de energía se podría marcar la pauta y regular los precios»
FONDOS EUROPEOS «Los proyectos autonómicos deben coordinarse, no en todos sitios se puede producir hidrógeno»
POLÍTICA «Me preocupa el alto porcentaje de voto a Vox en una región como Murcia, donde tanta gente sufre»
–Los partidos de la oposición critican a los sindicatos por considerar que son muy permisivos con el Gobierno socialista por afinidad ideológica. Suelen decir que, si este precio de la luz se diera con el PP, ya habría manifestaciones en las calles.
–Que la derecha nos pida que nos movilicemos parece un sarcasmo. Y más por un problema como el del recibo de la luz, cuyas causas no son responsabilidad exclusiva de este Gobierno, sino de los anteriores. Este Ejecutivo tiene la responsabilidad de no haber tomado medidas para solucionarlo, pero las causas vienen de los gobiernos de Aznar, Rajoy e incluso de Felipe González. El proceso de privatización de empresas públicas en España ha sido un desastre, un fracaso absoluto para el país. Ahora vemos que, con una empresa pública productora de energía, se podría marcar la pauta y regular los precios. Como no la tenemos, nos encontramos con este oligopolio. Nosotros nos movilizamos, lo estamos haciendo. Cada día hacemos declaraciones y es posible que salgamos a la calle por el precio de la luz y la subida del SMI, si el Gobierno no cambia de actitud. La pandemia está ahí, durante este año y medio no nos hemos movilizado más que simbólicamente por las restricciones sanitarias. Tampoco nos manifestamos por el desastre de la gestión de la Covid en Madrid, donde no gobierna la izquierda. La derecha debería dedicarse a hacer oposición constructiva y dejar que cada uno haga su papel.
–¿Hasta cuándo los ERTE?
–Tienen que durar hasta el final de la pandemia, como mínimo. Parece que el horizonte más razonable es a final de año. Yo creo que no tendría ningún sentido, después del camino tan largo que hemos recorrido, arriesgarnos a perder empleo por no prorrogarlos un poquito más de tiempo. Después de todo lo gastado, el coste de los ERTE ya es plenamente asumible por el Estado. Aquí me gustaría resaltar el papel que hemos realizado los sindicatos, que desde el principio de la pandemia defendimos que el camino no eran los despidos masivos ni los cierres de empresas, sino dormir la economía.
–¿Podemos estar tranquilos con el futuro de las pensiones?
–Creo que sí. Las personas que están trabajando y piensan jubilarse, deben tener una tranquilidad absoluta. El sistema de pensiones no va a caer. La gente que lo dice es la misma que lo decía hace 25 años. Quienes tengan más edad recordarán los estudios que salían hace tiempo, cuando el ministro de Economía era Carlos Solchaga, que ponían fecha a la caída del sistema de pensiones. Con este acuerdo que hemos alcanzado, estamos ante un sistema que puede hacer frente en los próximos años al pago de las pensiones, salvo que venga otra catástrofe como la que hemos vivido de la Covid. No obstante, tenemos todavía pendiente la segunda parte de la negociación, en la que hay que garantizar la recaudación por parte de la Seguridad Social. El Estado ha puesto recientemente 14.000 millones de euros por los gastos impropios de la Seguridad Social. Si seguimos en esa línea de que el Estado cubra gastos, de destapar las cotizaciones de manera paulatina y de subir el SMI, vamos a tener muy pronto una Seguridad Social en números negros en lugar de números rojos.
–Pronto llegarán, se supone, los fondos de la UE para transformar la economía tras la pandemia. Existe cierta sospecha de que el dinero se lo quedarán unas pocas grandes empresas. ¿Qué harán los sindicatos para garantizar que esto no ocurra?
–Es cierto que es un riesgo que existe, por eso hay que hacer las cosas muy bien. En primer lugar, vamos a exigir al Gobierno la máxima transparencia. No me estoy refiriendo tanto a que tenga sospechas de que va a haber una gestión inadecuada de los recursos económicos. Sinceramente, no pienso que vaya a ser así. Pero debe visualizarse muy claramente cómo se van a repartir esos recursos de todos los europeos y qué se va a hacer exactamente con ellos. Tenemos canales de comunicación permanentes con la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que nos prometió que íbamos a tener participación a la hora de tomar las decisiones. Pero, por el momento, no conocemos los planes presentados por las empresas ni los de las comunidades autónomas. Tampoco los gobiernos regionales han dado participación a nuestras organizaciones en sus respectivos territorios. En ese sentido, vamos a mantener una posición de exigencia. Los proyectos de las comunidades autónomas tienen que coordinarse, para que no las tengamos a todas planteando lo mismo en los mismos sectores. No en todos sitios se puede producir hidrógeno verde. En septiembre pediremos al Gobierno que nos informe de cómo va el proceso. Nuestro deseo es que los fondos de la UE sirvan de verdad como espoleta de transformación económica y productiva del país.
–En la economía murciana tienen mucho peso la agricultura y el turismo, dos sectores afectados por la temporalidad que, como antes ha dicho, quieren combatir. ¿Cómo ve la Región desde el punto de vista laboral?
–Si tenemos en cuenta que Murcia tiene un 19% de trabajadores en el SMI, creo que tiene mucho margen para mejorar. Tenemos muchos convenios paralizados, entre ellos el de la hostelería, y algunos con la propia Administración, como el de los bomberos forestales. Luego está el campo, donde no solo existen unos salarios muy bajos, sino unas condiciones de trabajo y de vida bastante mejorables. Lamentablemente, esta tierra es demasiadas veces noticia por sucesos relacionados con la explotación laboral. Los fondos europeos pueden hacer un trabajo muy importante en Murcia desde el punto de vista de la digitalización y mejora de los procesos productivos.
–¿Le preocupa que esta tierra sea granero de votos de Vox?
–Me preocupa Vox en general. Y que tenga un alto porcentaje de voto en una región como Murcia, donde tanta gente sufre. En todo caso, creo que no tenemos que mirar tanto lo que hace Vox, sino lo que hacemos el resto. La mejor vacuna contra la ultraderecha es defender los derechos de las personas, con medidas como subir el SMI. Hay que desenmascarar a quienes se dirigen a la gente que peor lo pasa y que luego quieren privatizar los servicios públicos y las pensiones.
–Fue un día especialmente duro para mí, por la mortandad de peces. Lo que más me sorprendió es que, sabiendo de donde entra la contaminación, no se ponga coto. La rambla del Albujón es claramente una fuente de vertidos y nadie hace nada. Vivimos una situación medioambiental en el conjunto del planeta francamente durísima. El cambio climático ya está aquí. No se puede solo luchar para revertirlo, sino que debemos poner también los medios para que las crisis que provoca se puedan paliar. En el caso del Mar Menor, podemos convertirlo en un icono de que el cambio climático se puede revertir. Es muy importante que tengan éxito estas personas que trabajan para poder llevar esas 500.000 firmas al Parlamento y plantear una iniciativa legislativa popular (ILP) con el fin de dotarlo de personalidad jurídica. Me parece una iniciativa muy novedosa que hará que los que contaminan se lo piensen dos veces. Por eso pido a la gente que firme. Nosotros haremos una campaña por todo el país para recoger las firmas. No es nada fácil, se lo digo por experiencia, reunir 500.000 firmas.
–Es que al final siempre es la ciudadanía la que obliga a las administraciones a ponerse las pilas. En el caso del Mar Menor, las responsabilidades están muy definidas, pero es muy habitual en un Estado autonómico como el nuestro que las administraciones se pasen la pelota continuamente con los problemas. UGT se implicará para que Mar Menor no se vea como una cosa exclusiva de Murcia, sino como un asunto de importancia nacional.
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