Unanimidad en la Asamblea para pedir la regulación de profesionales y clínicas que hacen operaciones de estética
El Parlamento autonómico aprueba modificar los Presupuestos para pagar 42.713 euros más a los centros concertados y equiparar los salarios de los docentes a lo que marca el Estado
la verdad
Murcia
Miércoles, 6 de julio 2022, 09:44
La Asamblea Regional aprobó este miércoles por unanimidad una moción del PP para pedir al Gobierno nacional una regulación de los profesionales y de las clínicas que hacen operaciones de estética. La iniciativa surge tras la muerte en Cartagena de Sara Gómez a petición de sus familiares. La diputada del PP Mari Carmen Ruiz pidió en todo momento «unidad» al resto de los grupos parlamentarios. «Solicitamos contar con todas las herramientas y mecanismos para que lo que le ocurrió a Sara no vuelva a suceder. Es el momento de dar ejemplo», indicó durante su intervención.
Los populares piden al Gobierno que establezca una distinción entre la cirugía plástica y otro tipo de cirugías reparadoras. «Este tipo de cirugía debe realizarse con total seguridad. Y se debe desarrollar un plan nacional de pseudoterapias», reclamó Ruiz.
Independientemente de las peticiones realizadas al Ministerio de Sanidad por parte de los populares, desde el PSOE María Hernández exigió también controles por parte de la Comunidad Autónoma. Los socialistas pidieron a través de una enmienda de adición un plan contra las pseudoterapias y la publicidad que se hace de estas a través de las redes sociales.
Los familiares de Sara no pudieron seguir el Pleno 'in situ' por las obras que se están realizando en el parlamento regional. La diputada de Podemos María Marín aprovechó su intervención para solicitar al presidente de la Cámara que se agilicen los trabajos. «Los familiares de Sara agradecerían enormemente poder estar siguiendo este debate desde dentro de la Asamblea», dijo, a lo que Alberto Castillo le contestó: «Este presidente tiene más ganas que nadie de estar en el salón de plenos antiguo».
Por parte del Grupo Mixto, también intervino el diputado de Ciudadanos Juan José Molina, que expuso que en febrero se dirigieron a la Consejería de Salud para preguntar por la regulación de este tipo de prácticas. «La respuesta que se nos dio es que se había editado un cartel que certificaba si un centro estaba o no habilitado para realizar operaciones de estética. Aquí hay algo que falla. Dudo mucho que el centro al que fue Sara tuviera ese cartel y que los centros sanitarios de este tipo estén registrados», dijo.
El portavoz del grupo parlamentario liberal, Francisco Álvarez, aseguró que la regulación de la cirugía plástica afectaría a unas 400.000 operaciones anuales en toda España. Sobre las pseudoterapias, puntualizó que « son incompatibles o erróneamente sustitutivas de las recomendadas por los especialistas, por lo que se hace necesario que los poderes públicos pongan todo cuanto esté en su mano para que la información de los ciudadanos sea la máxima, fomentando un pensamiento crítico que evite posibles manipulaciones, así como promover una vigilancia sobre esta especie de curanderos».
Desde Vox, Francisco José Carrera de la Fuente señaló que 8 de cada 10 procedimientos estéticos no se realizan por médicos especialistas. «Estas operaciones de estética se han convertido en una combinación de codicia, ignorancia y nula preparación por lo que le pase al paciente. Es necesaria una regulación», solicitó.
Más de 40.000 euros más para centros concertados
El Pleno de la Asamblea Regional aprobó, con la abstención de los diputados de Podemos, una modificación de los Presupuestos regionales para pagar 42.713 euros más a los centros concertados con el fin de que sus docentes cobren lo que marca el Estado.
La modificación se realizó por el procedimiento de lectura única y la presentó la consejera de Educación María Isabel Campuzano. Según explicó, «se trata de un mero trámite administrativo. Los módulos económicos de distribución de los fondos públicos para el sostenimiento de los centros concertados se deciden en la ley de Presupuestos del Estado y después las autonomías tienen que hacer su regulación».
Campuzano expuso que la distribución que fije la autonomía «nunca puede ser menor a la que ha establecido el Estado». En ese sentido, confirmó que había un «desajuste» en dichos módulos de 42.713 euros. A raíz de detectarse el fallo, la Inspección del Estado comunicó a la Comunidad que se debía proceder al ajuste. «Lo preguntamos a la Mesa de la Asamblea y se nos informó que la mejor forma de hacerlo era a través de este proyecto de ley de modificación», dijo.
Por parte de los grupos parlamentarios, la socialista Gloria Alarcón considera que esta modificación podría haberse hecho en los Presupuestos regionales antes de su aprobación el pasado 24 de enero, ya que los Presupuestos del Estado se aprobaron a finales de diciembre. «La consejera casi tuvo un mes para acomodar los precios a lo que marca la ley», advirtió, al tiempo que sostuvo que esta circunstancia se debe a «ignorancia, desidia, opacidad y falta de interés».
Desde el Grupo Mixto, el diputado de Podemos Rafael Esteban piensa que con la modificación de la ley en el Pleno de la Asamblea Regional «se trata de llamar la atención de su clientela, la educación concertada. Se hacen todos los días modificaciones de crédito y esta se ha seleccionado este mes por algo, para traer uno de los temas que a ustedes les interesa».
También por parte del Grupo Mixto, el diputado de Ciudadanos Juan José Molina apuntó que aunque no tienen nada que objetar, «se podría modificar el Presupuesto regional para subsanar otros errores como el despido de los profesores de refuerzo del Covid».
La diputada del PP María Dolores Valcárcel aseguró que los docentes son «la piedra angular de nuestro sistema educativo» y considera que en la Región se está construyendo un modelo educativo basado en la libertad. Por último, el diputado de Vox Juan José Liarte añadió que cuando se conoció el error, «se ha subsanado cuando se ha tenido oportunidad».
