Penas mínimas a seis miembros de una banda de traficantes de 'coca'
La Audiencia accede a suspender la condena a cinco de ellos con el requisito de que no vuelvan a delinquir en dos años
Seis integrantes de una banda de traficantes han sido condenados a penas de entre veinte y nueve meses de prisión, cada uno, tras reconocer ante ... el juez que se dedicaron, entre 2008 y 2009, a la venta de cocaína. Los procesados, que están siendo defendidos por los abogados Pablo Martínez, Mariano Bo y Pablo Pérez Sola, entre otros, afrontaban penas de hasta siete años y medio de cárcel por cabeza, pero alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía que, tras asumir los cargos, redujo notablemente sus condenas. Las defensas solicitaron la suspensión de las condenas de cinco de los procesados y la Sala ha accedido, lo que les evitará el ingreso en prisión.
Los hechos que sustentan esta condena se remontan a noviembre de 2008 cuando un juzgado de Molina de Segura acordó el 'pinchazo' de los teléfonos de varios de los investigados. Estas pesquisas destaparon que a inicios de septiembre de 2009 los acusados Raúl P. y Francisco A. se encontraban en conversaciones para comprar un alijo de drogas que vender más tarde al menudeo. Para ello, según recoge la sentencia, contactaron con el también procesado Rafael R., un vecino de la localidad alicantina de Villena que trabajaba junto a Raúl P. vendiendo cocaína.
Las vigilancias policiales captaron el 12 de septiembre de 2009 a Francisco A. entrevistándose con Rafael R. en Villena y cómo éste le hace entrega de una bolsa de cocaína. Las pesquisas continuaron destapando los pasos de los miembros de esta banda, que siguieron, en los días posteriores, intercambiando alijos de cocaína.
La fiscal, a la hora de sellar este pacto, tuvo en cuenta los importantes retrasos que ha sufrido esta causa y les aplicó una atenuante de dilaciones indebidas, además de otra de drogadicción. A uno de los procesados se le aplica, además, un agravante de reincidencia.
Los abogados defensores solicitaron la suspensión de las condenas impuestas a los miembros de la organización. El tribunal, al no negarse la Fiscalía, acordó la suspensión de las penas con el requisito de que los procesados no vuelvan a delinquir en el plazo de dos años.
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