La parte contratante de la primera parte...

Valcárcel no participó en las reuniones del Ente Público del Agua (EPA), organismo que él mismo impulsó; una tarea que dejó al exconsejero Antonio Cerdá y ex altos cargos de la Comunidad, de ahí que las decisiones que se tomaron implicaban a sus antiguos colaboradores en tanto que figuraban en las actas de los consejos de administración. Sobre estos recae el foco de la primera pieza de la investigación sobre supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Otra cosa es el grado de conocimiento que tuviera Valcárcel de la operación, o su participación en los acuerdos tomados en Consejo de Gobierno en torno a la EPA y la desaladora. Estos elementos son aislados e insuficientes para la juez, y en cualquier caso no fueron dolosos e injustos cuando se adoptaron como para actuar contra el expresidente. En resumen, la Fiscalía y la acusación no han ofrecido indicios suficientes, en la parte que les corresponde, según la resolución judicial.

Desde el momento en el que la Fiscalía lo puso en el punto de mira, Valcárcel dijo que la decisiones las tomaba el EPA, algo que sin duda le sentó mal al exconsejero Antonio Cerdá, que se está 'comiendo este 'marrón', junto a otros de aquella etapa de gobierno del PP.

En paralelo a la deriva judicial (con la pasmosa lentitud de la Justicia), está pendiente la causa por supuesto delito contable. Hace un año, el Tribunal Supremo obligó al Tribunal de Cuentas a reabrir la investigación que había archivado de forma precipitada dos años antes, cuando dijo que no había delito económico y que ningún ex alto cargo debía devolver dinero. Después de que LA VERDAD levantara la liebre informando de que esta desaladora, si no se remedia, le costaría casi 600 millones de euros a la Comunidad al final del tiempo de vigencia del acuerdo con el grupo ACS, Valcárcel se fue a ver a Florentino Pérez, el dueño de la empresa, para resolver 'el problema', ya que las arcas regionales no podían pagar ese 'contrato leonino'. Florentino le ofreció la planta a la Comunidad por 150 millones de euros, relató el propio Valcárcel.

A todo esto, la desaladora de Escombreras está funcionando y podría ser menos gravosa para la Comunidad si se duplica su capacidad de producción. Pero quién se atreve, con la judicialización del caso.

Lo que inició Cristina Narbona, paralizando hace 15 años las obras de Puerto Mayor, quiere acabarlo ahora Teresa Ribera regenerando la zona. Acertado en ambos casos. Dicho esto, no sería de recibo que se repita el fiasco de la bahía Portmán, cuya recuperación no termina de ver la luz. Aunque se trata de desafíos de diferente envergadura, el precedente de Portmán invita a la cautela, como señala la Consejería de Fomento. Esta última, no obstante, debería actuar con más diligencia para liberar esos terrenos y que reviertan pronto al Estado. El Ministerio ha pasado a la acción para eliminar los restos de la frustrada dársena deportiva y recuperar los valores medioambientales de la zona. Que no se detenga.