Pacto por el Mar Menor, ANSE y Ecologistas critican el acuerdo entre Fiscalía y defensa en el primer juicio del 'caso Topillo'
Consideran que la pena de un año de prisión y una sanción de 18.000 euros a un empresario agrícola por el vertido de nitratos se queda corta y temen que afecte a otras causas y a la protección de la laguna y del medio ambiente
La plataforma ciudadana Pacto por el Mar Menor, la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y Ecologistas en Acción han criticado el acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y el acusado en el primer juicio del 'caso Topillo', que se saldó el martes con la condena a un año y un mes de prisión y el pago de 18.000 euros a un empresario agrícola de Cartagena por verter al Mar Menor 68.061 metros cúbicos de aguas con nitratos y salmuera desde una desaladora ilegal.
«La pena pactada entre la Fiscalía y la defensa ha resultado ser de muy escasa cuantía, con lo que ha perdido su carácter ejemplarizante y disuasorio para evitar que se repitan este tipo de delitos contra el medio ambiente y la conservación del Mar Menor en particular. Las agresiones al medio ambiente no pueden ser delitos de importancia menor, por lo que lo ocurrido en el Mar Menor requiere la aplicación de circunstancias agravantes cualificadas y no acuerdos irrisorios», argumentaron desde Pacto por el Mar Menor sobre el acuerdo en el Juzgado de Lo Penal 3 de Cartagena.
El colectivo espera «que esta sentencia no sirva de precedente para el resto de asuntos del 'caso Topillo' [hay investigadas unas ochenta empresas] pendientes de juicio, ya que sería nefasto para el futuro cumplimiento de la ley y la recuperación del Mar Menor». «También estamos seguros de que, de haberse podido aplicar la ley de Personalidad Jurídica del Mar Menor, la sentencia obtenida en este caso habría sido muy distinta. Recordemos que esta ley aún no había sido aprobada cuando se inició el caso Topillo, por lo que el Mar Menor no ha podido personarse como acusación particular en estos juicios», concluyeron desde Pacto por el Mar Menor.
Para Ecologistas en Acción, «esta sentencia es un claro mensaje positivo a los que destruyen el medio ambiente y los recursos naturales con la inestimable colaboración del Gobierno Regional; la cantidad es insignificante para el daño infligido, ya que una desaladora cuesta más que la sanción impuesta». «Esperamos que las siguientes sean más justas, contundentes y ejemplarizantes, para que disuada a los que, saltándose la ley, pretendan causar daño al medio ambiente», añadieron en Ecologistas.
La Asociación de Naturalistas del Sureste lamenta el acuerdo de conformidad, aunque valora el hecho de que haya una primera condena por la contaminación de la laguna. «Nos preocupa mucho que esta sentencia abra la puerta a pactos generalizados con penas blandas en el resto de casos», indicaron fuentes de la asociación.
Comunidades de regantes y Gobierno regional
«También tememos que esta sentencia facilite que numerosas personas que han cometido delitos de contaminación de las aguas y del Mar Menor sigan en entidades de derecho público, como algunas comunidades de regantes. Estas son responsables de la gestión del agua y también lo han sido en mirar para otro lado y/o apoyar las ilegalidades», indicaron desde ANSE. El primer condenado por el 'caso Topillo', Francisco Roca León, es titular de una empresa agrícola de La Puebla y, además, presidente de la Comunidad de Regantes Isidoro García Ráez.
En todo caso, ANSE considera positiva la sentencia en cuanto a que «culmina la investigación abierta por la Fiscalía con el apoyo de organizaciones como ANSE, que aportó información básica como mapas del salmueroducto y datos sobre desalobradoras ilegales y puntos de vertido». Además, «sirve para acallar a aquellas entidades que, desde el sector agrícola, siguen negando su contribución a la contaminación del acuífero del Campo de Cartagena y al Mar Menor».
Igualmente, ANSE afirma que el fallo judicial «debería obligar al Gobierno regional al desmantelamiento definitivo de todas las infraestructuras ilegales que han contribuido a las prácticas ilegales de la agricultura intensiva durante tantos años«.
Podemos y PSOE ya mostraron su disconformidad con el acuerdo en términos similares a los de vecinos y ecologistas. Por el contrario, la Fiscalía defiende el pacto, desde el punto de vista legal y de su carácter positivo en la defensa del Mar Menor y del medio ambiente. El Ministerio Público entiende que lo importantes es que «esta es la primera condena por la contaminación del Mar Menor»; que el procesado «reconoció los hechos imputados, un precedente positivo»; que la indemnización se basa en el cálculo del perito forense; y que en otras causas se acusará por imprudencia con dolo y, a modo de ejemplo, se pedirán hasta siete años de cárcel e indemnizaciones de hasta 500.000 euros.
