La Comunidad espera recuperar hasta 20 millones por las condenas del 'caso Topillo'
Exigirá los costes de restaurar el Mar Menor a particulares y empresas agrícolas que tengan responsabilidad penal por vertidos de nitratos
La Comunidad Autónoma espera poder recuperar en juzgados y tribunales 20 millones de euros en concepto de reparación por los altos costes que le ... están suponiendo sus medidas de restauración ecológica del Mar Menor y la cuenca vertiente. Al igual que hizo anteayer en el primer juicio del 'caso Topillo', donde hay cerca de ochenta investigados (en dos fases) por el vertido de aguas con nitratos y salmuera desde desaladoras ilegales, la Administración regional se personará como perjudicada en las vistas orales contra particulares y empresas del sector agrícola.
Según recordaron ayer a LA VERDAD fuentes del Gobierno regional, «la Comunidad está personada en los juicios como perjudicada para reclamar por los perjuicios sufridos» por ella «en la recuperación del Mar Menor, como consecuencia de esas actuaciones ilegales, cuya cuantía se estima en cerca de 20 millones de euros de forma global». Se trata de «mitigar y reparar el daño medioambiental causado en el Mar Menor y en su entorno protegido, cuya recuperación y regeneración suponen un elevado perjuicio también en términos económicos para las arcas públicas».
La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, que dirige Juan María Vázquez, está realizando un «trabajo de concreción, con estudios y análisis técnicos, para cuantificar de forma individualizada el perjuicio» causado por cada investigado. Los Servicios Jurídicos de la Comunidad podrán, así, «proceder a su reclamación en los procesos penales que todavía están abiertos contra otras empresas», indicaron en la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, que tiene al frente a Marcos Ortuño.
Cálculos «individualizados»
En el juicio del martes, la letrada autonómica expuso que la Comunidad se reserva la acción civil contra el acusado, Francisco Roca León, a la espera de que se «individualizara» su responsabilidad en términos económicos. Esta cantidad se sumará a la indemnización de 17.252,08 euros y a la multa de 1.500 euros que este empresario agrícola de La Puebla (Cartagena) deberá abonar al Estado, tras haberse declarado culpable de realizar vertidos contaminantes entre 2015 y 2017. Lo hizo en el juzgado de Lo Penal 3 de Cartagena, donde aceptó también una pena de un año de prisión por un delito contra el medio ambiente por imprudencia grave, tras un acuerdo con la Fiscalía. Esta rebajó su petición en 11 meses.
Medio Ambiente calcula el «perjuicio» causado presuntamente por cada investigado, para «asegurar» la regeneración de la laguna
En la Consejería de Presidencia recordaron que «el inicio de esta acción civil se produjo por acuerdo del Consejo de Gobierno del 30 abril de 2020, cuando se tuvo conocimiento de la apertura de diligencias previas por la presunta comisión de delitos contra el medio ambiente». El Gobierno regional aprobó «la personación de la Comunidad en concepto de perjudicada por los costes asumidos por la Administración regional en mitigar y reparar el daño medioambiental causado en el Mar Menor y en su entorno protegido». Ello, porque su «recuperación y regeneración suponen un elevado perjuicio también en términos económicos para las arcas públicas».
Ocho sanciones aparte
Añadieron que cuando el juzgado de Instrucción 2 de Murcia dividió la causa principal en tantas como encausados, por orden de la Audiencia Provincial, «se requirió a la Comunidad que procediese al reparto de la cifra global reclamada entre los diferentes procesos judiciales». Así, se puede «reclamar la parte correspondiente a cada encausado, determinando cómo su acción ha repercutido en el Mar Menor y el gasto que tuvo que soportar la Administración regional» por ello.
En la Consejería subrayaron que «la transcendencia del ejercicio de acciones civiles en estos procesos penales radica en la implicación decidida y firme del Gobierno regional de asegurar la recuperación del Mar Menor y la depuración de perjuicios al público, por los costes en los que la administración ha incurrido».
También aclararon desde la Comunidad que estas reclamaciones judiciales son distintas a las exigidas a través de expedientes de aplicación de la Ley de Responsabilidad Ambiental. En ellos, la Comunidad ha impuesto a siete empresas el pago de cantidades que suman más de tres millones de euros «por el principio de quien contamina, paga». El TSJ ordenó abrir los expedientes, previa petición de la Fiscalía.
Podemos critica a la Fiscalía y esta destaca «la primera condena»
Podemos criticó ayer con dureza el acuerdo entre la Fiscalía y el acusado en el primer juicio del 'caso Topillo'. La diputada María Marín ve un «apaño judicial que librará de la cárcel al empresario, que vertió 68.000 metros cúbicos de nitratos al Mar Menor». «Es una tomadura de pelo» el pacto por el que «Francisco Roca pagará 25 céntimos por cada litro vertido», dijo. Y vinculó este pacto con el de la Fiscalía y siete empresarios que evitarán la cárcel pese a haber pagado por tener sexo con menores. «Después de la vergonzosa sentencia a la red de empresarios pederastas, este nuevo apaño judicial nos preocupa y nos indigna. La gente tiene la impresión de que en la Región de Murcia todo les está permitido a los más poderosos», afirmó. Fuentes de la Fiscalía destacaron que lo importante es que «esta es la primera condena por la contaminación del Mar Menor»; que el procesado «reconoció los hechos imputados, un precedente positivo»; que la indemnización se basa en el cálculo del perito forense; y que en otras causas se acusará por imprudencia con dolo y, a modo de ejemplo, se pedirán hasta siete años de cárcel e indemnizaciones de hasta 500.000 euros.
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