Los litigios entre Acciona y Marco-Ciomar frenan de nuevo los trabajos en Portmán

«No nos iremos de aquí sin tener resuelta la descontaminación de Portmán; se va a culminar, porque una vez que se lanza un proyecto de este tipo ya no se detiene», explicó a los vecinos el secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán en mayo de 2019, durante una visita a la localidad 30 días después de que su departamento paralizara las obras de regeneración de la bahía, justificada entre otras cosas por una sentencia de la Audiencia Nacional.

Casi dos años después, la reanudación de las obras no se vislumbra a corto plazo, puesto que el Ministerio de Transición Ecológica tiene todavía pendiente convocar la redacción del nuevo proyecto de regeneración. Además, persiste un largo y complejo litigio judicial entre las uniones temporales de empresas (UTE) Acciona-OHL-Continental y Marco-Ciomar, que quieren percibir una indemnización por daños, perjuicios y lucro cesante.

Y esta lucha en los tribunales, según fuentes jurídicas consultadas, «va a ser larga, porque hay asuntos abiertos en el Supremo sobre la regeneración de Portmán y ni siquiera ha habido una medida cautelar o una providencia referida a cualesquiera de ellos».

Para entender la complejidad de lo que se dirime en los tribunales, hay que recordar que la sentencia de la Audiencia Nacional de febrero de 2019 exigía al Ministerio la «retroacción de las actuaciones del procedimiento de contratación al momento de puntuación» de las ofertas de Acciona-OHL-Continental y Marco-Ciomar. Es decir, que siendo adjudicataria y ejecutora de las obras Marco-Ciomar en 2016, la Justicia dio la razón a Acciona en 2019 y ordenó volver a puntuar sus respectivas ofertas.

Eso ha llevado a una continua cascada cruzada de escritos y demandas judiciales de ambas UTE, el primero de Acciona ante la propia Audiencia, para que se le declarara «legítimo adjudicatario del contrato» sin esperar a una nueva puntuación de las ofertas. Un segundo de Marco-Ciomar, que recurrió en casación ante Tribunal Supremo «para que no se volviese a adjudicar el proyecto», y el último, de la misma UTE, para exigir una indemnización al Ministerio por estar las obras paralizadas «más de un año», indicaron las fuentes jurídicas. Y, en medio de esta maraña de procesos, se encuentra el Ministerio, que es parte en todos los asuntos judiciales que se dirimen.

En el caso de que los tribunales fallasen a favor de una nueva adjudicación del proyecto original, o incluso que ordenaran que una de las dos UTE reanudara las obras paralizadas, los planes de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente pasan por «redactar un nuevo proyecto, ante las deficiencias técnicas halladas en el anterior». Eso significa, «prácticamente seguro», aseguran fuentes jurídicas, que el Ministerio debería «indemnizar» a la firma que salga vencedora del litigio, por no poder concluir las obras.

En el Ministerio se muestran «muy cautelosos» por la deriva en los tribunales de la regeneración de la bahía, pero, según fuentes ministeriales, «la voluntad de sacar adelante el nuevo proyecto es firme pese a todos los inconvenientes».

Temas

• Bahía de Portmán