La Fiscalía acusa al alcalde de Abanilla y a dos funcionarios de permitir que un auxiliar desviara 131.000 euros

El desfalco de 131.404 euros del Ayuntamiento de Abanilla cometido presuntamente por un auxiliar administrativo del área de Intervención, que habría desviado el dinero a sus cuentas bancarias, ha acabado salpicando al alcalde. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha presentado una demanda dirigida no solo contra el citado funcionario, como supuesto «responsable contable directo» del desvío de fondos públicos en el año 2023, sino también contra el regidor, José Antonio Blasco (del Partido Popular), y otros dos trabajadores municipales: la extesorera y el exinterventor, que ocupaban sus puestos en el momento de los hechos.

Así lo confirmó ayer el primer edil a LA VERDAD, quien negó haber cometido irregularidades; destacó que no se trata de una causa penal, «sino que pertenece al ámbito civil»; señaló que los servicios jurídicos del Consistorio abanillero estudian el escrito del Ministerio para adoptar las medidas oportunas al respecto; y destacó que la institución municipal está personada en el Tribunal de Cuentas como perjudicado por el 'agujero' económico y que dirige su acción contra la extesorera y el extnterventor.

Según fuentes conocedoras de la investigación, la Fiscalía ha encontrado indicios de que tanto la primera autoridad municipal como los funcionarios encargados de la Tesorería y de la Intervención cometieron una aparente «negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias propias de los cargos que desempeñaban, y, con ello, dieron ocasión a que se produjera la sustracción» de los 131.404 euros.

«Ni el interventor ni el alcalde, en el ejercicio de las funciones ya dichas, ejercieron ninguna supervisión o control de las actividades del auxiliar administrativo», sostiene la Fiscalía. Y menciona también a la antigua tesorera, que tenía las competencias de «manejo» y «custodia de fondos» en la Corporación local, en especial en lo relativo a «los cobros y los pagos», de acuerdo con la normativa vigente.

«Estoy sorprendido por la postura adoptada por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, porque dirige la acción contra mí. Pero estoy muy tranquilo, tengo la conciencia muy tranquila. En ningún momento consentí ni oculté ningún comportamiento irregular del auxiliar administrativo ni de ningún otro empleado municipal. Al contrario, en cuanto tuve conocimiento de la existencia de un posible desvío de dinero, cuya gestión era una responsabilidad del interventor y de la tesorera, presenté una denuncia ante la Guardia Civil», indicó Blasco a este diario.

El alcalde señaló que el auxiliar administrativo fue, posteriomente, suspendido de empleo y sueldo, una situación en la que continúa. Y subrayó que, como consecuencia de su denuncia ante la Benemérita, hay una causa abierta contra el auxiliar en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cieza. Este órgano le investiga por apropiarse supuestamente de fondos, aprovechando su labor en el área de Intervención.

El regidor indicó que, de acuerdo con la información recabada por el Consistorio, el desfalcó tuvo lugar «en apenas nueve meses, entre marzo y diciembre de 2023», al inicio de su segunda legislatura (el Partido Popular gobierna con mayoría absoluta).

Según la investigación contable, en al menos una decena de ocasiones el auxiliar habría falsificado facturas correspondiente a seis contratistas municipales y habría derivado el dinero de los pagos a sus cuentas bancarias. Habría empleado el programa informático de gestión municipal para alterar los números de cuenta a los que el Ayuntamiento debía hacer los ingresos por los servicios contratados.

El alcalde afirmó desconocer el destino del dinero, «más allá de que el auxiliar declaró públicamente», en un portal digital, que destinó el dinero a «satisfacer presuntas adicciones».

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