Una firma chatarrera impugna la subasta en la que se adjudicó La Diosa a los extrabajadores

Una de las protestas que realizaron los empleados de Conservas Fernández, en Calasparra, en una imagen de archivo. / G. CARRIÓN / AGM
Una de las protestas que realizaron los empleados de Conservas Fernández, en Calasparra, en una imagen de archivo. / G. CARRIÓN / AGM

Presentan una demanda por incidente concursal en la puja por la empresa conservera tras constatar que la oferta ganadora no consignó el 5% del valor del lote que marca la ley

Zenón Guillén
ZENÓN GUILLÉN

Los antiguos trabajadores de Conservas Fernández, en Calasparra, están encontrándose con más obstáculos de los esperados en el camino para volver a poner en marcha la emblemática industria, tras hacerse con la fábrica de la clásica marca La Diosa en la subasta judicial desarrollada en octubre, dentro del concurso de acreedores de la mercantil. El interés de otra firma murciana por adquirir la maquinaria de la planta en el procedimiento de puja ha abierto una batalla en los juzgados que por el momento es favorable a ellos, aunque todavía está por ver si no hay sorpresas de última hora.

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Murcia debe resolver ahora una demanda por incidente concursal presentada por dicha firma del sector de la chatarra, que participó en el procedimiento público para hacerse con los equipos. Hay que tener en cuenta que con anterioridad esta misma mercantil intentó ya sin éxito la declaración de nulidad de la subasta de dicho lote en favor de Great Market Excellence SL -denominación de la empresa ganadora-, basándose en el hecho de que se «vulnerase lo previsto en los artículos 647 y 669 de la LEC (Ley de Enjuiciamiento Civil), en tanto que el mejor postor de la misma no procedió al preceptivo depósito del 5% del valor de los bienes», lo que hubiera supuesto una cantidad de 957.364,26 euros.

Con todo, en la providencia emitida por el juzgado el pasado 20 de noviembre se desestimó la pretensión de nulidad, en tanto entiende que no se había vulnerado derecho fundamental alguno. Una decisión que no era susceptible de recurso.

El valor total de los bienes asciende a 19,1 millones, que incluye la fábrica, la maquinaria y las marcas

Ante esta circunstancia, procedieron a formular el día 26 del mismo mes la demanda incidental en el concurso, en la que se pide que se deje sin efecto la puja. Esta nueva solicitud de impugnación se registró, precisamente, antes de la notificación del propio decreto de adjudicación de la totalidad de los bienes por parte del órgano judicial, el día 29, lo que creen que debería impedir la adjudicación definitiva hasta que sea firme el referido decreto. Igualmente, se formuló un recurso de revisión, aunque no tiene efectos suspensivos, y que junto a la primera demanda deberá resolver lo que califican de «graves deficiencias» en la subasta.

Error «contradictorio»

Los demandantes entienden en sus motivaciones que en la información general contenida en el edicto de la subasta electrónica, a instancias del juzgado, en el que figuraba que el valor total del bien era de 19.147.285,27 euros, se produce «un error» a la hora de pedir el montante económico del depósito necesario para concurrir en la venta, al requerir finalmente solo un 5 por mil del valor dado a los bienes -95.736,42 euros-, en lugar del 5% conforme a lo legalmente establecido. Un hecho que califican de «contradictorio».

Antonio Huertas, administrador de la ganadora, Great Market: «Todo se hizo correctamente»

Y aunque reconocen que es cierto que la mejor oferta por Conservas Fernández se realizó el día 1 de octubre, a las 22.38 horas, por un importe de 132.100 euros, a cargo de la sociedad que administra Antonio Huertas -consultor que hace cabeza del proyecto empresarial que agrupa a los extrabajadores calasparreños-, también entienden que dicho postor que compareció «no debió de hacerlo nunca», en tanto que lo consignado no fue la cantidad del 5%, que obligaría a un depósito de casi un millón de euros, sino que lo hizo con el 5 por mil, debido a lo «erróneo del edicto».

En declaraciones a 'La Verdad', Huertas se muestra confiado en la Justicia, ya que «se ha realizado todo correctamente». Y cree que «hay oscuros intereses para obstaculizar nuestros proyecto empresarial».

El único inmueble de la conservera es una finca con una superficie de 56.839 metros cuadrados, donde está la fábrica, ubicada en la carretera de Caravaca, en el paraje El Pozuelo del municipio arrocero. Está valorada en 9,1 millones de euros, aunque responde por un total de 8.507.119,01 euros en el importe del total de la responsabilidad hipotecaria. Por su parte, la maquinaria, que fue valorada en 5.203.700 euros, salió a subasta libre de cargas reales, pero embargada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, en el proceso penal seguido contra el administrador social de la concursada y otros, aunque en su caso era cancelable en el concurso de acreedores. Y en relación a las seis marcas en propiedad, están valoradas en 4.786.846,48 euros, sobre las que el Instituto de Fomento de la Región (Info) tiene constituida a su favor hipoteca mobiliaria sobre cuatro de ellas para responder de un montante de 3.221.917 euros, a raíz de las ayudas públicas concedidas en su momento.

Comunicación al Info

La implicación de este organismo público dependiente de la Comunidad llevó a los demandantes a enviar una comunicación al Info advirtiéndoles de lo ocurrido en la subasta y pidiéndoles que lleven a cabo las acciones judiciales o administrativas necesarias para proteger la integridad del crédito que tiene en la conservera.

Por otra parte, las entidades Bankia (Banco Mare Nostrum y Banco de Valencia), Rabobank, Banco Santander (incluido el Popular), BBVA y Banco Sabadell son los titulares de la hipoteca inmobiliaria que grava el inmueble donde se ubica la fábrica para responder de un total de 8.507.119,01 euros (principal de 6.220.095,60 euros; 545.396,64 euros de intereses remuneratorios; 1.119.617,21 euros de intereses de demora; 186.602,87 euros para prestaciones accesorias; y 435.406,69 euros para costas y gastos). Así se recoge en el plan de liquidación del administrador concursal.

Eso sí, Conservas Fernández tiene la condición de «garante no deudora», dado que los créditos que se garantizan con estos derechos reales son a cargo de otra compañía, Mediterra Alimentación SL, a la sazón propietaria del 100% del capital social de Halcón Foods SAU, en concurso, que a su vez es la dueña de todas las acciones de la concursada, que adquirió en el año 2009 con los avales públicos otorgados por el propio Info. Por otra parte, los representantes legales de la empresa chatarrera también han procedido a informar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la situación. De hecho, este órgano ha requerido toda la documentación para analizar los hechos.

 

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