Fijado para este mes el contencioso contra el Ayuntamiento de Fuente Álamo por el contrato de la guardería

Dos años después de su ruptua total, el Ayuntamiento de Fuente Álamo y la mercantil Larena, concesionaria hasta enero de 2023 de la gestión del centro municipal de conciliación de la vida laboral y familiar, dirimirán ante un juez la conflictiva relación administrativa que mantuvieron desde que en 2021 firmaron el correspondiente contrato de servicios.

La cita será el 21 de enero, en un juzgado de lo contencioso-administrativo de Cartagena, a raíz de la demanda interpuesta por la empresa. Con el visto bueno del Consejo Jurídico de la Región, el Ayuntamiento resolvió el contrato en 2022 y procedió a una nueva licitación, que adjudicó enero de 2023 a la mercantil Salzillo Servicios Integrales por importe de 392.784 euros al año, hasta enero de 2026.

Larena, según fuentes jurídicas consultadas por esta Redacción, alegó que la resolución del contrato fue «ilegal» porque aún estaba vigente y además «existía, y aún existe, un saldo por impago de facturas de alrededor de 100.000 euros». Por su parte, el consistorio defenderá que la resolución del contrató «se ajustó a la legalidad porque los términos en los que se firmó no se estaban cumpliendo».

El enfrentamiento por la gestión del centro entre Larena y el ejecutivo local (PP y Ciudadanos entonces), se remontaba a octubre de 2021, por diferencias en la interpretación de las cláusulas del contrato respecto al número de profesionales que tenían que prestar el servicio, y el procedimiento de ingreso de las cuotas mensuales de las familias.

Una decena de trabajadoras se vieron afectadas por el conflicto, que vieron impagados parte de sus salarios. En varias mensualidades, desde finales de 2023, el Ayuntamiento ha ido abonando, en virtud de una sentencia de un juzgado de lo social, las cantidades adeudadas de forma subsidiaria.

Fue tal la trascendencia social del caso, que Salzillo, la adjudicataria del nuevo contrato, ocupó el último lugar de las siete empresas presentadas al procedimiento convocado a principios de 2022, en paralelo al inicio del expediente para la resolución del contrato con Larena.

Las seis empresas que le precedieron en el concurso rechazaron el contrato aduciendo «cuestiones técnicas», aunque la realidad era su «temor» a tener que asumir los impagos de las nóminas de las trabajadoras, según explicaron entonces fuentes municipales. Desde entonces, el servicio se ha venido prestando «con normalidad», según explicaron a esta Redacción fuentes municipales.

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