El exalcalde de Calasparra Jesús Navarro recalificó unos terrenos al marido de la juez que lo investiga

Tal y como LA VERDAD ha podido confirmar de fuentes contrastadas y de absoluta solvencia, esta juez está casada con un constructor de Calasparra que en su día se vio favorecido por la firma de un convenio urbanístico con el propio Jesús Navarro, en 2005, cuando este era el primer edil calasparreño. Gracias a ese acuerdo, el promotor y sus socios obtuvieron la recalificación urbanística de unos terrenos de más de 266.000 metros cuadrados, que pasaron de estar calificados como 'Suelo no urbanizable de grado 7 sin protección específica' a 'Suelo urbanizable sectorizado'. La urbanización que se iba a construir bajo el nombre comercial de Complejo Residencial Luganor, podría haber albergado varios cientos de viviendas.

Con el transcurso de los meses quedó de manifiesto la inviabilidad económica del proyecto, por lo que el convenio acabó decayendo, de manera que los terrenos recuperaron su condición inicial de no urbanizables. Algo que no ha impedido que finalmente hayan sido vueltos a recalificar, siendo alcalde ya en ese momento el también socialista José Vélez, después de que se hubiera metido de por medio otra mercantil. Las parcelas van a acabar acogiendo una planta conservera gracias a una autorización excepcional por razones de interés social, impulsada desde el Consistorio.

Esta magistrada es, igualmente, la que investiga la supuesta percepción irregular de unos salarios por parte del antiguo primer edil José Vélez, hoy delegado del Gobierno en la Región.

Distintas fuentes del proceso reconocieron no entender cómo la juez Moya no se ha inhibido voluntariamente de instruir estas diligencias, «por una cuestión de elemental prudencia», ante la circunstancia evidente de que su esposo se habría beneficiado de una decisión adoptada en su día por el entonces alcalde y ahora investigado Jesús Navarro. Y ello al margen de que esta circunstancia pueda ser motivo formal o no de recusación, aunque estas mismas fuentes admiten que no se han planteado por ahora utilizar esa vía para intentar apartarla de la instrucción.

En este procedimiento se investiga la presunta adjudicación ilegal de las obras de la guardería municipal de Calasparra, que fueron otorgadas en 2011 a una UTE de dos empresas gracias a su propuesta de realizar mejoras en el proyecto por un importe de 534.972 euros, a pesar de que el presupuesto global para la construcción del inmueble era de 555.924 euros. Pese a lo descabellado de la propuesta, ello no fue óbice para que el Ayuntamiento entonces presidido por Jesús Navarro se inclinara por esa oferta.

La adjudicación tuvo un mal final, ya que las obras se iniciaron en julio de 2011 y, aunque debían de estar acabadas en cuatro meses y medio, en los dos años siguientes solo se trabajó siete meses debido «a la insolvencia» de la UTE Infera & Munagar.

Cuando en abril de 2013 se constató que esa sociedad no podría finalizar nunca el proyecto, el Ayuntamiento «no tuvo empacho en liberar de responsabilidad a la empresa Munagar para que la obra la asumiera en exclusiva Infera», también con nefastas consecuencias, según relató más tarde la Fiscalía en su denuncia.

El 10 de diciembre de 2013, un juzgado de lo Mercantil declaró a Infera en concurso de acreedores, pese a lo cual el Consistorio no acordó la resolución del contrato hasta julio de 2016.

La Fiscalía Superior acabó impulsando estas diligencias por todas esas aparentes irregularidades, a las que se sumaba el hecho de que los dos arquitectos que elaboraron el proyecto fueron contratados 'a dedo', sin incoación de expediente alguno, a pesar de que la cuantía global, superior a los 33.000 euros, excedía del tope legal de 18.000 euros de los contratos menores de servicios.

El exalcalde Jesús Navarro compareció ayer en el juzgado, en calidad de investigado, pero se acogió a su derecho a no declarar, aduciendo que ha presentado un recurso contra su imputación y que está pendiente de resolver. A su vez, los dos arquitectos que elaboraron el proyecto y llevaron la dirección de la obra, que también están imputados, hicieron lo mismo, pero señalando además que no habían tenido tiempo material de preparar su defensa.

Para hoy están citados los dos constructores de la UTE que realizaron las obras, pero todo apunta a que también eludirán responder a cualquier pregunta.

Este diario se puso en contacto ayer por la tarde con la magistrada Antonia Moya, a través de su esposo, para ofrecerle la oportunidad de dar su versión sobre este asunto. La juez, que lleva años residiendo en Calasparra, no respondió al ofrecimiento.