El contencioso de Carril Solar trasciende al Gobierno regional

La admisión a trámite por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia del recurso presentado por Carril Solar frente al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras por los retrasos injustificados en la tramitación de la licencia de obra y las obstaculizaciones y ataques que viene sufriendo el proyecto por parte del Consistorio durante años, «marca un punto de inflexión en el debate sobre la seguridad jurídica y la protección de la inversión privada en la Región de Murcia», según Carril Solar, compañía perteneciente al grupo hispano-austriaco RP GLOBAL, que cuenta con accionistas de la talla de MIROVA (filial de Natixis Investment Managers), una de las mayores plataformas de inversión especialista en infraestructuras sostenibles, gestionando activos por más de 29.000 millones de euros y contribuyendo a la financiación de 6,8 GW en más de 1.000 proyectos paneuropeos con diferentes tecnologías.

«El proyecto energético Carril (fotovoltaico), tras más de 7 años de tramitación, ha superado todos los trámites legales y ambientales exigidos por el Estado y la Comunidad Autónoma para este tipo de proyectos, y se configura como una iniciativa plenamente compatible con la actividad agraria en el municipio, habiendo incluso renunciando a las 180 hectáreas de implantación sobre la modernización de regadío y reduciendo el proyecto de 400 MW a 220 MW, que era el origen de la disputa con la Comunidad de Regantes y el Ayuntamiento», aseguran desde la compañía. A pesar de ello, «el Ayuntamiento mantiene la postura de no otorgar la licencia de obra y hacer pasar por un nuevo trámite de 'Interés Público' no aplicable a este tipo de proyectos, con el único objetivo de hacer decaer la inversión ya realizada y poniendo en riesgo que se ejecuten los avales millonarios depositados por la compañía ante Red Eléctrica Española», remite la compañía.

Carril Solar recuerda que «el proyecto cuenta con autorización administrativa estatal, autonómica y la licencia de obra municipal de Lorca para gran parte de la línea de transmisión, así como con el respaldo de las principales organizaciones empresariales del sector regional como Ceclor, Fremm, Frecom, Croem, Coiirm». Su impacto económico sería decisivo para el municipio y para la comarca: «Se estima en más de 5,5 millones de euros iniciales en ingresos municipales, además de 1,2 millones de euros anuales durante 30 años, lo que supone más de 40 millones de euros en impuestos que revertirían directamente en los lumbrerenses y en la mejora de los servicios públicos. Asimismo, cerca del 65% de la inversión total (unos 180 millones de euros) beneficiaría a empresas murcianas, generando empleo, actividad industrial y oportunidades para el tejido productivo de la Región».

Carril Solar manifiesta su «máxima preocupación por la situación creada tras el cambio de criterio y arbitrariedad del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, que, inicialmente, abrió las puertas al proyecto y, posteriormente, por intereses electorales, ha cambiado su postura y ha derivado en un escenario de injerencias políticas y paralización administrativa e incumplimiento de la normativa vigente, que la empresa considera injustificado y contrario al espíritu de la reciente cuarta Ley de Simplificación Administrativa. La empresa está totalmente alineada y cree en los principios de esta norma pionera a nivel nacional, que fue diseñada precisamente para evitar duplicidades, acelerar los procedimientos y garantizar que Murcia sea una región competitiva, atractiva y segura para las inversiones estratégicas».

En este sentido, la compañía solicita la intervención inmediata del Gobierno regional, como garante del interés general y del correcto cumplimiento de la legislación autonómica. Y advierte de que «permitir que un ayuntamiento actúe de forma arbitraria o por motivaciones políticas ajenas a la legalidad contra una empresa sienta un precedente extremadamente perjudicial para toda la Región de Murcia, afectando no solo al sector energético y al futuro Plan Industrial de la Región de Murcia, sino también a cualquier empresa que pretenda implantar proyectos relevantes en el territorio».

Carril Solar reitera que «la obstrucción municipal podría derivar en una reclamación judicial estimada entre 30 y 50 millones de euros por responsabilidad patrimonial, una cifra incompatible con la situación económica actual del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y que podría suponer una carga financiera para varias décadas. El riesgo no es únicamente jurídico, sino también social: la pérdida de inversiones, ingresos fiscales y oportunidades de empleo tendría un impacto directo sobre las familias y negocios del municipio».

Por ello, la empresa realiza «un llamamiento institucional y urgente al Gobierno regional» para que utilice todas las herramientas administrativas a su alcance «con el fin de reconducir la situación antes de que avance el proceso contencioso. La Región de Murcia no puede permitirse enviar un mensaje de inseguridad jurídica, ni proyectar la imagen de un territorio donde decisiones políticas puntuales puedan bloquear iniciativas plenamente legales, sostenibles y beneficiosas para el conjunto de la ciudadanía».

Carril Solar reafirma su voluntad de colaboración, diálogo y transparencia, confía en los principios de la reciente Cuarta Ley de Simplificación Administrativa y recuerda que su objetivo es contribuir al desarrollo económico, energético y social de Puerto Lumbreras y de toda la Región. Sin embargo, subraya que garantizar la seguridad jurídica y cumplir la normativa vigente es esencial para que Murcia continúe siendo una región atractiva, competitiva y abierta a las grandes inversiones. Por ello, solicita al Gobierno regional que actúe como garante y con determinación y evite que este conflicto administrativo se traduzca en un perjuicio irreparable para los ciudadanos y para el futuro de la Región de Murcia.

• Temas
• Red eléctrica