La Comunidad urge a una empresa a sellar una balsa minera abandonada en La Unión pese al plan del Ministerio

El Miteco incluye este proyecto entre las «actuaciones de restauración de emplazamientos mineros peligrosos abandonados y de zonas afectadas por la minería en la zona de influencia del Mar Menor, con una inversión global prevista de 110,8 millones de euros, destinados a la recuperación de unas 700 hectáreas en la Sierra Minera», informó en noviembre pasado. La intervención en Cuesta de las Lajas, identificado como Conjunto 6, forma parte de la segunda fase de ejecución de ese programa. Estos trabajos, como el resto de los planificados por el Ministerio en el Marco de Actuaciones Pioritarias para Recuperar el Mar Menor, está amparado en la declaración de interés general de las obras de protección y recuperación ambiental de la laguna, aprobada por el Consejo de Ministros en 2021.

Pues bien, la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor publicó el 12 de junio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) una notificación en la que solicita a la empresa Minera Celdrán SA, en calidad de «productor de los residuos», que presente un «proyecto técnico de ejecución de obras de estabilidad estructural y seguridad». Le dio un plazo máximo de tres meses para entregarlo en la Dirección General de Industria, Energía y Minas, cuyo titular, Federico Miralles, firmó la resolución.

Según el BORM, de acuerdo con la Ley de recuperación y protección del Mar Menor, de 2020, la mercantil debe presentar un proyecto «cuyo coste de redacción asciende a 68.712,16 euros, según tarifas Tragsa»; y, cuando sea aprobado, tendrá dos meses para iniciar las obras y un plazo de ejecución de 18 meses. El coste estimado de los trabajos es de casi 2,3 millones de euros, detalla la Consejería. Y se apercibe a la empresa (a la que no localizó por otra vía) de que, si no cumple, «se procederá al inicio de los trámites correspondientes para la ejecución subsidiaria» de la redacción del proyecto y de la ejecución de las obras.

A preguntas de LA VERDAD, fuentes de la Consejería que dirige Juan María Vázquez explicaron que «actualmente, se están emitiendo requerimientos de restauración ambiental a los titulares identificados como responsables» de distintas instalaciones mineras abandonadas; y que, «en caso de inacción por su parte, la administración regional contempla la ejecución subsidiaria de las actuaciones necesarias, con posterior reclamación del coste íntegro a los obligados legales». Aparte del expediente de Cuesta de las Lajas, hay «diez expedientes más a un nivel avanzado del procedimiento para poder iniciar los procesos de ejecución subsidiaria contra estos responsables». No croncretaron los lugares.

En Medio Ambiente indicaron que «en paralelo, y mientras se resuelven las cuestiones de competencia estatal pendientes por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la tramitación administrativa no puede detenerse». «Se trata de un proceso de responsabilidad compartida entre administraciones, que requiere una actuación coordinada para garantizar el cumplimiento de los objetivos de restauración ambiental en los plazos establecidos», argumentaron.

Fuentes del Ministerio indicaron que este «actúa en función de la disponibilidad de terrenos que consigue, tras la tramitación correspondiente, como ya ocurre en varios conjuntos en los que está ejecutado obras o ultimando los proyectos en virtud de la declaración de interés general».

«La Comunidad Autónoma, como órgano sustantivo competente en la materia, parece que está avanzando actualmente en la ejecución subsidiaria de un conjunto propiedad de una mercantil. En ese caso, la actuación del Miteco se ajustará, en función de la información que proporcionara la Consejería en las reuniones de coordinación técnica que suelen llevarse a cabo en esta materia».

El Ministerio encabezado por Sara Aagesen, que por el momento no dispone de la propiedad de la parcela de Cuesta de las Lajas (mediante adquisición o expropiación), señaló en todo caso que «hay una coordinación entre administraciones para lograr el objetivo de restaurar una zona degradada ambientalmente».