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El alcalde no cerrará la oficina de lotería porque hay planteado un contencioso

Apuestas del Estado investigará los incumplimientos del local en la ley de accesibilidad y el planeamiento urbano

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Sábado, 29 de septiembre 2018, 13:21

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El Ayuntamiento de Fortuna no moverá un dedo contra la administración de lotería cuyo cierre fue ordenado por la Dirección General de Ordenación del Territorio por incumplir el plan urbano y la ley de accesibilidad. El alcalde, José Enrique Gil, explicó el viernes que el anterior lotero, Jaime Ortigosa, planteó un contencioso contra la licencia de actividad municipal y la licencia de obras que concedió el Consistorio a los actuales gerentes del punto de venta. «Ni el Ayuntamiento ni la Comunidad pueden entrometerse en un proceso judicial que está por encima de la vía administrativa», zanjó Gil.

La Dirección General instó al Consistorio, a través de un requerimiento, a anular las licencias de actividad y de obras concedida a los loteros para habilitar un escalón en la acera. Esto suponía en la práctica el cierre de la administración. Pero se da la circunstancia de que tales licencias centran el proceso que instruye el Juzgado de lo Contencioso número 8 de Murcia.

«Estamos esperando a que el juez se pronuncie», insistió el regidor. De hecho, Gil envió el viernes un escrito al director general José Antonio Fernández Lladó en el que le reprocha que el citado requerimiento «no haya sido notificado a este Ayuntamiento». También le recuerda que el 25 de enero le remitió un oficio de alcaldía, en el que «pusimos en su conocimiento la litispendencia del asunto». Y concluye exigiéndole «una aclaración».

Por su parte, la delegación territorial que tiene en Murcia Loterías y Apuestas del Estado (LAE) avanzó que desde Madrid se abrió una investigación sobre la situación de la administración de Fortuna. «Queremos que nuestros puntos de venta no cometan irregularidades», subrayaron desde LAE.

El local, situado en la avenida Salvador Allende, según la Dirección General, no cumple el Plan de Ordenación Urbana de Fortuna, al ejecutar un escalón de acceso que vulnera la normativa de accesibilidad e invade el dominio público. «La asesoría jurídica estudiará el caso y recabará información», zanjó LAE.

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