Unas 10.000 familias podrían abandonar la viticultura por «los precios ruinosos»

«Unas 10.000 familias de la Región que, directa e indirectamente, viven del sector de la viticultura, están planteándose abandonar los viñedos por los precios ruinosos de la uva, con lo que eso implica de despoblación y desertización de tierras, y pérdida de paisaje», alerta Pedro García, viticultor y representante de Coag. que precisamente ayer pudo asistir a la reunión que el Ministerio de Agricultura mantuvo, vía telemática, con el sector del vino.

Durante el encuentro, presidido por el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, y convocado por el Ministerio, además de hacer un balance de la situación del sector vitivinícola en un año atípico como este, agricultores y asociaciones de bodegueros pusieron sobre la mesa la necesidad de buscar una solución al problema que les enfrenta y los pone en «una situación ruinosa», la define el viticultor Pedro García, y «de incertidumbre e indefensión», explica Lázaro Abellán, presidente de Asevin y bodeguero.

Desde Coag, denuncian que el Ministerio ha incumplido el Real Decreto de febrero pasado, en el que se obliga a publicar el coste de producción de la uva para que el precio de venta no sea inferior al de producción. «Desde el Ministerio nos instan a guardar recibos y justificantes para demostrar cuál ha sido el coste y denunciar las cláusulas abusivas que hacen firmar las bodegas. Pero ese proceso es muy largo y la relación entre agricultores y bodegueros no puede estar sometida a los tribunales», alega Pedro García, que asegura que «este año las dos principales bodegas (que son las que marcan la pauta del resto cada año) han sacado las tablillas con un precio muy inferior al del coste y al del año pasado. Esto supone cobrar 0,18 euros/kilo, por debajo del 40% del coste de producción, que es 0,47», aclara Coag. Y advierte de que, de las 10.000 familias que viven de la viticultura y se plantean abandonarla, unas 3.000 son productoras.

Por su parte, Lázaro Abellán, presidente de Asevin, afirma que «las organizaciones agrarias están continuamente con el tole-tole. Da igual al precio que pagues la uva, siempre se van a quejar», ironiza parafraseando a un amigo bodeguero. Y explica que «este año muchas bodegas no saben si comprar uva o no, por si se enfrentan luego a una denuncia. Se han retenido por miedo». Además, niega que haya un precio establecido. «Cada bodega paga a sus agricultores lo mejor que puede, pero esto es el libre mercado y, en Jumilla, se producen 80 millones de kilos de uva de la DO y 30 millones de botellas de vino; hay 50 millones de kilos que sobran y se destinan al granel, el vino de mesa y la sangría, y se pagan a ese precio».

No obstante y pese a que reconocen que las medidas extraordinarias frente a la Covid-19 que ha aplicado el Ministerio (91,5 millones) han dado buen resultado –las ventas de vino solo han caído un 5% con respecto a la campaña anterior y los excedentes han disminuido un 6,7%–, agricultores y bodegueros reclaman al Ministerio un presupuesto para ayudas medioambientales, principalmente, explica Abellán, «para apoyar a los viñedos de la DO, que son de secano, ecológicos y evitan el avance del desierto, mientras crece el sector de la DO y puede asumir la oferta». No en vano, asegura Abellán, «las bodegas estamos creciendo e invirtiendo mucho para expandir nuestros mercados exteriores».