ONG y sindicatos anticipan el «alto impacto» en la Región de Murcia del reglamento de Extranjería

Fuentes de la Delegación del Gobierno señalaron a LA VERDAD la imposibilidad de realizar ese acercamiento pese a que a nivel nacional el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cifró en cerca de 300.000 migrantes los que podrán beneficiarse de las nuevas medidas cada año en España. Según estas mismas fuentes, llevar el cálculo a la realidad territorial resulta «extremadamente complicado» debido a la movilidad de estos ciudadanos entre comunidades e incluso dentro del territorio europeo.

Por su parte, el responsable del Departamento de Incidencia Política y Alianzas de Cepaim, Rubén Romero, explica que, aunque la cifra puede presentar grandes variaciones, se estima que «en la Región de Murcia residen actualmente cerca de 250.000 migrantes, y de estos, entre el 10% y el 15% podrían estar en situación irregular», lo que elevaría a entre 25.000 y 37.000 las personas que podrán verse beneficiadas por medidas como la reducción de los tiempos de estancia requeridos para acogerse a la figura del arraigo, que pasan de tres a dos años; el incremento de la duración de los permisos de residencia, que tras el primer año se renovarán por cuatro años; o la nueva política de visados para la búsqueda de trabajo que pasa de tres meses a un año, lo que «genera muchísima mayor estabilidad favoreciendo los procesos de integración y de inclusión», explica el responsable de Cepaim. La cifra va en línea con la estimación de cerca de 30.000 irregulares que la plataforma Regularización Ya calcula que hay en la Región, aunque por debajo de los 68.000 que arrojaba a cierre de 2023 la diferencia entre los extranjeros empadronados y los permisos de residencia.

Desde el ámbito sindical, el secretario de Política Social de UGT en la Región, Juan Guirado, que sitúa los potenciales beneficiarios en la Región en torno a las 15.000 personas al año, tras extrapolar las cifras del Ministerio, valora como positiva una reforma que tilda de «profunda y demandada», con novedades entre las que destaca el arraigo de segunda oportunidad, que facilita la regularización de las personas que por falta de cotización han perdido una autorización de residencia previa, y la nueva oportunidad para trabajar a media jornada mientras se cuenta con un permiso para estudiar, lo que hasta ahora no estaba permitido.

Una de las novedades que incorpora el reglamento y que «incidirá de forma especial en las comunidades que, como la Región, están muy vinculadas a la producción agrícola, es la adaptación del reglamento a la nueva directiva de permiso único, que introduce una mayor facilidad y flexibilidad a la hora de contratar a las personas migrantes», destaca Romero. Por otra parte, la posibilidad de que los migrantes con autorización de residencia y trabajo inicial puedan cambiar de empleador en el primer año sin perder el permiso «viene a solventar una situación de vulnerabilidad y dependencia de la persona migrante con respecto a su empleador», añade el responsable de Cepaim.

Para el abogado de protección internacional de Accem en Cartagena José Luis Juan Conesa, el nuevo texto supone «un paso adelante, sobre todo por la simplificación de los trámites y porque permite una mayor estabilidad», aunque reconoce «que también tiene puntos negativos y todavía hay que ver si la Administración saca instrucciones para matizar el contenido de la ley, y los criterios de cada oficina de Extranjería».

En este sentido, el artículo que ha provocado mayor preocupación entre las entidades del tercer sector es el 126, que regula la situación de las personas en protección internacional. «Lo estamos estudiando, porque el texto nos dice que, en caso de que estas personas quieran solicitar un arraigo, el periodo de residencia como solicitante de asilo ya no le contaría», explica el abogado de Accem.

Para Cepaim, los que aguardan una protección internacional «tendrán ahora que renunciar a su solicitud de asilo para poder acogerse a la figura del arraigo y quedarán seis meses en una situación de irregularidad sobrevenida». Por otra parte, desde UGT, advierten de la necesidad de reforzar la oficina de Extranjería, ya colapsada, para hacer frente al previsible aluvión de solicitudes.