El TSJ obliga al Imas a pagar las nóminas atrasadas de los trabajadores de Afapade

El conflicto estalló en julio de 2020, tras la primera ola de la pandemia de Covid-19. Tras unos meses de jornadas maratonianas en el confinamiento, los trabajadores se pusieron en huelga con dos reivindicaciones principales: garantizar la seguridad y el trato adecuado a las personas que trabajaban y residían en el centro que gestionaba Afapadre, así como aplicar la subida salarial establecida en el convenio. Una subida que, según recuerda el sindicato CGT, «no se realizaba desde el año 2019». Poco después, Afapade se declaró en quiebra y los empleados se quedaron en la calle «con importantes deudas», recuerda el sindicato, que acabó demandando al Imas.

La sentencia del TSJ viene a confirmar el fallo que dictó el año pasado el Juzgado de lo Social número 4 de Murcia, que daba la razón a los trabajadores y al sindicato CGT y obligaba al Imas a «responder al pago de las deudas contraídas» por la asociación, ya que el organismo dependendiente de la Consejería de Política Social, a través de la asociación, «ejerce la prestación de un servicio que corresponde a la propia actividad del Imas, y que por ley tiene otorgada de manera exclusiva». La Comunidad recurrió la sentencia «para evitar hacerse cargo del pago, alegando que no era responsable solidario del servicio prestado por Afapade», recuerda CGT.

Sin embargo, esta argumentación ha sido tumbada ahora por el TSJ, quien recuerda al Instituto Murciano de Acción Social, dirigido por Raúl Nortes, que «son competencia exclusiva de la Comunidad las materias de asistencia y bienestar social así como de promoción e integración de las personas con discapacidad, siendo esta la finalidad del Imas, ya sea puesta en práctica de manera directa o a través de conciertos con entidades privadas». Por ello, «no puede desnaturalizarse que la realidad del servicio prestado, con independencia de la forma o instrumento empleado para ello, es una competencia propia del Imas y por ello está obligado solidariamente a pagar», explican fuentes del sindicato.

«Los trabajadores hicieron siete meses de huelga y soportaron situaciones dantescas por parte de la dirección, cuestionamientos sobre su profesionalidad o intencionalidad», recuerdan las mismas fuentes, que subrayan que «ahora todo queda claro. Los trabajadores se organizaron, plantaron cara y lucharon por sus derechos y así lo reconoce la sentencia. Cobrarán todo lo que se les debe y lo pagará el Imas».

Esta sentencia, a juicio de las fuentes de CGT, supone otra señal más de que «el Tercer Sector está dejado de la mano de Dios» en la Región de Murcia, y demuestra las ·graves irresponsabilidades que guiaron la gestión de la asociación y de la residencia, gestionada padres empresarios, y cuyas subvenciones debieron ser objeto de supervisión por parte de la Administración».