Las normas agrícolas de la ley del Mar Menor se extenderán en enero a toda la Región

Estas reglas llegan en un momento de continuos cambios normativos en el campo español que han generado importantes debates, con textos legislativos centrados en la preservación del medio ambiente frente a la contaminación por nitratos, fosfatos o plaguicidas, entre otros compuestos que se usan en el campo. El sector teme que el desembarco de una gran cantidad de obligaciones administrativas conllevará mayor gasto en las explotaciones y, como consecuencia, el encarecimiento del precio de los alimentos.

Las nuevas medidas, según datos de la Consejería de Agricultura, afectarán a la mayor parte de las explotaciones agrarias de la Región (unas 14.500 registradas en la Comunidad), y que suponen un ámbito de aplicación sobre 186.000 hectáreas, tanto de secano como de regadío. Esta vigilancia reforzada sobre el campo tendrá una mayor repercusión en los cultivos de frutales de hueso, frutos secos, uva de mesa y para vino, cereales y arroz, ya que deberán cumplir con periodos temporales marcados a lo largo de un año donde tendrán prohibido usar fertilizantes nitrogenados (artificiales).

La normativa viene a extender en todo el territorio murciano lo que hasta ahora se aplicaba en el Campo de Cartagena por la Ley de recuperación y protección del Mar Menor. Los agricultores de la comarca ya debían analizar y cuantificar el volumen de abono orgánico o químico que se emplea en las fincas o la cantidad de agua que se destina al riego de las plantaciones, unos datos de monitoreo que también controlan los operadores agroambientales en estas fincas. Esta figura técnica tendrá otra versión con la nueva legislación estatal: asesor en fertilización.

Esta transformación que deberá afrontar el campo en enero «será un cambio fuerte para el agricultor, aunque ya está acostumbrado a estas cosas», explica Andrés Martínez, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia. El cambio conlleva invertir en analíticas de los suelos agrarios, más el apoyo técnico que deberá acompañar a los productores. «Estos requisitos ya estaban implantados en el Campo de Cartagena y poco a poco todos se han ido habituando». La agricultura que se vea afectada ahora por las nuevas reglas «no está acostumbrada a estas normativas y van a necesitar una fase de adaptación que al final será buena para el campo, porque el control del agua y fertilizantes ayudará a vigilar las cantidades e incluso aplicar menos volumen», detalla Martínez. Las explotaciones también deberán contar con un plan de abonado a partir del 1 de septiembre.

Para el representante de los ingenieros agrónomos en la Comunidad, las medidas que llegan no conllevarán la necesidad de afrontar una inversión económica fuerte para el sector, pero sí de adaptación. Sin embargo, para José Miguel Marín, presidente de Coag Murcia, la normativa, elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica, es un «despropósito» de norma, «de las que más nos va a afectar a corto plazo». Las nuevas obligaciones para los productores son, «en algunos casos, inasumibles» y vuelven «a multiplicar la presión hacia el sector con más cargas económicas». Entre contratar personal técnico, realizar las analíticas e invertir en informática, «todo esto conllevará un incremento de los costes».

La organización agraria que dirige Marín ha reclamado, a nivel nacional, una prórroga de la entrada en vigor del real decreto para la nutrición sostenible de suelos para que los agricultores puedan adaptarse a los requisitos que marca el texto, pero también reclaman una modificación de algunas exigencias «para que se adapten a la realidad del sector». En tal caso, el dirigente agrario de Coag vaticina que una mayor inversión en el primer eslabón de la cadena alimentaria conllevará un incremento de los precios para el consumidor.

La Consejería de Agricultura define la nueva legislación como «un reto» para el campo, cuya adaptación «debe de venir siempre acompañada de un periodo transitorio, ya que las explotaciones agrarias puedan adaptarse a una digitalización, que en otros eslabones de la cadena productiva están más implantados». El departamento que dirige Sara Rubira confía en que se consiga esa adaptación, como ya ha ocurrido en el Campo de Cartagena por la ley del Mar Menor: «Estos agricultores han servido como un verdadero laboratorio de pruebas a nivel nacional».

El real decreto deja margen a las comunidades para definir mejor el calendario de abonado en función de las condiciones climáticas de cada región, una propuesta que puso encima de la mesa el Gobierno regional. Murcia tiene pendiente todavía este desarrollo, aunque la Consejería señala que el agricultor ya cumple con el Código de Buenas Prácticas Agrarias, obligatorio para quien recibe ayudas. Queda pendiente que el Ministerio apruebe una prórroga hasta septiembre para que cada agricultor incluya sus datos en el cuaderno de campo digital.