El negocio del bulo

En el año y medio de pandemia, cuando en plena crisis de salud pública el derecho a recibir información veraz resulta crucial para salvar vidas, el mundo se enfrenta también a un recrudecimiento del peligroso fenómeno de las noticias falsas y los bulos en las redes sociales. Los estrategas de la desinformación encontraron en la Covid un terreno abonado para expandirse a lomos de la incertidumbre de una desconocida enfermedad letal que había que combatir inicialmente con confinamientos casi medievales. En varias ocasiones, LA VERDAD tuvo que salir al paso de falsas noticias que utilizaban la cabecera, el diseño y la tipografía del diario para engañar a la población con inminentes confinamientos o agravamientos de la situación epidemiológica en la Región. Ese ejemplo doméstico es tan solo una minúscula gota en un inmenso océano de desinformación que ha sido aprovechado por los Gobiernos de Rusia, China e Irán, entre otros, para propagar narrativas falsas encaminadas a minar la confianza en las autoridades de salud pública y los gobiernos democráticamente elegidos. Decenas de miles de bulos, acontecimientos inventados, conspiraciones virales y otras narrativas que no se ajustan a la realidad se propagan en la Red a diario por sociópatas, partidos políticos y gobiernos.

Desde hace cuatro años, el Instituto de Internet de la Universidad de Oxford realiza un exhaustivo informe sobre la manipulación de la opinión pública a través de las redes sociales. En su último trabajo, relativo a 2020, concluye que hay evidencias de manipulación organizada y sistemática en los debates públicos de 81 países, 11 más que el año anterior. Intoxicaciones ideadas para alterar procesos electorales o como herramientas para ganar influencia geopolítica, fundamentalmente. Para combatir este fenómeno, de enero de 2019 a noviembre de 2020, Facebook cerró 12.899 páginas y 603 grupos, Instagram clausuró 1.556 cuentas y Twitter hizo lo propio con 294.096 perfiles. Aún así, el compromiso y la eficacia de estas plataformas en esa lucha contra la desinformación se quedan muy cortas. Lo más preocupante es que los investigadores de Oxford han detectado un creciente negocio de la desinformación. El número de acuerdos por parte de partidos políticos y gobiernos con firmas privadas especializadas en propaganda digital no para de crecer. Según el estudio de Oxford, este tipo de empresas privadas ya están presentes en 48 países, incluido España. Son compañías que crean cuentas falsas, identifican audiencias para hacer microcampañas y utilizan bots para amplificar estrategias políticas. Aunque es difícil rastrear la actividad de firmas, este centro de Oxford calcula que desde 2019 gobiernos y partidos se han gastado 60 millones de dólares en la contratación de estos servicios. El informe subraya que el trabajo de estas compañías está adquiriendo progresivamente un perfil más profesional e industrial, lo que acentúa la eficacia de sus trabajos para, a través de las redes sociales, difundir propaganda política, contaminar el ecosistema informativo digital y erosionar la libertad de expresión y de prensa. Los efectos de esta desinformación en la calidad de las democracias es preocupante, ya que está detrás de la creciente polarización política de las sociedades occidentales, del declive de la confianza ciudadana en sus instituciones y del avance de los posicionamientos más populistas y radicales. Todo esto no es producto solo de nuevas tecnologías y de las habilidades de quienes fabrican mentiras, sino también de la falta de supervisión pública, la inacción de los líderes de las plataformas y el interés de muchas formaciones políticas. Si a todo lo anterior se suma que el negocio de la desinformación empieza a ser lucrativo, el panorama que asoma es inquietante. No hay más que mirar en nuestra Región para comprobar cómo las redes sociales han incrementado la participación ciudadana en los asuntos públicos, pero a costa en muchos casos de rebajar la calidad del debate y de propiciar las actitudes intolerantes y denigratorias de los rivales (políticos o empresariales). Hay una cara y una cruz en las ágoras digitales, donde el nivel de desinformación no para de crecer. España no figura entre los países con mayor prevalencia de desinformación. En parte porque no hay agencias gubernamentales detrás de estas actividades, como en otro países. Pero ojo con estas cosas. Tampoco cabía esperar que en un país democrático, el secretario de Organización de un partido declare como testigo, sin haber presenciado los presuntos hechos denunciados, en una querella que formula acusaciones de delitos penados con prisión contra un periodista y su director. Y esto, que es más propio de Rusia o Polonia, ha ocurrido en la Región de Murcia. Por fortuna, frente a los tics autoritarios de algunos políticos, aquí hay un dique judicial que funciona y preserva el derecho a la información y la libertad de los periodistas.