Murcia, Cartagena, Lorca y Molina evitan limitar el acceso de coches a zonas de bajas emisiones

El Gobierno central amplió el margen para que los ayuntamientos hicieran sus deberes a través de una prórroga, pero ayer solo 23 municipios habían puesto en marcha las ZBE. Entre ellos, está Cartagena, la única de las cuatro grandes ciudades de la Región que ha aprobado hasta ahora la delimitación de estos distritos y que, en todo caso, al igual que Murcia, Lorca y Molina de Segura, ha descartado regular el acceso, circulación y estacionamiento de vehículos conforme a la clasificación por nivel de emisiones del Reglamento General de Vehículos vigente.

Los gobiernos locales, formados por concejales de PP y Vox, han desechado el veto a los turismos, furgonetas y otros vehículos sin ciertos distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT). Así que las policías locales no impondrán multas por moverse por el centro de las ciudades en vehículos que no dispongan de las mencionadas etiquetas.

Entre las recomendaciones del Gobierno a las autoridades locales, están realizar un diagnóstico previo de la movilidad de su municipio, delimitar claramente la zona, una monitorización de los cambios, establecer restricciones al tráfico e implementar incentivos para fomentar el uso de modos de transporte sostenibles.

Para mejorar la calidad del aire y mitigar el efecto de los gases de efecto invernadero, objetivos de la Unión Europea y del Gobierno de España, los ejecutivos municipales han optado por medidas como realizar obras para ampliar las zonas peatonales y semipeatonales y ensanchar aceras. También plantar árboles, habilitar aparcamientos disuasorios, crear carriles bici y prolongar los ya existentes con nuevos tramos, y reforzar el transporte público con más autobuses y mayores frecuencias de paso y conexiones interurbanas.

En las cuatro grandes ciudades de la Comunidad, aún quedan trabajos en marcha y hay otros proyectados, como la creación de 'supermanzanas' o áreas de calmado del tráfico. Y las autoridades locales argumentan que han instalado medidores de partículas y que los valores están en los rangos fijados para proteger la salud.

Esta situación contrasta, por ejemplo, con la de la ciudad de Madrid, que ha endurecido este mes su zona de bajas emisiones, ampliándola a las áreas comprendidas entre las circunvalaciones M-30 y M-40. El Consistorio ha prohibido, además, el tránsito de coches y otros vehículos sin distintivo que no estén empadronados en la capital de España. En todo caso, en los ayuntamientos de la Región exponen argumentos relativos a la flexibilidad de la ley para que cada municipio haga ajustes según sus características.

«Es el proyecto el que debe adaptarse a Lorca y no Lorca al proyecto», vino a resumir en diciembre María Hernández, concejala lorquina de Urbanismo y Medio Ambiente, del PP. Avanzó cambios ante «nuestra particularidad como ciudad patrimonial». Y advirtió: «No se trata de multar ni perseguir a los lorquinos con afán recaudatorio. Aquí no se va repetir lo que vemos en otros sitios».

A preguntas de LA VERDAD, fuentes del equipo de gobierno del alcalde, Fulgencio Gil (PP), señalaron que, «a través de varias subvenciones, se están llevando a cabo la mejora de calles del casco histórico. Se trabaja en Santiago, Villaescusa y Juan de Toledo». Las ayudas también permiten financiar parkings disuasorios «a las afueras de la ciudad» y «se van a instalar cámaras en varios puntos del casco histórico para controlar el tráfico». Sigue en tramitación la redacción del reglamento y el proyecto de las ZBE «y la regulación de la ordenanza».

Sí se han instalado ya «estaciones de medida en dos puntos del casco urbano, cuyos resultados arrojan que la calidad del aire en Lorca es buena, por lo que no se prevé que se lleven a cabo restricciones». «Las ocasiones en las que el municipio ha contado con una mala calidad del aire han sido debidas a la intrusión de masas de aire sahariano», señalaron. Y concluyeron destacando la mejora del transporte público a través de un sistema de control de trayectos y tiempos de los autobuses.

En Cartagena, el Ejecutivo de Noelia Arroyo recordó que hay «delimitadas dos ZBE: una es el casco antiguo y la otra el área entre Reina Victoria, Paseo Alfonso XIII, Juan de la Cosa y Ramón y Cajal». Y abrieron la puerta a la peatonalización de nuevas áreas (la última fue la ampliación de la plaza Juan XXIII), que no concretaron. En las dos zonas, indicaron, «se han instalado sensores ambientales y cámaras de tráfico, que están arrojando parámetros ambientales y del tráfico que servirán para la toma de decisiones. Y en los paneles informativos, que se están terminando de instalar y entrarán en funcionamiento próximamente, se informará de la situación y de las medidas que se deban adoptar llegado el caso, como puede ser cerrar al tráfico algunas calles».

Sobre las prohibiciones, señalaron que «Cartagena no ha optado por la restricción, sino por la educación y fomentar el uso del transporte público». E indicaron que el «el cambio normativo que está en proceso», en alusión al real decreto sobre bajas emisiones, de 2022, «posiblemente obligue a imponer algún tipo de sanción». No obstante, «el objetivo es que estas medidas se apliquen en Cartagena en base a datos sobre el comportamiento de los usuarios».

Al respecto indicaron que «el Proyecto CartaGO! es la hoja de ruta que está siguiendo el Ayuntamiento, donde se contempla a futuro la creación de las denominadas 'supermanzanas'» en el Ensanche. Es «un nuevo concepto urbano de convivencia de peatones y tráfico; se podrán diseñar y / o configurar en base a la información que se obtenga de todos los sistemas instalados».

En Murcia, el gobierno de José Ballesta sostiene que el Ayuntamiento «opta por dar alternativas al uso del vehículo privado en lugar de prohibir». Citan un convenio con la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), que «permitirá adoptar las decisiones idóneas para hacer más efectivas las medidas y reducir las emisiones contaminantes». Se va a «monitorizar la circulación y los desplazamientos. Y señalan, como en Cartagena, que «la zona centro (eje plaza Circular-Glorieta de España) está altamente peatonalizada, lo que implica 'de facto' una zona de bajas emisiones».

Asimismo, se refirieron a la futura área metropolitana, pues «el nuevo modelo de transporte público», que aún debe diseñarse, «va convertir este en una verdadera alternativa al vehículo privado». En paralelo, se está generando una red de aparcamientos disuasorios en el casco urbano y las pedanías, como el de Alquerías»; y se trabaja «para solucionar los problemas de movilidad que se han generado con las obras del anterior equipo de gobierno», del socialista José Antonio Serrano.

En Molina, el concejal de Movilidad, Antonio Martínez (de Vox), afirmó que la prórroga «era para tener en marcha el proyecto de las zonas de bajas emisiones y el nuestro ya está en tramitación». El reto municipal es que sea «lo más realista posible, para facilitar la vida a los vecinos y no poner palos en las ruedas a su movilidad a través de multas». Defendió la política de habilitar disuasorios, como los tres ya existentes; la supresión selectiva de plazas de aparcamiento; el ensanchamiento de aceras y la peatonalización, como en la calle Infanta Elena, la avenida de la Noria y el vial de servicio junto a la calle Jesuita Hernández Pérez; la instalación de semáforos inteligentes; la plantación de árboles; y la colocación de grandes maceteros.

Un total de 547 días. Este es el periodo de tiempo que ha pasado entre la fecha en que entró en vigor la obligatoriedad de establecer zonas de bajas emisiones en los municipios españoles y el fin, ayer, de la prórroga para adaptar las ya existentes a la nueva legislación que pauta la Ley del Cambio Climático y Transición Energética. Un año y seis meses después, solo 23 de los 151 ayuntamientos afectados habían cumplido.

«Hoy se acaba la prórroga para adaptar las zonas que ya estaban en vigor a la normativa actual», señaló Cristian Quílez, responsable de Proyectos del Área de Políticas Públicas y Gobernanza Climática de Ecodes. «Eran 9 o 10, aproximadamente. Aunque la realidad es que todos los ayuntamientos están incumpliendo la ley desde principios de 2023», advirtió.

Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en España hay activas 23 zonas de bajas emisiones. «Y algunas, si se analizan, son de risa», denunció Miguel Ángel Ceballos, de Ecologistas en Acción. «Zaragoza no multa; en Sevilla solo hay cámaras en la Isla de la Cartuja; y en Valencia han decidido solo multar si hay picos de contaminación», explicó Carmen Duce, coordinadora transporte de la asociación.