Los municipios de la Región de Murcia tendrán que evaluar el impacto ambiental en los proyectos residenciales

Los proyectos de urbanización son la última fase del desarrollo de un diseño urbanístico en una ciudad. En él deben quedar claros los detalles más técnicos antes de comenzar las obras: cómo se distribuye el espacio para levantar pisos, dónde se colocan las aceras, por dónde irán las alcantarillas o cómo se garantiza el abastecimiento de agua. Este instrumento urbanístico es el tramo final del progreso de un plan general (PGOU), que termina fragmentado en las figuras de los planes parciales y los planes especiales.

Hasta ahora, los consistorios murcianos solo hacían caso a la literalidad de la norma española, que dejaba clara la obligación de someter los proyectos en suelo industrial a una evaluación ambiental, pero no así los residenciales, que son la gran mayoría de los desarrollos urbanísticos en un municipio. Muy pocos ayuntamientos habían cumplido antes con este trámite, entre ellos Cieza, con la parcela de su futuro parque comercial y de ocio.

El problema se encontraba en la trasposición de la directiva europea que marca el camino para este trámite ambiental en todos los países miembros. «Hasta ahora, ha habido controversia con este tema. La Comisión Europea emplazó a España a modificar su normativa porque esta no respetaba la directiva de evaluación ambiental. Hace más de cinco años abrió incluso un expediente de infracción, con la amenaza de llegar hasta el Tribunal de Justicia Europeo si no hacían caso» al máximo órgano de gobierno en Bruselas, explica Emilio Díez de Revenga, delegado en la Región de la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental (Aeeia).

En la práctica, los ayuntamientos ya estaban obligados de antes a conocer los impactos ambientales de sus proyectos residenciales, incide Díez de Revenga, pero la ambigüedad de la ley les permitía saltarse este paso. Incluso dicha postura también la ha mantenido la Consejería de Medio Ambiente, que debía analizar los informes de impacto ambiental de los promotores de los proyectos de urbanización. Hasta la reforma de la ley este año, dicho departamento defendía que solo era necesario para el uso industrial del suelo. En 2020, la Asociación de Promotores Inmobiliarios preguntó al exconsejero Antonio Luengo sobre esta cuestión, a lo que respondió que «los proyectos de urbanización deben evaluarse, dado que se contempla en la legislación básica estatal».

El Gobierno central no ha tenido más remedio que terminar con años de tira y afloja con Europa y cambió la norma en junio. «Esto permitirá un control más eficaz sobre los daños que puede ocasionar un proyecto sobre el medio ambiente», explica el delegado territorial de la Aeeia. «La directiva deja margen a los estados para fijar umbrales, pero Europa quería que el régimen jurídico fuera el mismo para todos los estados, porque someter un proyecto de estas características a una evaluación de repercusiones implica más coste económico, y no podía generarse un agravio entre unos y otros países».

Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura deberán obligar sin excusas a los promotores de los proyectos de urbanización a que sometan sus planes a una Evaluación de Impacto Ambiental simplificada (el estudio básico), que deberá tramitar el propio Consistorio. Para el resto de municipios, al ser más pequeños, dicha labor la hará la Consejería de Medio Ambiente. En la mayoría de casos solo hará falta la evaluación simplificada, ya que, en caso de haber problemas, bastará con que los promotores reformulen el diseño urbanístico para minimizar los impactos.

El Ayuntamiento de Murcia, ante la reforma de la ley, emitió en septiembre unas nuevas instrucciones urbanísticas donde quedaba reflejado que, tanto proyectos residenciales como industriales, centros comerciales o aparcamientos, debían pasar por el análisis ambiental. También aclaraba a qué planes les afectaba la nueva dirección de la ley, en función de la fase en la que estuviera su tramitación cuando entró en vigor.

La Concejalía de Urbanismo señala a este periódico que una decena de proyectos de urbanización se han visto afectados por este cambio normativo, entre ellos el de la nueva estación ferroviaria del Carmen, la parcela huertana paralela a la avenida de Ronda Sur (ubicada en San Benito y el Progreso) y otra superficie en Santiago y Zaraíche. Los ayuntamientos de Cartagena y Lorca, consultados también, no han dado detalles de cómo les afecta la reforma de la Ley de Evaluación Ambiental.

Ajustarse a la directiva europea conllevará «un aumento de los trámites tendentes a la aprobación de los proyectos de urbanización», señala el Ayuntamiento. La Consejería de Medio Ambiente, por su parte, no ha evaluado ningún plan residencial desde junio, pero sí que está estudiando proyectos industriales.

Ecologistas en Acción explica que este cambio legislativo termina por «darles la razón»: «Los ayuntamientos deben saber que la evaluación ambiental de esos proyectos va a dar una mejor calidad de vida a los ciudadanos, al analizar la gestión de residuos, los drenajes urbanos, los árboles, la contaminación del tráfico o los ruidos que se producen en una parcela donde se va a construir».

La organización venía defendiendo la obligatoriedad de este paso que, creen, nunca se llevaba a cabo «porque no lo reclamaba nadie». El análisis de la posible afección ayudará también, explican, a ver de qué forma se puede minimizar un grave problema actual en las grandes ciudades: las islas de calor.