Las multas por desobediencia policial crecen y suman ya veinte cada semana en la Región

En 2019 -último año en que se dispone de datos- fueron 2.417 las multas que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad suscribieron en la Comunidad amparados por esta norma. Supone una media de seis sanciones diarias. Desde su arranque, la cifra de multas impuestas ha dibujado una línea ascendente. Suman cerca de 10.000 en estos cinco años de actividad.

Algunas de las prácticas que castiga esta Ley de Seguridad Ciudadana, que fue moderada en el trámite, antes eran faltas y ahora se han convertido en multas administrativas. De esta manera, escapan del control judicial y solo llegan ante los ojos de un magistrado si se recurre la sanción -que puede ir de los 100 a los 600.000 euros- en la vía contenciosa. Un modo de operar que no ha estado exento de críticas.

De las cerca de 2.500 sanciones que los cuerpos de seguridad impusieron en 2019 en la Región -el 69,2% de ellas graves y un 30,8% leves- destacan especialmente las 519 que fueron dictadas por los cuerpos de seguridad a ciudadanos por desobedecer o prestar resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, así como por la negativa a identificarse. Esta es una conducta que la citada ley cataloga como grave y que puede llevar aparejada una multa de entre 601 y 30.000 euros.

Catalogadas como infracciones leves, la 'ley mordaza' sanciona también las «faltas de respeto o de consideración» a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones». Una práctica que, de acuerdo con los datos, también fue bastante frecuente en la Región. Hasta 593 sanciones llegaron a expedirse por este motivo. Sumadas a las anteriores, arrojan una media de una veintena de multas cada semana por un trato inadecuado a los agentes del orden.

Estas sanciones por desobediencia a los agentes del orden, además, no han dejado de aumentar en los últimos años. Si en el año 2015 se dieron 206 sanciones graves en la Región por este motivo, en 2019 la cifra estuvo cerca de triplicarse.

Entre la retahíla de sanciones impuestas en ese periodo también destacan las 767 multas impuestas de acuerdo con el artículo 36.1, que castiga «portar, exhibir o usar armas prohibidas o el uso de armas legales de forma negligente o fuera de los lugares habilitados para su uso».

Con la Ley de Seguridad Ciudadana en la mano, también se impusieron 162 sanciones a ciudadanos de la Región por «causar desórdenes en vías o establecimientos públicos o por obstaculizar las calles con objetos cuando se cause una grave alteración de la seguridad ciudadana». Una práctica que está catalogada como infracción grave.

Mucho más minoritarias, pero aun así llamativas, fueron las 15 sanciones dictadas en base al artículo 36.4, que combate los «actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones». Un apartado que puede englobar, por ejemplo, los intentos de paralizar desahucios.