Las multas por desobedecer a la policía no dejan de crecer en 6 años de 'ley mordaza'

En sus seis años de andadura, la 'ley mordaza' ha servido a las fuerzas de seguridad como instrumento central para la protección de la seguridad ciudadana. Pese a las numerosas críticas y a la batalla judicial que despertó, este catálogo de 44 conductas que llevaban aparejadas multas de entre 100 y 600.000 euros ha funcionado, a lo largo de los últimos años, a pleno rendimiento. Lo ha hecho, incluso, con mayor contundencia en el último ejercicio cuando, a raíz de la situación sanitaria derivada de la pandemia, las sanciones impuestas a su sombra se dispararon estrepitosamente -aunque el Gobierno ordenase después devolver todas las multas impuestas durante los estados de alarma al ser declarados inconstitucionales-.

En los seis años de aplicación de esta polémica norma la desobediencia policial no ha dejado de aumentar en las calles de la Región. O no lo han hecho, al menos, las sanciones impuestas por esta conducta. Si en el año 2015, cuando la 'ley mordaza' echó a andar, se dieron 382 sanciones en la Región por este motivo, en 2019 la cifra estuvo cerca de triplicarse, superando ya las 1.100, de acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio de Interior. El pasado año se alcanzó la friolera de 8.897 multas en la Comunidad por desobedecer a los agentes del orden. La cifra supone una media de 24 sanciones diarias.

Las faltas de respeto a la autoridad policial, es más, supusieron el pasado año nueve de cada diez sanciones dictadas al albor de la 'ley mordaza'. De las cerca de 9.560 sanciones que los cuerpos de seguridad impusieron en 2020 en la Región -el 97,5% de ellas graves y un 2,5% leves- destacan especialmente las 8.685 que fueron dictadas por los cuerpos de seguridad a ciudadanos «por desobedecer o prestar resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, así como por la negativa a identificarse». Esta es una conducta que la citada ley cataloga como grave y que puede llevar aparejada una multa de entre 601 y 30.000 euros.

Catalogadas como infracciones leves, la 'ley mordaza' sanciona también las «faltas de respeto o de consideración» a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones. Una práctica que, aunque en mucha menor medida, también fue bastante frecuente en la Región. Hasta 240 sanciones llegaron a expedirse por este motivo. Sumadas a las anteriores, arrojan una media de 24 multas cada semana por un trato inadecuado a los agentes del orden. En estos seis años de 'ley mordaza', las multas por desobedecer a la Policía han acarreado el desembolso de cerca de 7,2 millones de euros por parte de los ciudadanos.

Las multas por desobediencia policial son, a día de hoy, el grueso de una norma que, en sus seis años de vida, ha permitido recaudar en la Región más de 10,4 millones de euros. Las sanciones en general también han ido creciendo exponencialmente de un tiempo a esta parte. Si en 2015 la norma arrancó con 762 multas en toda la Región, en 2018 la cifra andaba ya por las 2.397. El pasado año se sobrepasaron las 9.500.

Aunque con mucha menor incidencia, entre la retahíla de sanciones que se dictan al amparo de esta norma también destacan las 378 multas impuestas el pasado año de acuerdo con el artículo 36.1, que castiga «portar, exhibir o usar armas prohibidas o el uso de armas legales de forma negligente o fuera de los lugares habilitados para su uso». Con la Ley de Seguridad Ciudadana en la mano, también se impusieron 111 sanciones a ciudadanos de la Región por «causar desórdenes en vías o establecimientos públicos o por obstaculizar las calles con objetos cuando se cause una grave alteración de la seguridad ciudadana». Una práctica que está catalogada como infracción grave.

Mucho más minoritarias, pero aun así llamativas, fueron las 13 sanciones dictadas en base al artículo 36.4, que combate los «actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones». Un apartado que puede englobar, por ejemplo, los intentos de paralizar desahucios.