La jueza mantiene en prisión al hijo del comerciante de Molina muerto a golpes en su negocio
El juzgado rechaza la solicitud de libertad al presunto parricida al considerar que existen indicios suficientes de homicidio de Felipe Hernández, un hombre «maltratado psicológicamente durante años»
La magistrada del juzgado de Instrucción número 1 de Molina ha rechazado la solicitud de libertad provisional para Felipe H. R., en prisión preventiva tras la muerte de su padre, Felipe Hernández Medina, de 65 años. El comerciante, que regentaba desde hacía décadas el histórico local Tejidos Hernández en Molina de Segura, falleció el pasado 19 de julio después de ser agredido en su tienda por su hijo mayor, en presencia de su hija Rosario. La jueza considera que existen suficientes indicios de homicidio, por lo que el principal investigado seguirá entre rejas mientras se instruye el caso. Su hermana quedó en libertad provisional, con obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado.
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La agresión que acabó con la vida del comerciante no fue, en apariencia, un estallido puntual. Durante años, Felipe había documentado un conflicto familiar creciente, con denuncias acumuladas contra sus propios hijos. Según consta en los atestados, a los que LA VERDAD ha tenido acceso, el hombre había recurrido en numerosas ocasiones a la Policía para pedir auxilio denunciando robos dentro de su domicilio, sustracción de objetos personales y amenazas. En algunas denuncias relató ataques que le generaron cuadros de ansiedad, y llegó a solicitar una orden de alejamiento de sus hijos que no fue concedida.
Hostigamiento persistente
La investigación abierta apunta a una dinámica de hostigamiento persistente. Personas cercanas a la víctima explican que, tras su separación conyugal, Felipe quedó apartado de la gestión de su propio patrimonio. Pese a haber fundado junto a su mujer una sociedad con varios inmuebles, terminó relegado a un papel marginal, con apenas un par de propiedades y residiendo fuera del núcleo familiar. Sus hijos, que continuaron viviendo con su madre, lo responsabilizaban del deterioro económico del entorno doméstico.
Aquel sábado por la mañana, Felipe se encontraba trabajando solo en su comercio. Sobre las once, su hijo y su hija accedieron al local. En las imágenes de las cámaras de seguridad —ahora en manos del juzgado— se observa cómo entran con rapidez y se dirigen directamente al despacho. Lo que sigue es una agresión súbita y violenta.
Según el auto de prisión, Felipe hijo propinó al menos tres puñetazos a su padre, el primero en la cabeza, que le hizo caer hacia atrás; luego lo empujó nuevamente, haciéndolo chocar contra el suelo, y una vez en el suelo continuó golpeándolo. Su hermana permaneció de pie durante toda la escena, sin intervenir, limitándose a urgirle para que abandonaran el local.
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El comerciante logró levantarse minutos después, cubierto de sangre, cruzó la tienda, salió a la calle y pidió ayuda a varios vecinos, afirmando que sus hijos lo habían agredido. Alcanzó a llegar a la acera de enfrente antes de desplomarse. Fue reanimado sin éxito por personal médico y vecinos. Falleció poco después, a las 11.42 horas.
Las versiones de los investigados
En sus declaraciones judiciales y policiales, ambos hermanos han admitido su participación en el encuentro, aunque con matices. Felipe H. R., de 35 años, licenciado en Derecho y ADE, reconoció que había golpeado a su padre, pero alegó que no tenía intención de causarle la muerte. Explicó que la situación familiar era insostenible y que el desencuentro se agravó desde que él empezó a reclamar parte de los beneficios derivados de los bienes que consideraba de su propiedad. Aseguró que su padre se negaba a hablar con ellos y que la tensión se intensificó tras una discusión reciente.
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Según su testimonio ante la jueza, el detonante fue una disputa por unas plazas de garaje. Aseguró que solo dio «dos o tres puñetazos», que su padre estaba consciente al marcharse y que no imaginó que las lesiones pudieran tener consecuencias fatales. «Me fui con la impresión de que había cometido un error, pero no pensé nunca que mi padre moriría por eso», declaró. También reveló que su padre padecía una enfermedad cardíaca, pero insistió en que el ataque no fue premeditado, sino fruto de un «arrebato».
Por su parte, Rosario H. R., médico residente de 31 años, negó haber intervenido en la agresión. Declaró que accedieron al local porque la puerta estaba abierta y querían hablar con su padre sobre el uso de las plazas de garaje. Aseguró que su padre los recibió con hostilidad, que hubo un forcejeo y que su hermano terminó agrediéndolo. Según su versión, ella no le tocó en ningún momento. «Lo vi consciente. Estaba enfadado, pero hablaba. No imaginé que fuera a pasar lo que pasó», dijo ante el juez.
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También aprovechó su comparecencia para relatar presuntos episodios de malos tratos sufridos en la infancia, aunque ninguna de esas denuncias figura en el procedimiento. Tanto Rosario como Felipe coincidieron en retratar a su padre como una figura autoritaria y emocionalmente distante. Sin embargo, los testimonios de vecinos y allegados de la víctima describen una imagen muy diferente.
En un comunicado, la familia del fallecido pidió respeto por la memoria de Felipe y denuncia lo que consideran una campaña de acoso prolongado por parte de sus propios hijos. «Felipe fue maltratado psicológicamente durante años», afirmaron, «y nunca recibió la protección que necesitaba». También han pedido que la justicia actúe con firmeza para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse.
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La Fiscalía considera que la agresión fue deliberada y que existía conocimiento previo del frágil estado de salud del fallecido, lo que podría agravar la responsabilidad penal del hijo.
La defensa, que representa el letrado Pablo Martínez, alega que el ataque no fue premeditado, que entraron para hablar sobre el uso de unas plazas de garaje. Pero la acusación particular, que ejerce el abogado, Eduardo Simó, de Simó Abogados, hace hincapié en que el relato, las imágenes y la brutalidad de los hechos hablan por sí solos. Elementos que, en principio, han llevado a la jueza a mantener la prisión provisional.
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