Acepta 9 años de cárcel tras reconocer que tiró al vacío a su exnovia en Molina

El acusado, durante el juicio, este miércoles. /V. Vicéns / AGM
El acusado, durante el juicio, este miércoles. / V. Vicéns / AGM

La víctima no pudo testificar porque las secuelas del ataque solo le permiten emitir sonidos

Jorge García Badía
JORGE GARCÍA BADÍA

No puede vestirse sin ayuda, ni tampoco comer, ni ducharse. «A mi hija la dejó fuera de combate; tiene media cabeza anulada», se lamentaba ayer en los pasillos de la Audiencia Provincial la madre de una mujer de 43 años a la que un terrible episodio de violencia de género le causó la alteración de las funciones cerebrales, un trastorno orgánico de personalidad, torpeza motora para la realización de movimientos precisos... Tal es la gravedad del interminable listado de secuelas que padece esta vecina de Molina de Segura que ha perdido hasta la capacidad de expresarse con fluidez, de forma que ayer no pudo testificar contra Antonio Ponce, el hombre que la lanzó al vacío, de cabeza, desde la terraza de un bar del centro comercial Vega Plaza.

El encausado permanece en prisión desde que perpetró este ataque, el 20 de mayo de 2016, y ayer llegó a la Sala con un aspecto demacrado por su paso por la cárcel, una coleta desaliñada y las manos ennegrecidas.

«Lo reconozco». De esta forma comenzó a admitir los hechos, respetando el guión del acuerdo previo que alcanzó su abogado defensor, Miguel Ángel Belda, con la letrada de la acusación particular, María Victoria López, y la Fiscalía, para reducir la petición de cárcel de 16 años a nueve. De ellos, 6 meses serán por quebrantar una orden de alejamiento respecto a la víctima y 8 años y 6 meses por la tentativa de homicidio.

«Nos 'crucemos' por la calle, fui a preguntarle cómo estaba su padre porque había sufrido un ictus, pero pasó la Policía y quedamos en el Cien Montaditos», resumió brevemente los motivos por los que aquel día se citó con su expareja en dicho bar del Vega Plaza. De esa forma vulneraba la orden que le impedía acercarse a menos de 300 metros de la mujer durante dos años. Esta prohibición se debía a que dos meses antes, en marzo, había sido condenado por romperle un diente de un puñetazo.

Antonio no narró cómo fue el ataque en el bar al que acudió su exnovia, acompañada de una amiga. Solo se limitó a confirmar el relato del escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía.

Una testigo que ese 20 de mayo estaba en el mismo local fue la encargada de relatar a la Sala el brutal episodio de violencia de género que presenció: «Estaban sentados en una mesa. En décimas de segundo, él se levantó y le dio dos puñetazos en la cabeza a la chica».

Esta encargada de una tienda del centro comercial Vega Plaza, que estaba tomando un café con una compañera de trabajo, ofreció todo tipo de detalles. «Ella se cayó al suelo y él se agachó, la cogió por debajo de los brazos, la pegó a la barandilla, la sujetó por las piernas, la tiró al vacío y dijo: 'Hala, ya está, se ha terminado'». La testigo subrayó que, tras lanzarla de cabeza desde la terraza, Antonio Ponce se marchó del bar «como si se hubiese tomado una cerveza» y pasó por delante de su exnovia sin prestarle auxilio. «Empecé a gritar que lo cogieran. Un chico con un perro y un hombre mayor trataron de detenerlo, pero él salió corriendo como alma que se lleva el diablo».

Cuando el magistrado Juan del Olmo llamó a testificar a la víctima corroboró que esta solo respondía a sus preguntas emitiendo sonidos y balbuceando. Del Olmo zanjó que «no está en condiciones de prestar declaración», de forma que fue la madre, quien actualmente tiene asumida la patria potestad, la que confirmó que han reclamado una indemnización de 352.007 euros por las secuelas que sufre su hija.

En un centro psiquiátrico

La vista oral concluyó con la ratificación del acuerdo entre las partes, que supone una rebaja de la condena en siete años al aplicar al maltratador las atenuantes de drogadicción, reconocimiento de los hechos y que en el momento de la agresión presentaba sus facultades intelectivas y volitivas disminuidas, pero no anuladas. El magistrado dejó visto el caso para sentencia tras otorgar la última palabra a Antonio Ponce. «Ese día no discutimos por celos», remarcó el condenado. Incluso fue capaz de asegurar que «no le pegué ningún puñetazo» y de reprochar que su expareja le dijo que le iban a meter preso por haber vulnerado la orden de alejamiento. «Aguanté tanto que al final exploté», trató de justificarse.

«A mi hija la dejó fuera de combate», lamenta la madre, que ha tenido que asumir la patria potestad

Madre e hija abandonaron la Audiencia Provincial con sabor agridulce. «Lo que ha hecho es gravísimo y no estoy satisfecha con la pena», zanjó esta mujer, de 73 años. Cuando su hija conoció a Antonio tenía ya una discapacidad del 68%, que se ha visto elevada al 75% tras aquella fatídica tarde que ha marcado para siempre a esta familia. «Mi marido va en silla de ruedas porque le falta una pierna, y yo sola no puedo cuidar a mi hija. Por eso de lunes a viernes está en un centro psiquiátrico y los fines de semana los pasa conmigo. Cuando me muera, una sobrina será su tutora legal».

 

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