El Ministerio dará solo 48 horas a las comunidades para asumir los traslados de los menores migrantes

La normativa impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia recoge que se avisará a las autonomías de la fecha, la hora y el lugar de llegada de estos menores migrantes con solo 48 horas de antelación, según informaron fuentes del Gobierno regional presentes en la reunión. El texto establece, además, que será directamente la Delegación del Gobierno de la comunidad de destino quien se ocupe de los traslados.

Pese al rechazo de todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular y del de Castilla-La Mancha, que dirige Emiliano García-Page, el Ministerio mantiene su intención de iniciar las derivaciones este verano, previsiblemente en el mes de agosto, según señaló la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, al término de la reunión.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, manifestó su rechazo al proyecto de real decreto presentado porque «invade y usurpa las competencias de las comunidades autónomas, al transferir a la Delegación del Gobierno la reubicación y el traslado de los menores». Un protocolo diseñado «sin coordinación con las comunidades afectadas».

Para el Gobierno regional, se trata «de un atentado contra los derechos de protección de los niños, niñas y adolescentes que llegan a nuestra Región, esperando ser atendidos en unas condiciones dignas y adecuadas dada su especial vulnerabilidad».

Así lo expuso la consejera durante su participación en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde además reclamó que el Gobierno central no contemple en su hoja de ruta financiar a aquellas comunidades autónomas que hayan acogido a menores inmigrantes, entre ellas la Región de Murcia. Y criticó el reparto del crédito extraordinario de 22 millones por la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados a Canarias, Baleares y las ciudades de Ceuta y Melilla por sobreocupación respecto a su capacidad ordinaria.

A este respecto, la ministra de Juventud e Infancia remarcó que «todos los traslados de estos niños van a ser financiados por el Estado», y apuntó que los detalles al respecto se abordarán en la próxima conferencia sectorial, que se celebrará en el mes de julio, cuando la Región de Murcia conocerá la cifra definitiva de menores migrantes del reparto que deberá acoger, y que según la ministra, «irá aparejada también de una propuesta de financiación».

Rego pidió responsablidad y no «adelantar problemas» porque primero deberán ver «el número definitivo de niños que hay que trasladar», una vez que se descuenten los 827 que son solicitantes de protección internacional, y de los que el Ministerio se hará cargo, tras el ultimatum que le dio el Tribunal Supremo para hacerlo. En cualquier caso, la mninsitra anticipó que los recursos disponibles «van a ser suficientes».

En la reunión, Conchita Ruiz trasladó su malestar porque el Ministerio de Juventud e Infancia «siga sin reconocer a la Región de Murcia como zona especialmente afectada por la crisis migratoria, con dos puertas de entrada muy evidentes: la costa murciana y el campamento del Hospital Naval de Cartagena, al que también llegan menores de edad».

«Es incomprensible que el Ministerio no reconozca a los 300 menores extranjeros que llegaron el pasado año a la Región de Murcia procedentes de Canarias a través del campamento que ha instalado el propio Gobierno central en Cartagena», explicó Ruiz, al tiempo que exigió la financiación correspondiente por «la atención, protección y tutelaje de estos menores».

Para la consejera «una acogida sin recursos, ni financiación, pone en riesgo los derechos de los menores». Un acto que calificó de «inhumano» por parte del Ejecutivo central y que, «desde el Gobierno de la Región de Murcia seguiremos denunciando hasta la saciedad, ya que nos encontrarnos con un sistema de protección tensionado por encima del 200 por ciento de su capacidad y con una sobrecarga económica inviable».

La titular de Política Social recordó que, hasta la fecha, «la Comunidad no ha recibido ni un solo euro de los más de 17 millones que el Ejecutivo central nos adeuda por la acogida de más de 500 menores migrantes durante el año pasado, unos 300 procedentes de Canarias, que ya hemos reclamado por vía judicial».

Durante la reunión mantenida por vía telemática, la Comunidad volvió a solicitar información sobre los criterios que se han utilizado para establecer la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes ya que, tal y como manifestó la consejera, «se ha hecho de forma arbitraria y atendiendo a parámetros diferentes según el interés del Ejecutivo central.