Otros 33 millones para afrontar el gravoso 'renting' de la desaladora de Escombreras

Esta instalación sigue lastrando las cuentas autonómicas desde que se firmó el contrato de arrendamiento por 25 años con la empresa Hidro Management, participada en un 80% por el Grupo ACS. Dicho contrato obliga a la Comunidad Autónoma a seguir pagando hasta 2034, y se prevé que el coste final de la planta alcance los 710 millones de euros, según las condiciones pactadas en su día, las cuales han tenido una derivada judicial en los casos 'La Sal I y II', pendientes de juicio.

La judicialización de la desaladora y el hecho de que la capacidad de producción sea baja debido a los requisitos impuestos por la Confederación Hidrográfica del Segura a los regantes para comprar agua de la planta, no han sido óbice para que la Administración regional tenga que seguir pagando religiosamente el contrato de arrendamiento a sus dueños.

Es como el «renting de un coche, las cuotas son invariables, se conduzca o no», comentan fuentes de la Consejería, que recalcan que, desgraciadamente, las circunstancias sobrevenidas no pueden modificar dicho alquiler.

Hasta el año 2023, la Comunidad había abonado 300 millones de euros por la desaladora, por lo que restaban otros 410. Es decir, falta por abonar esa cantidad debido a las condiciones leoninas del contrato que se contrajo en la etapa de Ramón Luis Valcárcel a través del Ente Público del Agua, ya que el precio se va encareciendo con la inflación.

La obligación final de pago se considera excesivamente abultada teniendo en cuenta que se trata de una desaladora de mediano tamaño, más bien pequeño, con una producción total nominal de 20 hectómetros al año, aunque lo máximo que ha llegado a generar son 18,5 hectómetros para los abastecimientos y en mayor medida los regadíos, aunque inicialmente se planteó solo para uso urbano.

La única forma que tiene la Comunidad de recuperar algo de dinero reside precisamente en los ingresos por venta de agua. El año pasado fue ligeramente superior a los 2,5 hectómetros, mientras que en este ejercicio se podrían alcanzar los 11,5, el 60% del total. La Consejería destaca que desde el año 2021, es la CHS la que otorga las autorizaciones provisionales para vender agua a los regantes, siempre que demuestren que sus cultivos no dañan el acuífero del Campo de Cartagena y el Mar Menor.

El Boletín Oficial de la Región publicó el pasado sábado la resolución sobre el contrato programa de este año con la entidad pública Desaladora de Escombreras, en la que figuran como administradores mancomunados Francisco José González Zapater y José Sandoval Moreno, secretario general de la Consejería y director general del Agua, respectivamente. La partida total de gastos asciende a 39.695.689 euros, de los que 33.572.666 corresponden al arrendamiento e inversiones en la planta. El resto se atribuye a «otros ajustes» y a gastos de personal y explotación. La Consejería apunta que si se aprueban finalmente los Presupuestos, habrá que reformar dicho contrato para actualizar algunas cifras, como la venta de agua. Si no es así, el ajuste se hará a final de año.

El contrato programa entre la Consejería y la mercantil pública Desaladora de Escombreras puede ser modificado cuando se produzca una «caída de ingresos, un aumento de costes o circunstancias anómalas o fortuitas relevantes». No obstante, esto no afecta al arrendamiento con ACS.