Miles de murcianos sufren las consecuencias de las huelgas en la justicia

A su hijo, la violencia le sorprendió cuando salía de una noche de fiesta en una discoteca de la zona de Centrofama, en Murcia. Sufrió múltiples fracturas en el rostro que le obligaron a permanecer varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de La Arrixaca y requirieron de casi un año para curar. Un supuesto ataque por el que la Fiscalía reclama hasta diez años de cárcel y que al joven le ha dejado diversas secuelas. «Mi hijo estuvo en la muerte», recalca María. «No se va a recuperar del todo nunca».

El pasado febrero, esta familia caminó hasta la sede de la Audiencia, en la capital, con la idea de que se hiciera justicia en su caso. La huelga que libraban en ese momento los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) frustó, sin embargo, sus planes de cerrar ya, por fin, ese capítulo, obligando a aplazar la vista. «Mi hijo lo vive con mucho nerviosismo», explica. «Es muy doloroso».

María acaba de recibir una nueva citación que les fuerza a armarse de paciencia y esperar dos años más. «Es una burrada», recalca esta ciudadana, que insta a buscar soluciones para allanar la negociación que el Ministerio mantiene con varios colectivos y agilizar la Administración. «Entiendo perfectamente que ellos reclamen. Están en todo su derecho, pero al final lo pagamos los ciudadanos». La tormenta perfecta en que se ha sumido la Justicia en los últimos meses ha afectado a miles de ciudadanos, que ven entorpecidos o dilatados procedimientos que afectan directamente a su día a día. La situación no tiene visos de mejorar, al menos, en las próximas semanas con una huelga de funcionarios que amenaza con convertirse en indefinida a partir del próximo día 22 y con la convocatoria también de un paro de jueces y fiscales, cuya fecha aún está en el aire a la espera del avance de las negociaciones con el Ministerio.

El 'impasse' en que se ha sumido la Justicia en los últimos meses es, sin embargo, la gota que colma el vaso para una administración que lleva años atenazada por la falta de medios, la elevada litigiosidad y los dilatados tiempos de respuesta. El retraso para tramitar, por ejemplo, un despido se ha duplicado en la última década en la comunidad, pasando de 4,6 meses en 2012 a nueve el pasado año, según un informe que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) puso encima de la mesa recientemente.

Matilde P. es otra de las muchas afectadas que la situación de los tribunales va dejando a su paso. Esta vecina de Cartagena lleva años aguardando que la justicia arroje luz sobre la operación de aumento de pecho a la que se sometió en 2017 y que, sostiene, «me dejó la mente y el cuerpo destrozados». La primera intervención, con la implantación de prótesis en ambas mamas, se desarrolló con normalidad, pero el resultado dejó mucho que desear. Matilde entró otras dos veces en quirófano para tratar de arreglarlo, pero la cosa no salió bien y su vida comenzó a torcerse.

Tras haberse sometido a diecisiete intervenciones, Matilde se encuentra bajo tratamiento psicológico. Reclama una indemnización cercana a los 100.000 euros al cirujano y la clínica de Cartagena donde se sometió a esta cirugía estética, pero el juicio no termina de llegar. En febrero, la huelga de los LAJ lo aplazó y la vista que tenía prevista para este miércoles ha vuelto a verse retrasada. «No puedo trabajar en esta situación y estoy desesperada», confiesa. «Hasta llegaría a un acuerdo para olvidarme de esto y empezar a vivir».

La niña ya tiene seis años pero cada vez que acuden al médico sus padres tienen que adelantarse a los acontecimientos y correr a advertir de la situación. La menor fue adoptada hace años pero, a día de hoy, esta familia, asentada en la Región, sigue aguardando el trámite judicial que finalice el proceso de adopción. Es necesario, por ejemplo, para poder cambiar los apellidos. «Esta situación nos está generando bastantes dificultades», explica su madre –que prefiere no desvelar su identidad–. «No la puedo sacar del país. No la puedo llevar a conocer a su abuela».

La situación que atraviesa esta familia no es única. Según revelan algunas asociaciones contactadas por LA VERDAD, son numerosos los casos de familias adoptivas que están viendo retrasada la tramitación de sus procedimiento en aras a la situación que a día de hoy atraviesan los tribunales. Es el caso, por ejemplo, de una familia homoparental que recibió hace cerca de seis años la delegación de guarda de un niño extranjero. En diciembre de 2020 iniciaron en un juzgado de Primera Instancia de Murcia los trámites necesarios para formalizar la adopción y a día de hoy siguen esperando. «El niño no puede tener una identidad ni una nacionalidad», explica uno de los padres, que asegura que el niño ha recibido documentación como si fuera un menor extranjero no acompañado (mena). «Entiendo que es un proceso que tiene que ser muy garantista, pero también es importante que un crío tenga una identificación». Como en el caso anterior, ellos tampoco pueden planear tomar un avión con su pequeño para disfrutar de unas vacaciones fuera del país.

Fulgen Vidal, portavoz de la Asociación de familias de Gays y Lesbianas de la Región de Murcia (Asfagalem), atraviesa una situación parecida. Junto a su mujer recibió el pasado marzo la sentencia de adopción de sus hijos pero esta se encuentra ahora pendiente de ser transmitida a los ayuntamientos concernientes. «Queríamos solicitar la ayuda de familia numerosa pero, por ahora, este beneficio no lo estamos teniendo», recalca. «Cuando consigamos cerrar por fin este tema haremos una fiesta».