Mayores y discapacitados soportan esperas superiores al año para entrar en residencias
Más de 900 personas aguardan el acceso a una plaza pública o concertada con el IMAS
Las personas mayores o con discapacidad que solicitan una plaza pública o concertada en una residencia vinculada al Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) soportan, en muchos casos, esperas superiores al año, según se desprende de la información facilitada a 'La Verdad' por la Consejería de Familia e Igualdad. En concreto, el tiempo medio se sitúa «en torno a un año» para las personas con discapacidad, mientras se queda en nueve meses, de promedio, en las residencias para mayores, según los datos oficiales.
Sin embargo, en uno y otro caso la demora real es superior, porque la Consejería solo computa como tiempo de espera el que empieza a contar a partir del momento en que al solicitante se le valora su grado de dependencia (un requisito imprescindible para optar a plaza residencial). No figura en la estadística, por tanto, el periodo previo a ese dictamen, que puede extenderse hasta seis meses, según fija la Ley de Dependencia.
En cifras
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3.304 plazas públicas hay en las 55 residencias de personas mayores vinculadas al IMAS
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1.491 plazas públicas plazas públicas para personas con discapacidad repartidas en 47 residenciales
El Colegio de Trabajo Social denuncia que se superan con mucho los plazos previstos en la ley, porque la Administración no solo tiene que resolver antes de seis meses la valoración de grado, sino también reconocer y notificar la ayuda o servicio al que el solicitante tenga derecho, ya sea una residencia, un centro de día o una prestación económica. A partir de esos seis meses, señala el Colegio, se genera un incumplimiento sobre los tiempos previstos en la normativa. Así lo ha subrayado, de hecho, el Consejo Jurídico de la Región en los numerosos dictámenes que ha emitido a raíz del aluvión de reclamaciones por los atascos que los recortes de los años 2010 a 2015 generaron en el sistema de la Dependencia.
El Colegio de Trabajo Social lleva tiempo interpelando a la Consejería de Familia para que aclare cuáles son los tiempos de espera que sufren las personas dependientes que aspiran a acceder a una residencia. Tras diversos intentos, se dirigió al Consejo de la Transparencia. A instancias de este organismo, Familia respondió defendiendo que «el procedimiento» se cumplimenta «en el plazo previsto» en la Ley de Dependencia. Sin embargo, al mismo tiempo cifró en 931 el número de dependientes que han superado los seis meses de espera para una plaza en residencia desde el momento en que presentaron la solicitud de valoración de grado. Familia insiste en que «el plazo para obtener plaza residencial debe computarse no desde que la persona solicita la Dependencia, sino desde que obtiene el grado protegible que le permite acceder a la residencia y formula de manera efectiva la solicitud de la plaza». Para el Colegio de Trabajo Social, sin embargo, «la interpretación del cómputo de plazo» de la Consejería «es preocupante, además de contraria a la normativa legal vigente, tanto la estatal como la regional».
Un déficit de plazas
En toda la Región hay 3.304 plazas públicas, en 55 residencias, para personas mayores. «La tramitación de una solicitud de plaza pública en residencia requiere de la valoración de al menos un grado 2 de dependencia. Si este requisito ya lo tiene el solicitante, la inclusión en la lista de espera es automática», explican fuentes de la Consejería de Familia. Si no es así, debe pasar primero por la valoración de grado. Familia admite que, aunque las vacantes en las residencias «se producen con frecuencia, el número de solicitudes es mayor». La Región padece, según denuncia la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, un déficit en servicios como las residencias y centros de día. En concreto, Murcia dispone de 1,44 plazas residenciales por cada cien personas mayores de 65 años, cuando la media estatal es de 2,46. En cuanto a las residencias para personas con discapacidad, la ratio se sitúa en 0,88 en la Región, frente a 1,64 de media en España.
Como resultado, las personas mayores que aspiran a entrar en una residencia tienen que esperar, de promedio, nueve meses. Si solicitan un centro en concreto, esa demora llega como mínimo al año, según los datos de la Consejería. En cuanto a las personas con discapacidad, el plazo «varía en función de si se solicita un único centro o la persona está abierta a obtener plaza en varios centros de la Región, ya que la movilidad varía considerablemente de unos centros a otros y de unas zonas geográficas a otras». El tiempo medio de espera «está en torno a un año, pudiendo verse incrementado» si se solicita una residencia específica, señala Familia.
La Consejería añade que «en los últimos años, la demanda de personas que solicitan la valoración de dependencia se ha incrementado de forma considerable». Además, Murcia es la Comunidad con más reconocimientos de grado protegible. El IMAS ha reforzado sus plantillas y, desde julio de 2015, cuando se desbloquearon miles de expedientes que permanecían en el cajón fruto de la aplicación de los recortes, la lista de espera en el sistema de la Dependencia ha disminuido de forma drástica, al caer en 9.000 personas. Esto se ha notado, sobre todo, en la reducción de las enormes demoras que se producían para el cobro de las prestaciones económicas.
El IMAS indemniza a 71 dependientes por los retrasos en las ayudas
La Comunidad ha indemnizado ya a 71 personas dependientes que vieron vulnerados todos los plazos legales y sufrieron grandes retrasos en el acceso a los servicios y prestaciones a los que tenían derecho durante los años 2010 y 2015, fruto de los duros recortes aplicados. El bloqueo que el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) sometió a miles de expedientes empieza así a pasar factura a la Administración, que ha desembolsado hasta la fecha 353.881 euros por la responsabilidad patrimonial asociada al flagrante incumplimiento de los procedimientos fijados en la Ley de Dependencia.
Según datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad, se han presentado 130 reclamaciones, bien por vía administrativa o judicial. De las ya resueltas, el 70% son favorables a las personas dependientes que reclamaban sus derechos. En concreto, hay 71 reclamaciones estimadas frente a 10 desestimadas (otras 20 han sido archivadas por desestimiento o caducidad). Quedan todavía 29 en trámite.
El Consejo Jurídico de la Región ha avalado la mayoría de las reclamaciones con contundencia. «El relevante retraso» en la tramitación de expedientes, «en absoluto justificado», provocó «perjuicios que han de ser reparados por la Administración», señala el Consejo en algunos de estos dictámenes. Este órgano subraya que los retrasos se produjeron «sin que hayan quedado acreditados» los motivos de dichas demoras, por lo que «puede afirmarse que se incurrió en funcionamiento anormal, incompatible con los estándares de razonabilidad». Se produjo, en definitiva, «un daño antijurídico», «un relevante retraso, en absoluto justificado», con lo que se vulneraron «los principios de eficacia y celeridad que han de presidir la actuación administrativa». También los tribunales han fallado en contra del IMAS en numerosas sentencias, recogidas en su día por 'La Verdad'.