De Mata lamenta la «nula y deficitaria» utilidad del salmueroducto de la CHS
El fiscal señala que la red de tuberías ideada para evacuar sobrantes de desaladoras legales acabó canalizando los nitratos hacia la laguna
El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo de la Región de Murcia, Miguel de Mata, incluyó en su escrito de conclusiones sobre el primer juicio del 'caso Topillo II' una mención expresa al impacto negativo que tuvo en el Mar Menor el uso del costoso salmueroducto construido por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para la evacuación de las aguas de drenaje agrícola del Campo de Cartagena, pues derivaba hasta la laguna las aguas de rechazo cargadas de nitratos.
Estas canalizaciones, que costaron 6.000 millones de pesetas (36 millones de euros), fueron desmanteladas por la CHS en 2017, al año siguiente de la 'sopa verde' (eutrofización) y en paralelo a las investigaciones de la Fiscalía y a las inspecciones del Seprona y de los agentes medioambientales de la Confederación. Estos controles sacaron a la luz kilómetros de tuberías de desagüe colocadas bajo el suelo en fincas agrícolas y conectadas de forma irregular al salmueroducto y decenas de desaladoras ilegales, algunas de ellas ocultas en zulos.
Respecto al salmueroducto, el fiscal De Mata recuerda que era «una red de tuberías que fueron construidas entre 1995 y 2002 por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a través de la Dirección General del Agua», en unas obras «que fueron dirigidas desde la CHS». Ello, «en el marco del proyecto de desagües que completan la red de la zona regable del Campo de Cartagena», que incluyó dos modificados en virtud del cual «se efectuaron obras más amplias, como la construcción de la desaladora en El Mojón, bombas de impulsión, red de drenajes de sobrantes de riego y salmueroconductos».
22 autorizaciones en 5 años
Estos últimos se realizaron «con el fin de eliminar el rechazo procedente de las escasas desalobradoras privadas autorizadas hasta ese momento por la CHS, (entre el año 1995 y el año 2000 se dieron 22 autorizaciones por un periodo de 5 años)». Y añade que se «dispondría de dos ramales principales que desembocarían en la rambla del Albujón y en la rambla de Miranda».
En el escrito dirigido al Juzgado de Lo Penal 3 de Cartagena, para la vista oral celebrada este martes, la Fiscalía apunta que «lamentablemente, la utilidad de toda esta cara infraestructura ha sido prácticamente nula y deficitaria».
Y lo ha sido, concluye, «hasta el punto de que el salmueroconducto construido desembocaba unos metros ya pasada la infraestructura diseñada para la reutilización del agua en la rambla de El Albujón, de forma que las aguas de rechazo procedentes de las desaladoras iban al Mar Menor».
