El Ministerio cuestiona las obras de los juzgados de Lorca, adjudicadas hace meses

Fachadas apeadas, en el centro, que plantean un problema. agm/ P. A. /
Fachadas apeadas, en el centro, que plantean un problema. agm / P. A. /

Considera que la inversión daría para «dos Palacios de Justicia» y se replantea su viabilidad en una reunión que al alcalde le pareció «como viajar en el tiempo»

Pilar Wals
PILAR WALS

Las obras del Palacio de Justicia siguen sin iniciarse a pesar de que el proyecto ya está redactado y la ejecución de los trabajos fue adjudicada a una empresa hace ya ocho meses por un montante total de ocho millones de euros. Y el horizonte pinta negro después de que el alcalde, Fulgencio Gil Jódar, reconociera ayer que el Ministerio de Justicia ha cuestionado la viabilidad de la construcción de los juzgados en el recinto histórico de la ciudad. El departamento de Dolores Delgado planteó incluso que, con la inversión prevista, se podrían construir dos Palacios de Justicia en dos ciudades distintas de la Región.

La reunión se celebró en Murcia después de que la empresa adjudicataria solicitara el derribo de las fachadas que se mantienen sostenidas por andamios en el solar situado entre las calles Selgas, Paradores, Galdo, Uceta y Palmera. La empresa, según Gil Jódar, planteó que el alto coste del mantenimiento de las fachadas hacía imposible el proyecto con el presupuesto de adjudicación.

Son, en total, hasta nueve fachadas. Algunas, como explicó el alcalde, sostenidas por andamios desde hace décadas. «Las fachadas no se van a derribar porque están protegidas. No lo vamos a permitir, pero tampoco Cultura», apuntó Gil Jódar, quien indicó que las obras se pueden ejecutar a pesar de las fachadas. «No son un inconveniente. Estamos en Lorca, en una ciudad que se ha visto afectada por un terremoto y que ha reconstruido numerosos inmuebles y monumentos en similares circunstancias. Las fachadas, repito, no son un inconveniente a la hora de construir el Palacio de Justicia», insistió el alcalde.

A la reunión acudieron la subdirectora de Infraestructuras y Equipamientos del Ministerio de Justicia, además de otros representantes del mismo, de la Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de la empresa adjudicataria. «Se habló -que me preocupó muchísimo- de los inconvenientes que suponía levantar nuevas infraestructuras judiciales en entornos monumentales, por sus especiales dificultades constructivas», dijo Gil Jódar.

El encuentro lo calificó de «insatisfactorio» al plantearse un cambio de ubicación del proyecto o la no conservación de las fachadas históricas. «Ese planteamiento se podría haber propuesto hace tres o cuatro años, pero ahora no. Es un asunto superado. Creo que no escogieron bien el momento. Me pareció que era como viajar en el túnel del tiempo». Y recordó que se trata de una obra primordial de «interés municipal» para propiciar la «regeneración del casco antiguo», por lo que no es el momento de ponerla en «cuestión», agregó Gil Jódar. La revocación del proyecto, argumentó, podría suponer una indemnización de casi un millón de euros para la empresa. «Esa posibilidad no está sobre el tapete», dijo el primer edil. El Consistorio estaría a la espera de la decisión final del Ministerio de Justicia sobre el proyecto actual.

Plazos de penalización

Izquierda Unida-Verdes también se refirió ayer a la tardanza en el inicio de las obras del Palacio de Justicia. La edil de IU-V Gloria Martín lamentó que, a pesar de ser una obra de gran presupuesto y envergadura, el Ministerio «no contemplase en el contrato plazos parciales de ejecución, por lo que ahora no puede aplicar penalizaciones por incumplimiento grave o muy grave de las obligaciones de la adjudicataria».

Si hubiese sido así, explicó Martín, la Administración podría estar «imponiendo hasta 1.600 euros diarios de penalización por incumplimiento de un plazo parcial de ejecución». Y recordó que la empresa adjudicataria «ha agotado ocho de los veinticuatro meses de los que dispone para ejecutar los trabajos». También mostró el rechazo de su formación a que pueda ser demolida la fachada del siglo XIX de la calle Selgas, que cuenta con grado de protección 3 en el vigente Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral (Pepri).

El solar donde se pretende construir el Palacio de Justicia fue considerado en anteriores ocasiones para la implantación de viviendas para los damnificados del terremoto, un barrio artesano y viviendas sociales. El alcalde concluyó que «no se contempla en él otro proyecto que no sea el Palacio de Justicia».

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