Un juzgado decidirá si se suspenden las bonificaciones de la ordenanza del IBI en Lorca

El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes ha interpuesto en el juzgado un recurso contencioso-administrativo contra la modificación de la ordenanza reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que fue aprobada en un Pleno extraordinario el 28 de diciembre por el equipo de gobierno con el apoyo de Vox. La ordenanza bonifica el 75% de este impuesto para que los propietarios de los locales comerciales lo repercutan a los arrendatarios pero, según IU, «no se establece ninguna garantía de que esa medida beneficiará realmente a los que ejercen la actividad comercial u hostelera».

Los concejales Pedro Sosa y Gloria Martín sostienen que el acuerdo es «nulo de pleno derecho» porque durante el Pleno no se permitió a la Corporación votar de forma separada las 26 alegaciones presentadas a esa ordenanza por comerciantes lorquinos contrarios a la misma. Los ediles afirmaron que esta votación debería haberse producido pese a los reparos expresados por la Intervención y la Oficina Económico-Presupuestaria en un informe que «no era vinculante» y que «se apartaba» de lo que establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a bonificaciones en el IBI.

Martín se quejó de que en aquel Pleno, marcado por la tensión, algunos concejales llegaran a asegurar que la propuesta de IU haría «decaer» todas las ordenanzas fiscales para 2021, que hasta ese momento estaban aprobadas solo de forma provisional, algo que ella consideró «una falacia» y que, en su opinión, hizo cambiar el sentido del voto de los concejales de Vox que habían anunciado horas antes de la sesión su acuerdo con el PP e IU para respaldar las alegaciones presentadas por los comerciantes.

IU ha solicitado la suspensión cautelar de la aplicación de la ordenanza «por los perjuicios que supondría para los ciudadanos». Sosa anunció que su partido «peleará hasta las últimas consecuencias para que las bonificaciones fiscales sirvan para ayudar a los vecinos que están luchando por mantener su actividad y los puestos de trabajo que generan, y no a los que viven de las rentas».

El alcalde, Diego José Mateos, dijo sobre la reclamación judicial que los ediles de IU «están en su derecho de recurrir cualquier acuerdo si entienden que vulnera la legalidad». Advirtió de que si el juzgado estima la suspensión cautelar no se podrá aplicar la bonificación del IBI ni el resto de ventajas fiscales incluidas en esa ordenanza. El equipo de gobierno acudirá a los tribunales «con la tranquilidad de defender lo que es legal, porque así lo dicen los informes técnicos de los servicios económicos y jurídicos del Ayuntamiento».

El concejal de Hacienda, Isidro Abellán, opinó que IU «no ha medido las consecuencias» de su recurso que podría paralizar la totalidad de las ordenanzas fiscales, tasas y precios públicos para el ejercicio 2021.