López Miras afronta tres días decisivos para la Comunidad

En privado, alguno de sus miembros da a entender que siguen consignas de actuar con mucha precaución para evitar que un enfado en la cúpula madrileña del partido de Santiago Abascal, que es la que toma las decisiones estratégicas, acabe en una orden de retirar el apoyo a las cuentas in extremis. Así que están deseando –y así lo admite– que llegue el próximo miércoles para zanjar el tema, si en los próximos tres días no hay más sobresaltos.

Los sucesos de la última semana en Torre Pacheco han sido una prueba del algodón más en este incómodo tránsito. Todo lo relacionado con la inmigración, piedra angular de la estrategia nacional de Vox, supone el mayor riesgo para el Gobierno de López Miras. Tras el estallido de violencia del sábado día 12 en las calles pachequeras, los populares han endurecido sus manifestaciones respecto a la inmigración irregular. En parte, siguiendo los nuevos argumentarios que llegan desde Madrid, ya que su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, se ha lanzado en busca del voto de derechas. Pero, además, por un intento de mimetizar su mensaje con los postulados de Vox sobre esa materia para que haya armonía al menos hasta el miércoles.

Los de Abascal y Antelo siguen sin condenar claramente lo ocurrido en Torre Pacheco, algo que el PP sí ha hecho. Es más, expresaron su intención de «deportar a todos los inmigrantes ilegales» para «devolver la tranquilidad a nuestras calles», en un mensaje que asocia claramente inmigración irregular con delincuencia.

«Hay que llevar cuidado», dicen fuentes populares consultadas por este diario. Y recuerdan la amenaza de Antelo de votar en contra del proyecto de Presupuestos después de conocer por LA VERDAD la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de un anuncio de la Consejería de Política Social para comprar, por siete millones de euros, viviendas destinadas a acoger menores extranjeros no acompañados. «El Partido Popular debe rectificar esa orden del BORM. Si no lo hace, solicitaremos la dimisión inmediata de la consejera de Política Social y además anunciamos que nuestra postura será votar que no a los presupuestos», reaccionó Vox. E inmediatamente el Gobierno regional cedió a la amenaza con el argumento de que el anuncio era técnicamente erróneo. En un mensaje en sus redes sociales, la consejera anunció que revocaba la orden y añadió un «no volverá a suceder» que se interpretó como evidencia de un error garrafal en momentos críticos para los intereses de su Ejecutivo. Pese a todo, en el grupo parlamentario de Vox no ven peligrar lo que está firmado, dice sin más detalles una fuente consultada.

En círculos de San Esteban aseguran que es crucial para el resto de legislatura aprobar el próximo miércoles los Presupuestos autonómicos de 2025, aunque sea con un retraso desconocido desde que López Miras ocupa la presidencia y con una presión que ha dejado de ser extraordinaria por habitual. Hay que dar oxígeno a unas arcas depauperadas e, inmediatamente, ayudar a los distintos departamentos autonómicos a recuperar el músculo financiero perdido en el primer trimestre del año por falta de cuentas nuevas. La asfixia financiera de la Comunidad –atribuida por los populares a la infrafinanciación, aunque los partidos de la oposición también señalan a la mala gestión– lo es de consejerías como la de Salud, que ha obligado al SMS a apretarse el cinturón antes de lo previsto y mantiene deudas con centros sanitarios concertados y proveedores. Igual ocurre con Política Social, de cuyo dinero depende la atención a cientos de personas con discapacidad.

Si todo transcurre con normalidad, en otoño, sin apenas descanso, los técnicos de la Consejería de Economía y Hacienda tendrán que volver a sacar la calculadora para esbozar las cuentas del próximo ejercicio. Aunque ahora eso es lo que menos importa. La prioridad, aseguran, es salvar los Presupuestos el próximo miércoles. «Aunque hubiera que comulgar con ruedas de molino, la Región necesita esos Presupuestos», dicen.

El Parlamento autonómico retomará su actividad este lunes día 21 de julio para continuar con la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos regionales de 2025. En concreto, habrá Mesa de la Cámara y también Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto para la admisión a trámite, o rechazo, de las enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios.

Las aceptadas serán debatidas y votadas en comisión este mismo martes, en una sesión única. La sesión plenaria para el debate y votación del dictamen del proyecto de ley, así como las enmiendas reservadas en su caso, tendrá lugar el miércoles. La previsión es que con ese pleno finalice la actividad parlamentaria del segundo año de la XI Legislatura.

El proyecto de ley de Presupuestos está condicionado por el acuerdo suscrito el pasado 6 de junio por los grupos parlamentarios Popular y Vox con veinte medidas, varias de ellas polémicas y rechazadas por los diputados socialistas y del Grupo Mixto, que han pedido a los populares que lo rompan.

La que más es el compromiso para cerrar «y dar un nuevo uso sociosanitario al centro de menores de Santa Cruz antes del inicio del curso escolar 2025-2026». También hay acuerdo conservador para evitar que el Gobierno regional, en el ámbito de sus competencias, no desarrolle «ningún programa en los centros educativos de fomento de la lengua árabe y cultura marroquí, tal y como sucede en otras comunidades autónomas». Otro aspecto relativo a la inmigración que aparece en el acuerdo es el rechazo a las «políticas de asentamiento y reparto de inmigrantes ilegales impuestas por el Gobierno» a las regiones.

Entre las inversiones previstas destacan 5,5 millones para la firma de un nuevo acuerdo marco en el consorcio de bomberos regional, otros 5,5 millones para un centro de formación de la Fremm en Cartagena y 1,5 millones para la nueva sede central del 112.