López Miras afirma que la sentencia del Supremo sobre el Tajo es «el resultado de la política hídrica» del Gobierno central
Indica que la Comunidad está estudiando «de forma procelosa» la decisión porque «es muy farragosa»
E. P.
Jueves, 15 de mayo 2025, 11:34
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, afirmó este jueves que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que estima parcialmente el escalonamiento del caudal ecológico del Tajo y obliga a establecer ya el previsto para 2027 es «el resultado de la política hídrica» del Gobierno central, basada en «decisiones unilaterales» y «alejadas de la ciencia y de cualquier criterio técnico».
En declaraciones a 'Herrera en Cope', López Miras indicó que la Comunidad está estudiando «de forma procelosa» la sentencia porque «es muy farragosa» y hasta el momento «ni el Gobierno ha podido interpretarla». El «único» que lo ha hecho hasta ahora, criticó, ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que lo hizo «al minuto» de hacerse pública.
El máximo dirigente regional apuntó que el recorte al trasvase Tajo-Segura dejará «en una situación de extrema vulnerabilidad» no solo la Región de Murcia, sino a todo el Levante, y, con ello, a «gran parte de España».
Respecto a la votación del pasado martes en el Congreso de los Diputados, López Miras lamentó que «el PSOE y sus socios» tumbaran la iniciativa e instó a los socialistas de la Región de Murcia a hacer «una reflexión» ante este «rechazo rotundo» que va en contra, a su juicio, de los intereses de su comunidad autónoma.
Por contra, defendió la postura del PP «de todas las comunidades autónomas», que demostró que «tiene claro que el agua es una cuestión de Estado que requiere de un gran acuerdo nacional y que no se puede prescindir de ninguna fuente de agua, ni de los trasvases, ni de la desalación, ni de la reutilización o la regeneración».
Preguntado sobre la inversión del Gobierno central para la ampliación de desaladoras, López Miras dijo que «la mitad» de estas infraestructuras «no están funcionando y no están al máximo de su rendimiento», al tiempo que apuntó que el agua desalada «no es la alternativa», sino «un complemento» porque «no se puede vivir ni cultivar solo con agua desalada».
Entre sus argumentos destacó que el proceso de desalación «es contaminante», el precio de desalar el agua es «un 40% superior», en muchos casos es «imposible» llevarlo a determinadas cotas de interior y, además, «con el agua desalada solo no se puede cultivar».
En este sentido, reclamó la puesta en marcha de un Plan Nacional de Agua que «utilice todos los recursos disponibles». Y es que el agua, añadió López Miras, tiene que ser una cuestión de Estado porque «no es» solo «de unos españoles» y «no sirve para enfrentar unos territorios contra otros».
Esto, ha continuado, supondrá «acabar con 300.000 puestos de trabajo» y afectará no solo a la agricultura, sino a la economía, porque «estamos hablando del agua que llega para abastecimiento a los hogares de 2,5 millones de españoles». Por todo ello, «este gobierno no puede tomar decisiones unilaterales en algo tan importante como es el agua».
