Una juez ya investiga a Valcárcel por un presunto fraude en la desaladora
Admite la denuncia de la Fiscalía por supuestos delitos de malversación con grave daño a las arcas públicas y prevaricación continuada
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, Ana Isabel Navarro Prieto, ha abierto diligencias penales contra el expresidente de la Comunidad Autónoma de Murcia Ramón Luis Valcárcel para investigar presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación continuada, fraude y fraude de subvenciones en el proceso de construcción y adquisición de la planta desalinizadora de Escombreras. Esta resolución sitúa por vez primera al antiguo jefe del Ejecutivo murciano en la línea de investigación de un tribunal penal, a resultas de la denuncia interpuesta el pasado julio por la Fiscalía Superior de la Región por los indicios de supuestos delitos encontrados durante la instrucción del llamado 'caso La Sal'.
La magistrada Navarro Prieto considera que existen suficientes apariencias de la comisión de posibles delitos como para incoar diligencias previas contra el expresidente popular. Sin embargo, será la Audiencia Provincial de Murcia la que finalmente decida si debe ser este juzgado quien coordine la investigación contra Valcárcel, ya que se ha planteado una cuestión de competencia tras las discrepancias surgidas con la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar. Ambas mantienen que no son competentes para asumir la investigación y que debe ser el otro juzgado el que instruya las diligencias, por lo que finalmente serán los magistrados de la Audiencia Provincial quienes tomen la última decisión al respecto.
Las principales decisiones sobre el proyecto de desalobración se adoptaron desde el Consejo de Gobierno
El hecho de que esté pendiente la resolución de la cuestión de competencia no impide a la juez Navarro Prieto realizar las averiguaciones y gestiones que considere oportunas. De hecho, ya ha pedido a todas las partes del proceso que se pronuncien acerca de si la causa debe ser declarada especialmente compleja, lo que permitiría prorrogar la investigación durante dieciocho meses. También ha pedido al Juzgado de Instrucción número 5 que le remita copia de todo lo actuado en el 'caso La Sal', con el fin de conocer el resultado de las diligencias practicadas en los últimos años sobre la desaladora de Escombreras.
Una cláusula muy llamativa
El denominado 'caso La Sal', en el que está encausado desde hace varios años el exconsejero Antonio Cerdá y del que ahora se derivan las imputaciones que la Fiscalía efectúa contra Valcárcel en su denuncia, se ha venido instruyendo hasta hace unos meses por parte de la juez del número 5, María del Mar Azuar, que ha tratado de establecer si se cometieron graves ilegalidades en todo el proceso de construcción de la desaladora de Escombreras, así como con el posterior arrendamiento y, finalmente, con la adquisición de la planta por parte de la Comunidad Autónoma.
En estas diligencias se investigan circunstancias tan llamativas como el hecho de que la Administración regional se comprometiera a abonar 600 millones de euros a los constructores de la planta, como canon por la producción de agua durante un periodo de 25 años, con la incorporación de una cláusula llamada 'take or pay' que garantizaba los pagos incluso en el caso de que no se generara una sola gota en esa planta.
La imputación de Valcárcel responde a que las resoluciones más trascendentes sobre ese proyecto, incluyendo la constitución del Ente Público del Agua (EPA), se adoptaron por el Consejo de Gobierno que él mismo presidía.
